Informe expone los efectos de la militarización en los pueblos indígenas de México
Astrid Arellano
La presencia militar en los territorios indígenas de México ha traído consecuencias que van desde expropiación de tierras hasta masacres en contra de los pueblos. Un informe presentado por la organización Indigenous Peoples Rights (IPRI) da cuenta de los diversos impactos de la militarización en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, con casos que datan de hace décadas y que actualmente permanecen en impunidad.
El informe titulado Las cicatrices son memoria: Militarización en pueblos indígenas de México expone casos concretos de presencia militar en distintas comunidades e incluye recomendaciones puntuales al Estado mexicano. La elaboración del documento contó con la participación de ocho organizaciones indígenas y los testimonios de nueve comunidades afectadas por la presencia militar.
Este análisis hace un recorrido por cuatro etapas de la militarización identificadas en el país, que van desde la Guerra Sucia —ocurrida entre 1965 y 1990—; el levantamiento del Ejército Zapatista en 1994; la llamada Guerra contra el Narco en el 2006; y la actual presencia de las fuerzas armadas en las actividades de la vida pública mexicana.
“Mientras no se atienda lo que está ocurriendo, cada uno de sus hechos mantiene una herida abierta y se siembra sobre la cicatriz de una agresión previa. Necesitamos entender la perspectiva histórica de estas dinámicas para poder detenerlas, transformarlas y construir la paz que los pueblos indígenas necesitan”, dice en entrevista con Mongabay Latam la socióloga Citlalli Hernández Saad, coordinadora nacional de IPRI en México.
Hernández Saad resalta que la presencia de las fuerzas armadas no respeta los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que sus impactos se han reflejado históricamente en afectaciones a la autonomía, la libre determinación, el autogobierno, el territorio y las instituciones propias de las comunidades.
¿Qué es la militarización?El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas define a la militarización como “cualquier estrategia o actividad de naturaleza militar, incluido el establecimiento de instalaciones de suministro, infraestructuras, bases o cualquier otra acción necesaria para el desarrollo de estrategias o actividades militares que tengan por objeto ejercer el control sobre las tierras y territorios indígenas”.
Todo esto sustentado —agregan los expertos— por razones como la “seguridad nacional, operaciones de insurgencia y contrainsurgencia, el control de fronteras, acceso a los recursos naturales, fines de conservación, ejecución de proyectos de desarrollo o protección de los intereses de empresas transnacionales”, apuntan.
“Según los testimonios, hay un momento en que llegan los militares a las comunidades y hacen un revuelo. Después de eso se instalan los malos [crimen organizado] y ya no hay un control sobre esta situación”, afirma Anabela Carlón, abogada indígena yaqui y coordinadora de Investigación de IPRI México.
“Un común denominador en los territorios es que los pueblos no pueden ejercer su libre determinación, porque las autoridades indígenas que rechazan o se manifiestan en contra del establecimiento de los cuarteles militares o de los grandes proyectos, se sustituyen inmediatamente por otras autoridades en los municipios, para que contribuyan a los proyectos, sin consultas, y que faciliten todo el proceso para que los militares o alguna empresa se acomoden en territorio indígena”, detalla Carlón.
El análisis de IPRI surge en el contexto del periodo número 15 de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de las Naciones Unidas, quienes decidieron dedicar su siguiente estudio anual al impacto de la militarización en los derechos de los pueblos indígenas a nivel global.
“Decidimos que era necesario profundizar la reflexión y la convertimos en un informe más amplio, con el objetivo de mantener al tanto a la ONU sobre la situación de México y que también pudiera servir como insumo para el debate nacional sobre este tema”, agrega Citlalli Hernández Saad.
Según IPRI, el trabajo de documentación de los últimos 20 años de las ocho organizaciones que integran a su grupo núcleo —conformado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y Servicios para una Educación Alternativa A.C (EDUCA), que trabajan en distintas regiones del país—, ha sido testigo de las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido las comunidades indígenas.
Desapariciones forzadas, homicidios, ejecuciones extrajudiciales y presencia de grupos paramilitares son algunas de las constantes que conforman el punto de partida para que se instalen diversas formas de militarización —como el establecimiento de cuarteles y puestos de control o el ejército patrullando comunidades cotidianamente— que hoy siguen viviendo los pueblos indígenas.
Testimonios de la militarizaciónEl informe está construido con testimonios que explican algunos de los hechos emblemáticos de la presencia militar en territorios indígenas. Uno de ellos es la desaparición forzada del profesor zapoteco Víctor Pineda Henestrosa —Víctor Yodo— a manos de militares en 1978, en la Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
También se recabaron testimonios en Chiapas sobre la intervención de altos mandos del Ejército para armar y entrenar a los grupos paramilitares en los años noventa, responsables de las desapariciones forzadas y los homicidios en comunidades indígenas de la zona norte del estado. De igual forma, narran la ejecución extrajudicial de Hidilberto Reyes García, un niño de 12 años, cuando las fuerzas armadas realizaban un operativo para detener al comandante de la policía comunitaria de Ostula, en 2015. “Todos estos casos permanecen en absoluta impunidad”, afirma el informe.
“Los procesos mencionados en el informe son procesos abiertos, en donde hay denuncias penales en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese es el caso, por ejemplo, del asesinato del niño Hidilberto en Ostula, en donde no ha habido justicia por los abusos en el uso de la fuerza de los militares, que permitieron que este niño fuera asesinado con una bala del Ejército Mexicano”, asevera Hernández Saad.
La primera etapa de la militarización identificada en el informe de IPRI es la Guerra Sucia, entre 1965 y 1990. De acuerdo con el documento, estuvo marcada por una violencia contrainsurgente por parte del Estado mexicano a través de las fuerzas armadas. En esta etapa los militares cometieron graves violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por décadas por parte de sobrevivientes, familiares, compañeros y compañeras de personas que fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas, desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente.
