Las fiscalías, es decir, los ministerios públicos, son usualmente una de las patas de las que cojea el sistema de justicia en México.
No es desconocida la mala fama que tienen entre los ciudadanos, desde hacer caso omiso o ningunear denuncias, hasta manipularlas ya sea por coacción o por corrupción.
Miles de mexicanos han padecido en alguna ocasión las deficiencias de esta toral rama de la justicia.
Por supuesto que en Sinaloa no es la excepción. Por más promesas e intentos de renovación, pasa sexenio tras sexenio y la situación cambia poco, no cambia o incluso empeora.
A la llegada de Sara Bruna Quiñonez a esta dependencia en el estado se vio un rayo de esperanza, pues la maestra había mostrado como Jueza que no se dejaba amilanar e imponía la ley ante todo.
Sin embargo, ahora es de todos conocidos la situación que pasó con el caso de la cuestionada investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y la posterior salida obligada de la titular de la Fiscalía de Sinaloa.
Hoy, el proceso de selección del nuevo Fiscal avanza. Fueron 25 los perfiles que se presentaron ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública, siendo éste el primer filtro para presentar ayer cinco propuestas ante el Gobernador Rubén Rocha Moya y que éste presente tres últimas al Congreso del Estado para la elección final.
Ojalá y así como está siendo de abierto y transparente el proceso de selección hasta ahora, así continuara la labor de la Fiscalía estatal una vez elegido el titular.
Una profunda renovación, reestructuración y mejora de la operación de la dependencia y los procesos de investigación es imprescindible para una verdadera aplicación de la justicia.
“Promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del estado y la sociedad, conforme a lo establecido en la constitución y las leyes de la república”, es así como se define la labor de un ministerio público o Fiscalía.
Es todo lo que pedimos. Ni más, ni menos.
