Bajan homicidios; sube el reto criminal. Qué sabe el crimen de cuentas alegres

A los sórdidos planes de la delincuencia organizada asentada en Sinaloa le importan poco las agendas gubernamentales enfocadas a abatir los delitos de alto impacto y al contrario se empeña en complicar, de manera calculada o involuntariamente, los saldos a favor que rara vez y durante plazos efímeros logran las instituciones de seguridad pública. En cuanto se echan a vuelo las campanas, llegan actuaciones escandalosas del crimen que dominan por encima de cualquier vislumbre de optimismo oficial.

El mes que acaba de terminar resaltó esa injerencia incómoda de la realidad real porque apenas se perfila Sinaloa a tener en 2022 la más baja incidencia en homicidios dolosos registrados desde 2005 a la fecha, cuando tal logro lo echan a perder eventos violentos que recalcan el miedo y atrofian la percepción en fase incipiente de mejor seguridad. Es un ciclo que se repite y evita que los gobiernos federal, estatal y municipales se declaren ganándoles la guerra a las células criminales.

Agosto reporta 35 homicidios dolosos y el dato confortador de que Culiacán, el municipio históricamente con más violencia, tuvo 11 días consecutivos sin registrar asesinatos, pero los ánimos igual resultaron abatidos con los crímenes contra Miguel Ángel Sánchez Díaz, ultimado el día 6, horas después de ser designado Subdirector de la Policía Municipal, y Rosario Lilián Rodríguez, la madre rastreadora de Elota inmolada el 30 cuando se realizaba la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Acumulados 330 homicidios dolosos en ocho meses de 2022, la tendencia apunta hacia la baja en este tipo de delitos, contra los 645 contabilizados en 2021. Los indicadores serían similares a los asentados en el sexenio de Juan Millán Lizárraga, con 569 en 1999; 497 en 2000; 537 en 2001; 487 en 2022; 483 en 2022 y 519 en 2004. De allí en adelante las muertes violentas repuntaron con picos de mil 252 hechos en 2009 y 2 mil 250 en 2010, en el cierre del mandato de Jesús Aguilar Padilla.

En el gobierno de Mario López Valdez esos crímenes continuaron al alza en los primeros tres años (mil 906 en 2011, mil 468 en 2012 y mil 208 en 2013) para reducirse a 986 en 2014; 996 en 2015 y dispararse de nuevo en 2016 con mil 162 muertes violentas. Luego vino el periodo de Quirino Ordaz Coppel con dos años complicados (mil 565 en 2017 y mil 123 en 2018) para entrar al descenso sostenido con 936 en 2019; 810 en 2020 y 645 en 2021.

El comportamiento estadístico demuestra que en la comisión de homicidios dolosos durante las dos décadas recientes los resultados se comportaron inestables y desde 2019 a la fecha se han direccionado a la baja. Y también que tales descensos son entorpecidos por la acción de la delincuencia organizada, repentina y alarmante: el choque entre los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa en el gobierno de Aguilar Padilla; la confrontación entre “El Chapo” Guzmán Loera y “El Chapo Isidro” durante el período malovista y la pugna entre los Dámaso López, padre e hijo, con los “Chapitos” y también el ”Culiacanazo” mientras gobernaba Quirino Ordaz.

Ahora, en el gobierno de Rubén Rocha Moya, son las desapariciones forzadas las que tumban las expectativas de paz, que sí se tienen a duras penas en lo referente a homicidios dolosos, pero las agitan eventos de fuerte repercusión social como el de la madre rastreadora asesinada, y la saña con la cual los sicarios del narcotráfico le quitaron la vida al comandante “Bóxer” que recibía un ascenso por su ejemplar trayectoria policial.

Y entonces la sociedad sinaloense entra en pánico, sospecha que quienes deben de cuidarla están del lado de los facinerosos, se amedrenta al ver caer a figuras emblemáticas que luchan por los derechos fundamentales y procede a arrinconarse en lugar de sumarse a la exigencia de cese a la violencia. Así es cómo el control, el poder y la licencia para asesinar se le conceden al bando que, a sus anchas, sigue fuera de la ley, pisoteándola y desafiándola.

¿Qué mensajes pretende enviar la delincuencia atacando a una mujer cuyo único propósito de vida es encontrar al hijo desaparecido por la acción de criminales? ¿Por qué la cobardía llevada al límite golpea en la herida social de un pueblo que presencia el apartamiento violento de los miembros de las familias? ¿A qué se debe que los cárteles impugnen con balas la designación de mandos policiacos no de su agrado, pudiendo objetar por vías no sangrientas?

En las interrogantes están los tamaños de las amenazas, el incalculable dolor de los agraviados y la dimensión del pavor de la sociedad rehén, aunque también van allí, como botellas que el náufrago lanza al mar, los llamados de auxilio a gobernantes que tal vez estén igual o más atemorizados que los gobernados.

Cuando les apunta la flecha,

Hacia abajo en los delitos,

¿Es que se acerca la fecha,

De otros crímenes inauditos?

A diferencias de gobernadores que se arrinconaban en sus despachos para no ser alcanzados por los reclamos de víctimas de la violencia, Rubén Rocha Moya acudió a la capilla ardiente de Rosario Lilián, en la Cruz de Elota, para darle aliento y ofrecer justicia a la familia de la madre rastreadora y quienes realizan labores de búsqueda de desaparecidos, cuya lucha es atacada con bestial fuerza. Aquí es donde desvanece la investidura política y emerge el luchador social que también vio caer a muchos de los suyos y sintió vulneradas las causas abrazadas. Tultita, por ejemplo, que en enero de 1983 perdió a Rosario Uzárraga Orduño y su hijo Alejo Uzárraga Atondo.