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Se cumplieron 100 meses de la masacre de Iguala, Guerrero, cuando un operativo represivo-criminal de gran escala llevó a cabo la desaparición masiva de 43 estudiantes de la Normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas en esa misma jornada.
La trágica noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, conocida mundialmente como la desaparición de los 43 estudiantes, fue un hecho represivo de una gran envergadura, como pudieron documentar los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde 2015.
Además de los 43 jóvenes desaparecidos, otras cerca de 120 personas sufrieron ataques contra sus vidas mediante disparos; casi 40 de esas personas resultaron heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, además de que un grupo de 14 alumnos fue perseguido. Los ataques se dieron entre las 21:40 horas y las 2:00 horas de la mañana de los días 26 y 27 de septiembre lo cual muestra un operativo represivo a gran escala y una capacidad operativa y coordinación de las acciones a nivel centralizado.
Los expertos del GIEI llamaron la atención sobre los siguientes puntos en el análisis de este operativo represivo: la masividad del ataque que produjo 180 víctimas directas, seis ejecutados, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 familiares directos impactados. En su análisis los expertos del GIEI confirmaron la presencia de agentes del Estado en distintos escenarios: hubo una vigilancia permanente, por lo que no había confusión de quienes eran los normalistas. Se documentó no sólo la agresión de policías municipales, sino también de la Ministerial de Guerrero y la intervención de agentes del Ejército.
Han pasado ocho años y cuatro meses de este episodio represivo que marcó la conciencia colectiva de la sociedad mexicana al develar de golpe que en México la desaparición de personas podría ocurrir a cualquiera y en cualquier lugar. Al momento de la trágica Noche de Iguala en el país se reconocían menos de 30 mil personas desaparecidas; 100 meses después la cifra rebasa los 107 mil desaparecidos.
Pero 100 meses después de esa operación represiva, la justicia todavía no llega, los padres y madres de los normalistas siguen exigiendo la verdad y el castigo a los responsables. Ya conocemos el proceso de esta investigación que provocó la mayor oleada de protestas en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Obligada por la movilización social, el anterior Gobierno armó una supuesta “verdad histórica” construida sobre la alteración de pruebas, la tortura de los incriminados, y la reconstrucción alterada de los hechos. Con esa narrativa de la verdad histórica se pretendió dar por concluida una investigación y cerrado el caso. Pero fracasó. La sociedad movilizada en solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos respondió correctamente a la llamada “verdad histórica” con la consigna política “Fue el Estado”. Desde las familias, los normalistas rurales y la sociedad que los acompañó se rechazó la versión estatal.
Tras esta decepción y traición a la verdad y la justicia que ofreció el Gobierno priista de Peña Nieto, los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa otorgaron el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador al llegar a la Presidencia. Lo escucharon como candidato, como Presidente electo y luego en funciones, prometer llegar a la verdad y a esclarecer la desaparición masiva de sus 43 hijos. Le creyeron. Y en cierto momento de este sexenio vieron cambios y avances: se creó una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, se creó una Unidad Especializada en Litigación e Investigación para el Caso Ayotzinapa (Uelica), se permitió a los padres intervenir en la elección del titular de la misma, y se mantuvieron reuniones periódicas tanto con el Presidente López Obrador, y aún mucho más cercanía con el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Así se llegó a agosto de 2022 con la presentación del informe con el resumen de la investigación, con supuestos avances en el caso con la intervención de mensajes entre los presuntos perpetradores de la desaparición, que incluía a miembros del crimen, pero también policías y militares y se presentó la dura conclusión de que no había esperanza de encontrar con vida a los 43 normalistas.
A partir de ahí, el responsable de la Uelica, Omar Gómez Trejo, emitió 83 órdenes de aprehensión, pero de modo inexplicable el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ordenó la cancelación de 21 de estas, entre las que se incluían 16 militares. A partir de ahí todo cambió y todo indica que se debió a que la investigación empezó a topar con cuartel, es decir, a tocar intereses militares.
Así me lo dijo en entrevista Vidulfo Rosales, abogado y representante de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. “Cuando se llega a ese tema de fincar responsabilidades a miembros del Ejército, el Gobierno da un paso hacia atrás, cancela 21 órdenes de aprehensión, 16 militares y cinco funcionarios del estado de Guerrero. No se da nunca una justificación sólida y contundente de por qué se cancelaron esas órdenes de aprehensión y ahí se quebró la confianza, se quebraron, el Gobierno en lugar de dar un paso hacia delante, da un paso hacia atrás y a partir de ahí le investigación permanece estancada”.
En septiembre de 2022 ocurrió un punto de quiebre y desde entonces la investigación está estancada. Todo indica que ya no hay voluntad política para avanzar en la verdad del caso Ayotzinapa en este sexenio. Ya construyeron una narrativa del caso, como lo hizo el Gobierno de Peña Nieto, y no parece que la vayan a mover. Ya no hay confianza a menos que reactiven órdenes de aprehensión y obliguen al ejército a compartir la información que tiene sobre el caso.
La clave de todo es que para conocer la verdad y ofrece justicia a las víctimas del caso Ayotzinapa se tiene que tocar a los militares y obligarlos a que compartan información. ¿Se atreverá López y el Gobierno de la Cuarta Transformación a hacerlo? No lo hará. Está muy comprometido con los militares como fuerza política esencial de su proyecto político. Dijo Vidulfo Rosales: “Cuando se le ha exigido al Presidente que atendiendo a esos datos de prueba se tiene que investigar y deslindar responsabilidades del miembros del Ejército, ahí creo que el Gobierno ha dado un paso hacia atrás, ha salido con una hipótesis diferente y que el Gobierno no está dispuesto a hacer más. Lo real es que hay una decisión política tomada, lo real es que esa decisión política que tomó el Gobierno es ya no avanzar. Es una narrativa que ellos esgrimieron, pusieron sobre la mesa y con esa nos vamos a quedar”.
Todo indica que el punto de quiebre de septiembre pasado al tocar intereses militares, echó por la borda los avances en la investigación de Ayotzinapa y ya no sabremos la verdad en torno a los 43 normalistas en lo que resta del sexenio.
