Sánchez Celis bajo ataque: acierto y error
La confusión demerita el operativo militar
A operativos militares como el realizado el domingo en la comunidad Leopoldo Sánchez Celis, municipio de Eldorado, debe corresponderles el flujo de información inmediatamente después de ser concretados para contener el pánico que generan en la población pacífica, conocer el informe oficial del número e identificación de detenidos y víctimas, e instalar la percepción popular de que el uso de la fuerza pública se realizó en apego a la Ley. De no ser así, el temor y la especulación se superpondrán a lo exitoso que pueda resultar el combate a la delincuencia organizada.
Esta franja poblada que se adhiere al trayecto de la carretera que parte de Eldorado y se une a la maxipista Culiacán-Mazatlán está marcada por la labor de Inteligencia Militar como zona de asentamiento de células afines al Cártel de Sinaloa que comandan los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. La milicia mexicana y la agencia antidrogas de Estados Unidos la recalcan en el mapa de Sinaloa como proveedora de grupos armados y por lo tanto de alta violencia.
Se trata del territorio que antes de la extradición de Guzmán Loera quedó bajo el mando de Dámaso López Núñez, “El Licenciado” y Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, que son compadre y ahijado de “El Chapo”, hasta que en 2017 “Los Menores” o “La Chapiza” les disputaron el control y los expulsaron de la plaza. Quienes habitan el poblado que el 23 de junio se convirtió en objetivo castrense están al tanto y padecen tal reconfiguración criminal en el sur del Valle de Culiacán y todo el Valle del Río San Lorenzo.
Lo que hoy sucede tiene su origen en la detención de López Núñez en mayo de 2017 efectuada en el sector residencial Anzures de la Ciudad de México. Cuando “El Licenciado” era considerado el sucesor natural de “El Chapo” fue aprehendido y extraditado a Estados Unidos, tres meses después de que corriera la misma suerte que su ex jefe, cárcel y traslado que lo imposibilitó a cumplirle el encargo a aquél de cuidar la organización criminal acéfala de líder.
Los hijos de “El Chapo” hicieron un pase ordenado de jefatura en la facción de Eldorado y lograron que los sicarios antes al servicio de “El Licenciado” se disciplinaran a las órdenes de Ovidio y Édgar Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar. La zona en transición hasta fue considerada con mayor calma tensa que en los tiempos que dominaban los Dámaso padre e hijo, hasta que el 17 de octubre de 2019 ocurrió el primer “Culiacanazo”.
De allí viene la incursión del Ejército y la Marina Armada en Sánchez Celis. Le llevó casi cinco años a la Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la República la indagatoria para determinar que provenían de Eldorado y Jesús María los primeros contingentes armados que se movilizaron para presionar al Presidente Andrés Manuel a que ordenara la liberación de Ovidio Guzmán luego de la aprehensión lograda aquel Jueves Negro en un operativo castrense improvisado y desastroso.
Ha corrido excesivo rumor, sin que la FGR lo confirmara, sobre la posibilidad de que entre las ocho personas fallecidas se encuentra Raúl Carrasco Lechuga, alias “El Chore”, a quien le atribuyen la organización de convoyes de vehículos con gente armada a bordo que recorrieron las calles de Culiacán desde el sector Tres Ríos en cordón hasta la Novena Zona Militar con la intención de tomar rehenes entre familias de soldados y presionar al alto mando castrense para la liberación de Ovidio Guzmán.
Sin embargo, las fuerzas federales dejaron pasar el tiempo y pulularon a consecuencia de la desinformación todas las versiones posibles en ambientes de miedo, haciendo que la falta de verificación de los hechos, causada por militares que llegan, actúan y callan, le abonara a la confusión. No han aprendido los estrategas del Ejército que la intervención relámpago contra la delincuencia, por más secrecía que requiera, ha de llevar implícita la simultánea difusión de datos y evidencias que enteren oportunamente sobre operaciones dirigidas contra maleantes y de estricta salvaguarda a los derechos humanos y respeto a ciudadanos de bien.
Los manuales del Ejército establecen que la acometida contra criminales será de mayor efectividad cuando ninguna persona ajena al conflicto resulte afectada. Aconsejan aislar al objetivo del ataque en puntos de menor o nula concentración humana para que al momento de detenerlo o neutralizarlo no use a personas como escudos, o que la gente divulgue datos sacados de contexto con fines sensacionalistas.
Es decir, en Sánchez Celis se repitió el mismo error que en la madrugada del 5 de enero de 2023 cuando Ovidio Guzmán fue detenido en el casco poblacional de la comunidad de Jesús María, municipio de Culiacán, esparciéndose terror y desinformación. De nuevo la acción que pudo ser precisa y rápida, acabó siendo de zozobra expandida y de cuestionamientos de si todas las víctimas letales son o no del bando del narcotráfico. Bastan para dimensionar desaciertos los videos de madres de familia rogando les permitieran entrar al sitio de la masacre para verificar si sus hijos se encontraban allí, entre los que fueron abatidos por soldados.
Que no sean sus fusiles ciegos,
Para que noten al inocente,
Cuando en el cruce de dos fuegos,
Ponen en riesgo a tanta gente.
Haciendo un recuento rápido, en Sinaloa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido precisamente de “abrazos, no balazos” contra la delincuencia del narcotráfico. En 2023 hizo la detención en enero de Ovidio Guzmán López; en febrero capturó a José Guadalupe “Lupe” Tapia; en marzo cayó preso Bernardino Esparza Aboytia, “El 08”, y en noviembre aprehendió a Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, entre otros cabecillas de células del Cártel de Sinaloa, además de decomisos de drogas y destrucción de laboratorios para la elaboración de fentanilo.
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