Este martes se dio a conocer el ingreso de una bebé de seis meses al Hospital Pediátrico de Sinaloa con fracturas en ambas piernas. Originaria de Cosalá, se supo que fue su padrastro quien le ocasionó las lesiones, pero hasta el momento, no se sabe si el acusado ya había sido detenido.
Este es uno de los tantos casos de violencia familiar que se registra en Sinaloa y que debe llamar la atención de las autoridades para poner en marcha una estrategia que contribuya a evitarlos o en su caso, sancionarlos cuando haya la denuncia correspondiente.
Y debe llamar la atención de las autoridades porque varios de los indicadores sobre la violencia en Sinaloa, como el Semáforo Delictivo, señala de manera constante que se trata de uno de los delitos más recurrentes y de más alta incidencia que hay en la entidad.
Con 623 casos registrados en agosto, en este año, se reporta un aumento del 16 por ciento comparado con lo que se había registrado en 2022 y un 28 por ciento con la media de los últimos años.
El lugar con más casos de violencia familiar es Culiacán, que suma 223 denuncias, seguido de Ahome con 138 casos y Mazatlán, con 82.
Estos datos deberían servir como un parámetro donde las autoridades pongan un esfuerzo para evitar que más casos de este tipo sigan registrándose en Sinaloa.
Lo más importante es que se prevengan actos de violencia en el seno de las familias, pero también, que las víctimas conozcan a quién acudir para interponer las denuncias y que los agresores estén conscientes de que serán castigados por los daños ocasionados.
Porque de nada vale que las familias se atrevan a denunciar las agresiones de las que son víctimas si el sistema de procuración de justicia no cumple con su parte y sanciona a quienes participan en la violencia dentro de las familias.
Es verdad que para que una política pública funcione se requiere de la participación de todos y en casos como la violencia familiar, mucho más. Pero también, cierto es, que se requiere de autoridades que generen confianza y que quien agreda será sancionado.
