Todos los días vemos casos en que el discurso oficial -estatal o federal, de este u otro sexenio- repite como mantra: “se investigará”, “caiga quien caiga”, “no habrá impunidad”. Son palabras vacías. En un país donde la impunidad es la norma estas frases deben interpretarse como dejen de presionar y volteen a otro lado en lo que otro evento atrae la atención mediática.
La lista de crímenes impunes incluye a cientos de miles; recientemente se trató del caso Ayotzinapa, en el que dos administraciones han preferido proteger a altos funcionarios y al Ejército. En el caso de desapariciones son responsables quienes cometen físicamente la desaparición como quienes no revelan información sobre el paradero de las víctimas (Artículo 28 de la ley sobre desaparición forzada). Por ello el encubrimiento de la investigación en la que en dos sexenios han participado presidentes, secretarios, subsecretarios, fiscales y otros funcionarios incluido el ex presidente de la SCJN, así como la negativa de información por parte del Ejército, tiene responsabilidades penales no solo por obstrucción de justicia, sino por desaparición.
Debería quedar claro que la clase política no está dispuesta a perder el control político de la verdad y la justicia. Todavía hay quienes creen que las fiscalías pueden ser fortalecidas sin pasar por la voluntad política de que ello ocurra. Aun teniendo voluntad política federal y de todos los estados, el proceso de recomposición de las fiscalías podrá tardar lustros. ¿Podemos esperar? Otros creen que buscar alternativas extraordinarias es difícil y es mejor intentar con las instituciones ordinarias. Este diagnóstico está basado en la esperanza y no en la evidencia.
No habrá reducción de violencia que no pase primero por verdad y justicia. Sí hay alternativas disponibles y habría que echar mano de ellas de manera simultánea ante la enorme presión de actores políticos, criminales y económicos que exigen impunidad.
Es necesaria la creación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia con acompañamiento internacional. Adicionalmente se requiere seguir buscando presión internacional. Esta podría llegar de la Corte Penal Internacional que, irresponsablemente, hasta ahora se ha negado a abrir un examen preliminar sobre la situación de México. Otro camino se puede abrir a partir de la reciente visita del Comité de desapariciones forzadas de la ONU que podría elevar a la Asamblea General la situación mexicana de desapariciones generalizadas y sistemáticas que ocurren en absoluta impunidad. Esto podría resultar en la creación de una Misión de Observación de la ONU, como la de Venezuela, que generaría presión suficiente para empujar un cambio.
Los aislados casos en que se abren investigaciones y las más escasas sentencias se dan en autores materiales, en casos aislados y sobre otros delitos como delincuencia organizada dejando los crímenes sin investigar. Ante crímenes generalizados y sistemáticos se requieren investigaciones por fenómeno y de los superiores jerárquicos, como lo marca el derecho penal internacional recogido en el Estatuto de Roma.
Nada cambiará mientras las fiscalías del país sigan controladas políticamente. Los mecanismos extraordinarios e independientes no solo son una alterativa, son casi la única disponible.
