Matar a madre rastreadora revive la burla. Junto a Rosario muere también la justicia
Así como el 12 de mayo de 2014 asesinaron a Sandra Luz Hernández para que dejara de investigar sobre el paradero de su hijo Edgar, el martes los delincuentes volvieron a la táctica bestial de crimen sobre crimen para silenciar a las madres de los desaparecidos y que desistan en la lucha por encontrarlos. Esto, señores Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya, Presidente de la República y Gobernador de Sinaloa, es la más grande ofensa y reto al Estado mexicano.
Qué chueca luce lo que debiera ser la recta vara de la justicia sinaloense. Muchos empoderamientos recibieron aquellos cuyo modus operandi cambió de matar a privar ilegalmente de la libertad, cuando el 13 de marzo de 2015 el Poder Judicial del Estado decidió declarar inocente al homicida confeso de Sandra Luz Hernández, acto que marcó tendencia en impunidad e hizo más vulnerable al movimiento de búsqueda.
Es decir, hace más de ocho años Sandra Luz heredó a las instituciones y quienes las presiden la lección que escribió con su propia sangre: la delincuencia primero desapareció a los hijos y la impunidad la alentó a eliminar también a las madres. Nada aprendimos de ella que dejó la vida a la esperanza de hallar a Edgar García, a quien figurativamente “se lo tragó la tierra” en febrero de 2012 mientras laboraba como auxiliar de Marco Antonio Higuera Gómez, que en ese tiempo desempeñaba el cargo de Procurador de Justicia de Sinaloa.
Y aquí están más consecuencias. Quienes le quitaron la vida a Rosario Lilián Rodríguez, que buscaba a su hijo Fernando Ramírez, desparecido en el Municipio de Elota el 16 de octubre de 2019, mataron la tenue confianza en que las autoridades estén haciendo lo correcto frente a la crisis humanitaria que significan las desapariciones forzadas en México. Todos los discursos oficiales pronunciados el martes, cualquier acción gubernamental implementada, caen estrepitosamente junto a las madres y familias que son abatidas mientras gritan dónde están sus seres queridos.
La acometida violenta contra Rosario fue planeada con alevosía para que no quede duda de la superioridad criminal ante la sujeción del Gobierno federal a los designios de la crecida hampa. Consumar el homicidio el día que se recordó la tragedia nacional en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada no permite dudas sobre la premeditación con la que los maleantes esperaron a que la activista saliera de la misa conmemorativa para asesinarla, sin importar la forma en que la ultimaron.
La agresión letal a la rastreadora de Elota es el ultimátum para que los aparatos públicos y el conjunto ciudadano salgamos del bucle donde el pasmo ante estos hechos dura menos que el humo en los cañones de las armas asesinas. Si bien es cierto que el Gobernador Rubén Rocha salió rápido a prometer la investigación para dar con los culpables del artero crimen, y mostrar solidaridad con la familia de la víctima e integrantes de colectivos de búsqueda, el caso podría perderse en algún archivo ministerial si seguimos en la postura de ver pasar a los muertos inocentes y demasiado pronto disponernos a esperar los siguientes. No lo permitamos, porque con la indiferencia va implícita la amenaza a todos los sinaloenses.
En tanto el castigo llega, la afrenta fue concretada y la secuela de ilegalidades, de fiscales y tribunales arrodillados por el crimen organizado, hace que pocos crean en el dominio de la Constitución como única posibilidad de que el esquema se revierta a ciudadanos de bien protegidos por el Estado y malhechores debidamente castigados por la ley. Nos hallamos muy lejos aún de ese páramo de justicia retributiva en el cual cada quien sea tratado del mismo modo que trata a los demás.
En todo caso el parte oficial seguirá siendo sin novedad porque a la lucha social nunca la han arropado las leyes ni la justicia. Y como rutina descorremos en Sinaloa los senderos de crueldad en que hemos caminado siempre con la cabeza agachada, con la incertidumbre en que realizan sus viacrucis las rastreadoras a lo largo y ancho de Sinaloa, sin mayor garantía que aquella que remarca que todos y todo sigue a expensas de mentes desquiciadas que miden sus poderíos con las muertes que causan.
Lo sabe la ciudadanía, es del total conocimiento del Gobierno, que las madres guerreras que buscan a sus hijos son permanentemente asediadas por células criminales que las quieren expulsar de los territorios en que se efectúan las exploraciones. Los recados intimidantes llegan en forma de “consejo” o de advertencia directa siendo emisarios los sicarios y en ocasiones hasta elementos y mandos policiacos. Esto lo saben las fiscalías, jueces, el Presidente y el Gobernador, secretarios de Seguridad Pública nacional y estatal y la gente en general: ellas siempre andan con las armas en la sien.
Rosario Lilián, despierta,
Tú no eres de las que mueren,
Pues no te darán por muerta,
Las buscadoras que te quieren.
¿Ante quién había denunciado Rosario Lilián Rodríguez las amenazas de muerte que los asesinos cumplieron en la fecha icónica para el movimiento de búsqueda de desaparecidos? ¿Qué instituciones desestimaron el peligro de la mujer rastreadora? ¿Existe complicidad entre autoridades de Elota y los victimarios? ¿Tratarán de imponer el móvil del atropellamiento por encima del homicidio doloso? ¿Qué intereses ilegítimos pudo afectar la madre que se dedicó en cuerpo y alma a dar con paradero de su hijo? ¿Cuál la relación del crimen con los cuerpos recientemente exhumados en Playa Ceuta?
