Como cada día 26 de cada mes, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México y otras poblaciones del País para exigir de nuevo justicia y la presentación con vida de sus hijos. Pero ahora, al cumplirse ocho años y un mes de la trágica noche de Iguala, Guerrero, del 26 y 27 de septiembre de 2014, los padres tienen más dudas de las que la investigación sobre esta desaparición masiva concluya satisfactoriamente y que los responsables sean castigados.
A pesar de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Comisión Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, afirman que la investigación se mantiene firme y que hay voluntad política para resolver la desaparición de los 43 normalistas, al mismo tiempo reconocen que desde dentro del Gobierno hay resistencias poderosas que no quieren que se conozca la verdad .
Así lo reconoció el Presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera del jueves 27 de octubre cuando admitió que desde la misma Fiscalía hay resistencias y que incluso hubo intentos internos de “dinamitar el caso”. Lo explicó al hablar de las órdenes de captura emitidas tras la presentación del informe Ayotzinapa en agosto pasado: “Inmediatamente surgió la sospecha de cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”.
En esa misma rueda de prensa, habló el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y también reconoció poderosas resistencias desde dentro del Gobierno para que se llegue a la verdad en este caso: “primero fue enfrentar las inercias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego, aparecieron las filtraciones, nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego, siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí, pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogados de denuncias penales”.
Hay al menos dos fuentes de estas inercias y resistencias desde el seno del Gobierno federal que tratan de obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa: la Fiscalía General de la República y las fuerzas armadas.
Como se sabe, como parte de las órdenes de aprehensión emitidas tras la presentación del informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, se anunciaron la emisión de 83 órdenes de aprehensión, entre ellas de 20 militares. Posteriormente se retiraron varias órdenes, 16 de integrantes de las Fuerzas Armadas. En este momento hay cuatro militares detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición masiva de los 43 normalistas rurales: el General brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27º batallón de infantería en Iguala; el Capitán José Martínez Crespo; el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado Eduardo Mota Esquivel.
Como fue conocido por un correo filtrado por el colectivo Guacamaya, el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval intercedió por al menos uno de estos detenidos (por Rodríguez Crespo) directamente ante el Presidente López Obrador. Y al mismo tiempo se sabe que la Sedena patrocina la defensa legal de los cuatro militares detenidos a través de un poderoso despacho legal. Ya los abogados de los militares, César Omar González y Alejandro Robledo, anunciaron que contraatacarán con una demanda legal en contra de Alejandro Encinas porque aseguran que sus defendidos fueron acusados con “información falsa”.
Todo indica que la mayor resistencia a que se esclarezca la verdad sobre el caso Ayotzinapa proviene de las Fuerzas Armadas. Como lo denunció don Emiliano, padre de unos de los 43 normalistas desaparecidos, “cuando las investigaciones comienzan a señalar al Ejército se cierran las puertas”. Es decir, la búsqueda de la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa topa con cuartel.
