La semana pasada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró su primer periodo de sesiones del 2022. Deja pendientes importantes asuntos para la nación y para el proyecto del Presidente López Obrador.
Hasta donde llega la información éste es quizá el sexenio más judicializado que hayamos visto si lo medimos por las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas en contra del Ejecutivo. Esto quiere decir que una buena cantidad de leyes y decretos emitidos por el Ejecutivo son impugnados ante el máximo tribunal porque se considera que o bien son inconstitucionales o bien han invadido las facultades de otros poderes. Si se compara el primer año de Peña Nieto contra el primero de AMLO, las acciones de inconstitucionalidad se elevaron un 263 por ciento (de 40 a 145) y las controversias constitucionales un 222 por ciento (de 114 a 367).
De las presiones privadas del Ejecutivo a la Corte no se puede decir gran cosa: sería especular. Pero con las que se han hecho públicas es suficiente. Baste recordar por ejemplo la reacción de López Obrador cuando la SCJN resolvió que la restricción de 10 años para que ex funcionarios pudieran laborar en el sector privado fuera eliminada. Entonces, expresó: “Es regresivo ... no estoy de acuerdo... hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones”, o “pese a que hay ministros con dimensión social, la mayoría de ellos y en todo el Poder Judicial”, son “como abogados patronales” y defensores de las empresas. Lo mismo hizo cuando se discutía la Ley de la Industria Eléctrica: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Como es natural, las decisiones de la SCJN siempre son controversiales. A unos los dejan contentos y a otros no. En términos generales, la liberación de Alejandra Cuevas y la recomendación de cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán (pareja del hermano del Fiscal) fueron bien recibidas pero causaron molestia a Gertz Manero. Lo mismo ocurrió con la, desde mi punto de vista muy acertada decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la facultad discrecional del Presidente de la República de disponer del presupuesto ahorrado. Aquí ganó la necesidad de acotar al Ejecutivo y no quitarle a la Cámara de Diputados el poder de la bolsa. En sentido opuesto, la decisión sobre la revocación de mandato fue ampliamente criticada por la Oposición pero bienvenida por el Presidente. Lo mismo puede decirse de la resolución de la Corte que avaló (7 votos contra 4) la Ley de la Industria Eléctrica. Dejó muy contento a AMLO pero fue criticada por la Oposición, los especialistas y los inversionistas privados nacionales e internacionales. Otras resoluciones como el resguardo de datos de personal de la FGR, la creación de los superdelegados o la reserva de contratos de vacunas Covid-19 también fueron polémicos.
Tomando en cuenta estos asuntos, Zaldívar tiene razón cuando dice “es falso que no se resuelvan los asuntos que son importantes para el Gobierno”. Pero, esto no quita que, sin razón evidente, son muchos y de mayor relevancia los asuntos que han quedado sin resolver. Asuntos que mientras no se solventen siguen causando daño y creando incertidumbre. Ahí está, por ejemplo, algunas acciones de inconstitucionalidad como la Ley de la Guardia Nacional o la Ley Nacional de Registro de Detenciones que llevan 35 meses sin ser resueltas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que exceptúa la aplicación de la ley a los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios de salud (19 meses); la que impugna la desaparición o modificación de 109 fideicomisos en los cuales había fondos que ascendían a 68 mil millones de pesos (17 meses); o, la que controvierte diversas normas que prevén prisión preventiva oficiosa (14 meses).
En el caso de las controversias constitucionales, una de las más importantes es, sin duda, el decreto de militarización del País emitido por el Presidente en el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024 (25 meses). También ha habido omisiones que no han merecido la atención de la Corte como la omisión del Ejecutivo Federal de seleccionar a los candidatos que debe proponer para su ratificación al Senado como Comisionados integrantes del Pleno de la COFECE (seis meses).
En términos cuantitativos, han dejado de resolverse más de 56 por ciento de las acciones de inconstitucionalidad (18) y 30 por ciento de las controversias constitucionales (11).
Los ministros se tomarán un receso para continuar con sus labores en agosto. Ojalá y en los seis meses que todavía quedan a la actual Presidencia se apliquen porque dejar de hacer es dejar pasar.
