¿Buena o mala la relación Rocha-prensa?
Del plomo de ayer a los reclamos de hoy

A la problematización de la relación del Gobernador Rubén Rocha con periodistas y medios de comunicación solamente se le puede agregar el llamado a que modere las referencias que hace al calor de los reclamos por los que el Mandatario estatal considera malos manejos editoriales sobre los quehaceres de la actual administración pública de Sinaloa. Aunque también es pertinente acudir a la súplica de que guarde distancia de las tentaciones en que incurrieron sus antecesores en el cargo, al asesinar y atacar a miembros del sector prensa.

Las diferencias al ras de la confrontación entre gobierno y periodismo llegaron para quedarse a partir del agotamiento del modelo que implementaron regímenes anteriores, el del doble filo en el trato a comunicadores con la cortesía fingida prodigada en público y el plomo y el garrote asestados detrás del oropel de los entretelones del poder. A los actuales, el de Andrés Manuel López Obrador en México y Rubén Rocha en Sinaloa, nadie les puede probar a la fecha que hayan ordenado la bala o la estaca contra críticos, reporteros de la fuente ni tribunas periodísticas.

En lo personal no creo que Rocha Moya sea de esos funcionarios que llevan sus inconformidades contra periodistas y medios al límite de la agresión o eliminación. Si alguien quiere obtener un diagnóstico y perspectivas acertadas al respecto, al margen de fobias y filias, es pertinente repasar el trato que el ahora Gobernador sostuvo con los profesionales de la información desde sus etapas de luchador social, dirigente sindical y Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y su paso por cargos públicos y de representación popular. Revisar esos episodios rochistas y a la vez nunca olvidar la costumbre de exterminio a la libertad de expresión que reinó durante décadas en políticos encumbrados.

Siempre he dicho que Humberto Millán Lizárraga, quien fundó y dirigió el semanario Adiscusión, fue la última víctima de la letal intolerancia política al libre ejercicio de la libertad de expresión pues el periodista se especializó en escrutar los actos del poder gubernamental, enfocando poco la lupa hacia el crimen organizado. Además, el Mandatario en turno, Mario López Valdez, no movió un solo dedo para el esclarecimiento del crimen consumado el 25 de agosto de 2011, luego de que un día antes Millán fue privado de la libertad.

Así, los asesinatos de Roberto Martínez Montenegro, en el mandato de Alfonso G. Calderón; de Odilón López Urías, en las postrimerías del sexenio de Antonio Toledo Corro y de Manuel Burgueño Orduño en 1988 mientras gobernaba Francisco Labastida Ochoa, dejaron viva la percepción pública de crímenes con autoría intelectual en la narcopolítica. El ataque que privó de la vida a Óscar Rivera Inzunza, quien era el vocero del operativo policiaco-militar contra la delincuencia cuando Jesús Aguilar Padilla tenía la titularidad del Ejecutivo estatal, mantiene el velo de misterio sobre el móvil abarcando ese manto de sospecha a mandos militares y autoridades civiles.

También es preciso sustentar este análisis en referentes nacionales como el de Manuel Buendía cuyo asesinato perpetrado en 1984 le fue atribuido al gobierno a través de quien era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, policía de todas las confianzas del ex Presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Inolvidables los sacrificios de Héctor “El Gato” Félix Miranda y Francisco Ortiz Franco, codirector y editor del semanario Zeta de Tijuana, ocurridos en 1988 y 2004, en ese orden, con investigaciones que al dejarlas archivadas los ex presidentes De la Madrid y Vicente Fox Quezada denotan la complicidad del Estado.

Nada permanece igual con o a pesar de los políticos y el conservadurismo que hasta López Obrador practica en su llamada Cuarta Transformación. Aunque no a la velocidad e idoneidad que quisiéramos, la acción ciudadana ha hecho cambiar mentalidades y moditos de la actividad gubernamental y los periodistas y medios hemos contribuido al ensanchamiento del esquema de libertades que desde la época de La Ilustración planteó Voltaire con el tan llevado y traído enunciado de “podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, frase cuya autoría hoy se le regatea al filósofo francés.

Lo que diga Rocha Moya, o cualquier otro político, respecto a la concepción que tienen del trabajo de los periodistas, de unos cuantos o de todos, debe ajustarse a la lógica de que tanto el Gobernador, e igual el sinaloense ordinario, poseen el mismo derecho a expresarse que el que la Constitución garantiza al gremio de la prensa. El desahogo de las ideas que anidan en el libre albedrío ciudadano evita que éstas se pudran en el alma y sean emitidas ya tarde, como dardos envenenados contra los que piensan diferente.

Debatir, dialogar, interactuar e incluir son elementos imprescindibles de la comunicación del gobierno con los gobernados, de las instituciones públicas con el periodismo, o de medios de comunicación en la interlocutoría con las autoridades y las sociedades. Abonar a la verdad, transparencia y rendición de cuentas es la responsabilidad de los informadores y sus tribunas les guste a no a los poderes formales o de facto. Así de claro, “sin Yolanda”.

Al repasar las cosas malas,

Que el periodismo anote:

Hubo mortajas por las balas,

Y mordazas con el chayote.

Bien hecho por la Directora del Instituto de Protección, Jhenny Judith Bernal Arellano, y la correcta receptividad del Gobernador Rubén Rocha, en cuanto al exhorto del órgano salvaguarda de comunicadores y activistas para que el Mandatario “siga siendo un aliado de los periodistas y de los defensores, evitando emitir expresiones negativas que no reflejan un trato respetuoso y digno para quienes ejercen la importante labor de informar y defender derechos humanos, incluso poniendo en riesgo su propia vida y la de sus familias”. El problema está en que el IPPPDDHyP tendrá que ajustar a la misma horma a tantos políticos intolerantes que andan por allí.