Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
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La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa hace ocho años nos revela los males estructurales de este país. Ese “microcosmos” que representa un caso complejo como éste, refleja la podredumbre de las dimensiones institucionales que permitieron la perpetración de tan atroz crimen de Estado, tal como lo ha calificado el propio Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas.
1. La existencia de estructuras de “gobernanza criminal” en la que confluyen diversos poderes (militar, político, propiamente criminal y económico). No se pueden entender los niveles de violencia y de control de los mercados ilícitos sin un pacto entre élites mafiosas. Lo hemos dicho en el caso de la violencia contra periodistas: los asesinatos de comunicadoras/es son la punta del iceberg de estas relaciones de complicidad. En el caso Iguala los pactos locales, estatales y nacionales operaron de manera eficaz para derruir la verdad y la justicia. Dichas estructuras de poder real y formal han producido las condiciones para la crisis de violaciones graves a derechos humanos en México durante los últimos 16 años.
2. La cooptación política de la justicia. La “verdad histórica” se construyó para proteger a la red de poder dominante durante la administración de Peña Nieto. La idea era construir una narrativa y para legitimarla se dirigieron los esfuerzos de investigación. La entonces PGR respondía al Presidente legal, orgánica, política e institucionalmente. Hoy se supone que la FGR es autónoma e independiente el Poder Ejecutivo pero vemos que en los hechos no es así. La solicitud de cancelar 21 de 83 órdenes de captura giradas por un juez (16 de ellas contra militares), es prueba de ello en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. La obstaculización a la Unidad de Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UELICA) desde la propia FGR es otro evento que prueba la cooptación política de la justicia y el mantenimiento del pacto de impunidad.
3. La autonomía de facto del Ejército. México tiene una relación anormal con sus institutos castrenses desde la perspectiva democrática. Hasta hace unos años, prácticamente cualquier delito cometidos por militares era procesado en sus propios tribunales, incluso las violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. Los Secretarios de Defensa Nacional y de Marina que terminan su gestión en un sexenio, envían al Presidente entrante una terna de candidatos para ocupar esas carteras. En la glosa del informe de labores del Presidente, los mismos secretarios no comparecen en el recinto legislativo sino que son los propios legisladores integrantes de la Comisión de Defensa los que se apersonan en las instalaciones militares. Confirmamos el jueves en la conferencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa (GIEI) que además realiza espionaje.
Como vemos en el caso Iguala, los militares se niegan rotundamente a rendir cuentas. En todo caso, “permiten” que unos cuantos “malos elementos” sean juzgadas, pero jamás admiten la investigación de la cadena de mando. Peor aún, tienen la puerta abierta para torpedear a aquellos funcionarios que -como Encinas o el ex Fiscal especial Gómez Trejo- osaron imputarles responsabilidad alguna. La misma lógica de impunidad y opacidad que impera en los casos de la represión estatal contra las disidencias políticas los años 60, 70 y 80 (Guerra Sucia); y en el nuevo ciclo de militarización que derivado de la “guerra contra el narcotráfico”
4. La urgencia de construir mecanismos extraordinarios de justicia y verdad, inclusive con asistencia técnica internacional. Este gobierno cerró cualquier posibilidad de procesos de “justicia transicional” o “extraordinaria”. Mucho tienen que ver los puntos arriba esbozados. Hasta que no se acepte que el sistema de justicia tiene una enorme incapacidad técnica e institucional de procesar casos simples y complejos, no se podrá caminar hacia su renovación completa. La observación internacional puede ser un aliciente político y una oportunidad de adquirir capacidades técnicas.
El GIEI ha demostrado la posibilidad de remover la maraña de complicidades, omisiones y tergiversaciones que imperan en el ámbito político, militar y judicial. El GIEI fue fundamental para contraponerse a la “verdad histórica” construida hace siete años mediante tortura, invención de actuaciones y manipulación de evidencia. El GIEI fue fundamental ayer para apuntar líneas sólidas de esclarecimiento del caso, poner en duda la actuación de la FGR en los últimos meses, señalar la participación activa y omisiva del Ejército a diversos niveles.
5. La indiferencia hacia el dolor de las víctimas. Padres y madres dolientes nos han dado una lección enorme de dignidad. Buscan a sus hijos e hijas ante autoridades indiferentes, exigen justicia y empujan cambios institucionales de fondo que les permiten acceder a la justicia y garantizar la no repetición de los mismos hechos atroces que les han roto la vida. Bien lo dijo Javier Sicilia, en un país hundido en un charco de sangre, las víctimas con su tesón y dignidad son la “reserva moral” de nuestra sociedad. Su testimonio de lucha contrasta con las pugnas políticas (y antiéticas) que persiguen el poder por el poder mismo.
6. El periodismo es más necesario y está más vigente que nunca. La publicación sin testar del informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ); la revelación sobre la cancelación de las órdenes de aprehensión y sobre la renuncia del Fiscal Omar Gómez Trejo, nos permitieron conocer de mejor manera y de cuerpo entero la dimensión de la colusión criminal, militar y política que trata de ocultar la verdad y descarrilar el acceso a la justicia para los 43 y sus familias. La filtración del informe de la COVAJ incomoda al oficialismo porque trasluce esa complicidad justo cuando se pretende co-gobernar con el Ejército. Saber lo que sabe en términos de abuso de poder es una aspiración de cualquier sociedad democrática. El periodismo es una herramienta básica para garantizar nuestro derecho a la información y poner luz sobre dichos abusos.
