Desplazados por la violencia: ¿volver ya?
¿Quién les garantiza el retorno seguro?

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Las familias desplazadas por la violencia que en Semana Santa quisieron retornar al menos por unos días a las comunidades serranas del sur de Sinaloa encontraron el mismo control criminal, desolación y futuros eclipsados por muchos tipos de amenazas y carencias que fueron las causas que los ahuyentaron, en contraste con el plan de retorno seguro que propone la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral. Allá permanece el peligro, el espíritu sin quietud de sus muertos y la afrentosa impunidad de aquellos que cometieron las masacres para expulsar a la gente pacífica.

Cuidado con los servidores públicos que le quieren presentar al Gobernador Rubén Rocha Moya el diagnóstico realizado desde los escritorios, con cálculos de paz que para la delincuencia que acecha en la sierra significan la toma de confianza en autoridades que les devolverían como carne de cañón a centenas de personas, a niñas y niños entre éstas. No es lo mismo que los funcionarios vayan a supervisar resguardados por la fuerza pública, a que los lugareños regresen a vivir sin más escudo que el de la fe en sus santos y autoridades.

Pensemos en la permanencia de esta gente con todas las garantías de que estará bien. Que ninguna de las víctimas de desplazamiento forzado ponga un pie en el terreno que las vio nacer sin tener antes la certidumbre de que la sombra bestial del narcotráfico ha sido desterrada definitivamente y lo que reina ahora es el porvenir que resplandece con la luz de la ley. Que sean los expulsados los que estén convencidos que pueden volver y no el Gobierno el que los empuje a regresar.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, descarta que existan condiciones para el retorno seguro sustentándolo en que no hay la presencia policiaca y militar que mantenga fuera de la región a la delincuencia organizada, tampoco la inversión pública o privada que garantice fuentes de empleo, los servicios públicos están caídos y, principalmente, “¿dónde están los expedientes de enjuiciamiento a los que criminalizaron las zonas serranas?”.

Considera también que continúa el desplazamiento “hormiga” sobre todo de jóvenes que al no ver un futuro allá prosiguen el éxodo hacia ciudades como Mazatlán y Rosario. “La gente ya no quiere regresar, muchos están en Mazatlán desde 2012 y tienen un arraigo aquí que justifica que el Gobierno les debe de generar condiciones de bienestar para que se queden; no empujarlos a que enfrenten de nuevo el peligro”.

En el mismo sentido va el pronunciamiento que el 25 de abril emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, que preside Leonel Aguirre Meza. Después de hacer el análisis situacional de origen y de presente del fenómeno de desplazamiento forzado por la violencia, concluye que no han cambiado las condiciones que dieron lugar a la expulsión de las familias, concretamente en la zona de Tepuche donde se ha anunciado el plan gubernamental de reinserción territorial.

La CDDHS considera que “es una irresponsabilidad convocar al regreso de las víctimas del desplazamiento, luego de anunciar algunas medidas de carácter administrativo o incluso yendo acompañadas de acciones de perfil policiaco, porque el fenómeno es mucho más complejo y no obedece a intereses muy localizados ni se agota a las primeras gestiones de los funcionarios que atienden ese campo”.

Entre las recomendaciones que le hacen al Gobernador Rubén Rocha destacan la de “velar en todo momento por el respeto a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa” y “que la Comisión Intersecretarial emita un informe en el que establezca la inexistencia de motivos que provocaron el desplazamiento” el cual deberá elaborar la Secretaría General de Gobierno y ser puesto a consideración de la población desplazada”.

En lo que toca a la titular de la Sebides, María Inés Pérez Corral, se le emplaza a “detener toda iniciativa y acciones de gobierno que promueva el regreso de la población desplazada a sus lugares de origen, si antes no se cumple con las formalidades que establece el artículo 25 de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa”. Y que “el regreso de los desplazados a sus lugares de origen no sea una prioridad a toda costa, sino la consecuencia natural de políticas públicas exitosas que logren la inexistencia de los motivos que provocaron el desplazamiento”.

En síntesis, nadie debe jugar con la ilusión del retorno o la decisión de arraigarse en los lugares donde ahora están. El consenso importa aquí tanto que de ello depende que los desplazados por la violencia no sufran consecuencias por aferrarse a la prisa por volver ni los gobernantes carguen en sus conciencias o respondan ante la ley por la terquedad de regresarlos.

Aún es suyo el orgullo,

De la tierra fresca y la flor,

Del copropietario barullo,

Y el arrullo el ruiseñor.

Alguien o algunos están preocupados por los posibles malos manejos que saldrán a relucir en el arqueo que se está realizando en la víspera del cierre del viejo Acuario de Mazatlán. Tan evidenciadas ven sus pillerías que arreciaron en las amenazas y escalaron a la agresión física contra quien realiza dicho análisis de comportamiento financiero para la cesión de mandos en ese centro de entretenimiento para turistas y mazatlecos. Entonces a calibrar la lupa y blandir la ley para que la intimidación no logre sus propósitos.