La vida cotidiana de las comunidades que se encuentran en la frontera de Chiapas se desarrolla en una realidad de violencia aterradora. Así lo muestra el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, realizado por el Colectivo de Monitoreo–Frontera sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentado en el Centro Prodh el pasado 13 de febrero, con la asistencia del Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Este informe se suma a los múltiples trabajos que en Chiapas han hecho la sociedad civil, los pueblos, los colectivos y las comunidades de fe de la zona, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida. Ya desde 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional alertaba que Chiapas se encontraba al borde de la “guerra civil”. Estas denuncias se fueron acrecentando un año después. A mediados de 2023, el Frayba advirtió en su informe Chiapas, un desastre que la situación continuaba deteriorándose, mientras que en diciembre siguieron llamados enérgicos de la Diócesis de San Cristóbal.
Hoy este nuevo documento muestra, con un trabajo de documentación y testimonial muy serio, el panorama desolador y crítico que se vive en la región, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas: La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista. En el Centro Prodh hacemos especial eco de la grave situación en Frontera Comalapa, donde conocemos de primera mano los relatos de la comunidad jesuita, que valiente y comprometidamente trabaja ahí con la gente, en medio de una situación cada vez más insostenible y más deteriorada.
En el informe “Asedio a la vida cotidiana” se presenta información relevante sobre: 1) el contexto socio histórico y geográfico, donde se marcan los puntos de inflexión de la disputa de grupos criminales en la zona; 2) las estrategias de disputa que han utilizado las organizaciones macrocriminales; 3) la manera en que ha ganado control la delincuencia en las actividades económicas; 4) la forma en que la macrocriminalidad ha afectado la vida cotidiana de las personas; 4) las estrategias de terror utilizadas; 6) el creciente control de las instituciones sociales; 7) las omisiones y la colusión de Estado con la delincuencia organizada y, finalmente, 7) las violaciones a derechos humanos que se han reportado. El Informe concluye también con la formulación de diversas recomendaciones.
En cuanto a las omisiones del Estado, relatadas en capítulo VII, los testimonios de los habitantes de la entidad, constatan que, aunque hay presencia del Estado y de las autoridades, estas no garantizan la vida y la integridad de las personas y las autoridades, ya que se privilegia la contención de la migración, no la protección de la vida y de los derechos. Como refiere uno de los testimonios: “...estamos como en el abandono. Hay un vacío del Estado mexicano, no está metiéndose para proteger a la sociedad civil”.
Desde la perspectiva de la colusión, se documenta que en Chiapas ocurre lo mismo que se viene denunciado en otras muchas regiones del México del presente: que los vasos comunicantes entre la criminalidad organizada y el Estado son el sustrato para que las redes macrocriminales sigan avanzando. Es necesario hacer hincapié en que ni el Ejército ni la Marina ni la Guardia Nacional son instituciones plenamente impermeables a los pactos de colusión con la delincuencia organizada. Como señala uno de los testimonios, aunque el Ejército y Guardia Nacional están presentes, pero no actúan y tienen vínculos con el crimen organizado ... [El Estado] se vuelve ciego, sordo y mudo”.
Es relevante enfatizar que, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando se critica la pasividad gubernamental frente a la criminalidad organizada no es por añoranza de las políticas de mano dura sin estrategia que prevalecieron por tantos años en el País y que originaron la crisis de derechos humanos. En cambio, lo que se demanda es que haya una presencia integral de Estado que garantice derechos sociales, que desarticule redes criminales, que prevenga la violencia y que no sólo se avoque en contener la migración, todo ello en el marco del respeto irrestricto a la vida y la integridad de las personas.
El informe Asedio a la vida cotidiana es un llamado urgente a que se reconozca esta terrible realidad. Los discursos políticos, que en aras de sostener el proyecto que está en el poder, niegan, minimizan o refutan la existencia de la violencia y el desplazamiento de la población de la zona, no contribuyen a enfrentar esta realidad.
Desde el Centro Prodh reconocemos el trabajo de documentación que ha hecho la sociedad civil de Chiapas para articular este informe. Nos solidarizamos con las comunidades de Chiapas que han visto afectada su tranquilidad y su vida cotidiana, en general, y nos sumamos a las voces que desde hace años han demandado más seguridad para la entidad y más atención para la zona fronteriza ante una situación de clara ingobernabilidad, donde las autoridades de los tres niveles de Gobierno han quedado rebasadas.