Uno de los casos relacionados con esta etapa, y que se describe en el informe, es el de la comunidad agraria de Juchitán, en Oaxaca, que desde 1978 y hasta la fecha no tiene autoridad, pues Víctor Pineda Henestrosa, candidato a comisariado de bienes comunales, fue detenido y desaparecido por elementos del Ejército mexicano. Este hecho marcó a la comunidad hasta la actualidad, pues continúa sin comisariado, lo que no le permite acceder a sus derechos territoriales en plenitud, por lo que mantienen la exigencia de justicia.
Una segunda etapa referente al proceso de militarización es la que inició en 1994, con un movimiento indígena en Chiapas, organizado a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Allí figuraron los pueblos tseltal, tsotsil, ch’ol y tojolabal de la familia maya. El gobierno federal envió elementos del Ejército mexicano a Chiapas para sofocar la rebelión. Desde entonces, las comunidades no han dejado de sufrir los efectos de la militarización. Uno de los casos más emblemáticos es la masacre de indígenas tsotsiles perpetrada por paramilitares en contra de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 23 de diciembre de 1997.
“Fue una militarización masiva. Los militares entrenaron a los paramilitares que llevaron a cabo la masacre de Acteal”, recuerda Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre e integrante de Las Abejas de Acteal. “Después de tantos años de la masacre —que ya cumplió 26 años—, no hemos estado libres de militares. Siguen aquí en Chiapas, sobre todo, en las comunidades”, agrega en entrevista la defensora del territorio.
De acuerdo con Vázquez Luna, el Estado mexicano actualmente envía militares para “dar una imagen de que está atendiendo los conflictos”, pero al contrario, no sólo no los atiende, sino que “está empeorando la situación en las comunidades y, aún con la presencia de los militares, se están llevando a cabo asesinatos y desapariciones”.
En cuanto a la tercera etapa de la militarización descrita por el equipo experto, donde además se asegura que persiste hasta el presente, es la que inició cuando el ex presidente de la República, Felipe Calderón, declaró el 11 de diciembre de 2006 el inicio de la “Guerra contra el narco” en Michoacán, y anunció que más de 5 000 marinos, soldados y policías serían enviados a ese estado. “La ofensiva militar sólo aumentó los asesinatos y la corrupción en el estado, lo que aumentó la tala inmoderada en sus bosques de acuerdo a los testimonios de varias comunidades indígenas. En vez de erradicar y luchar contra el narcotráfico, se observó una colusión”, señala el informe.
Los especialistas apuntan que, en lugar de comenzar un proceso para el regreso de los militares a sus cuarteles, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido acentuar la militarización. Así, en marzo de 2019, inició una cuarta etapa de profundización del fenómeno con la creación de una nueva fuerza militarizada: la Guardia Nacional (GN).
Esta institución realiza adicionalmente más de 148 funciones civiles que no son relacionadas con seguridad, sumadas a la decisión del presidente para otorgar funciones adicionales a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). Con ello, se le ha otorgado al Ejército incluso la propiedad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la del llamado Tren Maya y del Tren Transístmico o Interoceánico, tres proyectos claves para el gobierno que han entrado en tensión con distintas comunidades indígenas durante el actual sexenio.
“Se trata de una colonización militar y económica de los territorios”, señala el informe. A la fecha, además de grandes extensiones de bosques deforestados, numerosas comunidades indígenas se encuentran impactadas por estos proyectos de grandes magnitudes.
En diciembre de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el primer tramo del llamado Tren Maya —megaobra turística ampliamente criticada por sus impactos al medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas—, con un discurso en el que calificó como “politiquerías” y de “pseudodefensores del medio ambiente” a las acciones que buscaban detener el proyecto. “Querían pararnos, que no se hiciera la obra, pero como hay el apoyo y el respaldo de todo un pueblo, por eso pudimos terminar”, afirmó el mandatario.
Las recomendacionesEl grupo de organizaciones enlistó seis recomendaciones al Estado mexicano. Las tres principales tienen que ver con, primero, reformar la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, para garantizar sus derechos colectivos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, así como a mantener sus instituciones y sistemas de justicia, de seguridad y sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.
Segundo, que la presidencia de la República ordene a la Sedena, Semar y GN la desmilitarización de los territorios indígenas. Y tercero, que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con una amplia participación de la sociedad civil, especialmente de los pueblos indígenas, diseñen una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda la operación de los grupos de la delincuencia organizada y los grupos armados.
Las tres recomendaciones restantes tienen que ver con el desarrollo de procesos pertinentes de consulta previa, libre e informada en los territorios indígenas que cuenten con presencia armada; que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar sea solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas; y por último, que el Estado mexicano garantice el acceso a la justicia dando a conocer la verdad sobre hechos como masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos en las que ha sido señalada la participación de elementos de las Fuerzas Armadas.
“Puede parecer que son seis demandas muy complejas, pero para nosotros es una propuesta integral. Cuando hablamos de pueblos indígenas estructuralmente, tendemos a pensar que con una gran acción contundente, se va a resolver el problema. Pero el nivel de exclusión, discriminación y racismo que se vive en México en contra de los pueblos indígenas es un problema que tiene raíces profundas. No hay soluciones sencillas”, explica Hernández Saad.
“Nos parece que esas son condiciones mínimas que se tienen que reconocer frente a un problema [militarización] que no sólo termina por agudizar la violencia, sino también en la forma que limita el ejercicio de los derechos colectivos, perpetúa las condiciones de discriminación y de exclusión de las comunidades en una sociedad como la que tenemos ahora”, concluye la experta.
