"Jumapam cancela, cada día, al menos 10 conexiones irregulares"

Al día, la Jumapam clausura unas 10 tomas clandestinas en diferentes partes de la ciudad, anunció Quel Galván Pelayo.

El balance de la paramunicipal es que el 60 por ciento del suministro de agua potable se “pierde” entre estas prácticas ilegales y fallas técnicas, pues también se desperdicia por la gran cantidad de fugas debido a redes obsoletas.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha declarado que el robo de agua se toleró y al asumir el cargo, en noviembre pasado, se detectó una red que vincula a trabajadores parte de la cadena que habría permitido esto. Para él Mazatlán enfrenta un “aguacoleo”, como lo hallado, similar a lo que sucede en Pemex con el robo de combustible.

Al cumplir 70 días de Gobierno, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, enfrenta problemas de recaudación debido a las prácticas ilegales que imposibilitan el ingreso de recursos, y a omisiones internas para no cobrar servicio.

Hoy la paramunicipal lucha contra el robo de agua desde ejidos hasta fraccionamientos residenciales, pasando por invasiones donde el servicio de tomas comunitarias lo cobran líderes de vecinos, no el Municipio.

Jumapam localiza toma clandestina de agua potable afuera de un hotel de Mazatlán

Galván Pelayo aseguró que en invasiones detectaron tomas colectivas, cuyo recurso por consumo no llega al erario, el dinero no ha ingresado en años. Lo mismo ocurre con cinco de los fraccionamientos amparados, algunos hasta con 900 viviendas.

En sus cálculos, dijo, la pérdida de recurso por servicio a estas viviendas implica cerca de un millón de pesos cada mes, es decir, la Jumapam les brinda el servicio sin costo mientras el amparo esté vigente, pero eso le genera una pérdida cercana a los 12 millones de pesos por año.

Reconoció que el robo de agua, en distintas modalidades, va más allá de un impacto a las finanzas, los ha obligado a cambiar el esquema operativo de supervisión, fiscalización, y detectar tomas ilegales, lo que garantizaría el pago porque el 60 por ciento del líquido que se consume en la ciudad no se paga, en gran medida, debido al clandestinaje.

En noviembre pasado la Jumapam cortó el servicio al estadio de béisbol “Teodoro Mariscal” al detectar una toma ilegal y un adeudo por 2.9 millones de pesos. Al parecer la habilitaron, pero no se regularizó. Así recibió servicio por meses.

Unos días después, detectaron otra toma clandestina en el hotel San Diego, entre las avenidas del Mar y Rafael Buelna; y el mes pasado el Alcalde anunció otra toma ilegal, ahora en el Polideportivo de la UAS, una toma que desde 2013, cuando se inauguró el recinto, suministró pero nadie pagó porque no la registraron ante el organismo operador.

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Hasta ayer las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa seguían sin servicio.

“Lo único que ha hecho, es acercarse a recoger el acta de la audiencia, pero ellos ya tienen la notificación de la multa, no tienen servicio, se está esperando que resuelvan, estamos esperando que se acerquen, y si no, haremos, a través del Ayuntamiento, que se vuelva un crédito fiscal, si es que no pagan. Lo importante es que se acerquen y reestablecer servicio... porque al rato van a necesitar las instalaciones y van a decir que no queremos (reconectar)”, agregó.

Y precisó que el Polideportivo no tenía medidor ni registro.

Aunque no tienen la cantidad total de tomas ilegales detectadas, sí tienen el registro de cada 24 horas.

“Día con día (hay) más de 10 cortes, incluso, fraccionamientos como El Cid hemos encontrado que gente directamente de la toma se conecta a la red, no es exclusivo de los que no tienen necesidad, pero hay mucha gente de las colonias de menos recursos que se han acercado a decir 'mi medidor no funciona' y por eso estamos tratando de acelerar la revisión de medidores”, comentó.

En el caso de la zona rural el robo también es práctica común, en algunos ejidos Jumapam ha detectado riego con agua potable que no se contabiliza en esas cantidades; en sindicaturas también hay esta práctica: el consumo no registrado y no pagado.

Para el gerente general la única manera de ir contra este “aguacoleo” es intensificar la supervisión, acercarse a los desarrolladores, de vivienda para exigir la regularización de las tomas antes de ser habitados, y conveniar los pagos con ciudadanos y empresas morosas.