Culiacanazos o no, atacar los miedos
SSP: protocolo de información fiable
Más allá de si configura o no otro culiacanazo, o indistintamente de la zona de Sinaloa donde el desasosiego ciudadano entre en crisis, el Gobierno del Estado debe contar con un canal oficial de comunicación, único y de rápida activación, en hechos de violencia de alto impacto que en materia de desinformación resultan ser como hongos en la humedad para redes sociales y medios fundados en el sensacionalismo. Si se quiere aprender de los jueves negros y de cualquier día de la semana que el miedo resulte exacerbado, la lección apunta a la orientación en tiempo real, creíble y exenta de manipulaciones.
Por supuesto que tendría que ser el Secretario de Seguridad en turno quien se ponga al frente del flujo de realidades probadas alrededor de sucesos de enorme capacidad de amedrentamiento masivo. Desde el primer momento, conforme a los datos disponibles, colocar a la gente en la mejor posibilidad de estar segura. Inducir a la calma si las condiciones de riesgo son mínimas o indicar cómo protegerse cuando la vida de familias esté en peligro.
De tal mecanismo de información pertinente podrían nutrirse los medios de difusión para desempeñarse de manera más asertiva en la función de orientar a la población e inclusive convirtiéndose en fuente confiable para las publicaciones en plataforma digitales o posibilidad de contraste entre lo que las redes reportan y lo que el Gobierno dice, hasta restablecer el correcto estado de cosas.
El caos vivido por los cualiacanenses el jueves 29 de agosto debido a las versiones distorsionadas que circularon a la misma velocidad del plomo esparcido en el enfrentamiento entre militares y delincuentes en Paredones, zona conurbada del norte de Culiacán, fue en parte por la tardía salida del Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, a colocar la información gubernamental, pues a la hora que lo hizo, a las 16:53 de la tarde, habían corrido más de 120 minutos de confusión diseminada principalmente por WhatsApp.
La carga de información no verificada ocasionó que los alumnos del turno vespertino de las escuelas, los trabajadores de empresas y establecimientos comerciales y los transeúntes en general salieran despavoridos a buscar la forma de llegar a resguardarse a sus casas, mientras el transporte de pasaje urbano había colapsado, las aplicaciones de servicio de taxis restringieron sus viajes y elevaron tarifas volviéndolas impagables, a la vez que el tráfico automovilístico congestionó las vialidades.
Pero no todo debe orbitar en torno a Culiacán y los culiacanazos. El martes, por ejemplo, emergió la atmósfera de miedo en la población de La Rastra, Municipio de Rosario, cuando dos grupos delincuenciales se enfrentaron con armas de grueso calibre para saldar sus rencillas acudiendo inclusive al modus operandi que se vuelve moda al cerrarles el paso a militares y policías mediante la quema de un camión de pasajeros de ruta local, afortunadamente sin viajeros a bordo. La alarma recorrió la zona de los altos del sur del estado y allí también la autoridad debió intervenir para tranquilizar a la gente de bien, aquella que no la debe ni la teme en este tipo de choques entre células criminales.
Otra circunstancia válida para sustentar la necesidad de que el Gobierno esté presente tomando el control de la información precisa y verídica con el propósito de que la sociedad informada proceda conforme se desarrollen situaciones de inseguridad, tiene que ver con incursión del Ejército y la Marina Armada en la comunidad Leopoldo Sánchez Celis, Municipio de Eldorado, el 23 de junio, para detener a uno de los presuntos cabecillas de sicarios del narcotráfico. La percepción pública de un campo de batalla en que murieron siete personas diseminó el pánico en el Valle del Río San Lorenzo e igualmente ninguna autoridad estuvo diciéndole a la gente de paz cuál fue la magnitud del peligro y de qué manera manejarlo.
El mini culiacanazo de la semana pasada sucedió más en el imaginario de los sinaloenses que en la realidad. Pero tuvo que existir la chispa del terror lanzada desde la irresponsabilidad comunicativa para que incendiara la confianza en que las instituciones de protección fueran eficientes en mantener a salvo lo fundamental. Y nunca llegó puntual el agua de la indicación institucional para sofocar los siniestros del horror y restablecer el sentimiento colectivo de paz.
Entonces aquí es donde cobra factibilidad el establecimiento de protocolos de información confiable cada vez que la delincuencia organizada pretenda implantar el poderío de sus armas por encima de los sistemas de seguridad y de leyes. Frente a la dispersión de miedos en que reincide el hampa, que opere la compacta acción del Estado señalándoles a los pacíficos los remansos de tranquilidad o las fiables rutas de evacuación, según sea el caso.
La desinformación es evidencia,
De lo que en Sinaloa apremia,
Cuando el terror es la epidemia,
Más peligrosa que la delincuencia.
¿A quién se le habrá ocurrido en la Universidad Autónoma de Sinaloa activar la agresión bestial contra los derechos laborales, constitucionales y humanos del académico Jorge Ibarra Martínez, para castigarlo por ser uno de los integrantes del movimiento universitario que impulsa la reforma profunda que acabe con lastres y abusos en la UAS? ¿Fue una orden dada por Robespierre Lizárraga, encargado del Despacho de Rectoría? Pues ocasionaron que organismos locales y nacionales garantes de libertades y constitucionalidad salieran en defensa del activista y articulista y remarcaran la necesidad de que, por eso y contra eso, la institución de educación superior necesita hoy más que nunca de transformaciones profundas que finiquiten un cacicazgo y reinstalen la dignidad.
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