A la espera de que circulara mayor información sobre la investigación por el ataque a balazos a la sede del diario Adiscusión en Culiacán, no habíamos abordado el tema que obligaba.
Y es que cuando nos sentimos más vulnerables como medio es cuando atacan a un medio colega.
En Sinaloa, prácticamente todos los medios hemos recibido algún ataque, amenaza o por lo menos advertencia.
Lo hemos dicho en innumerables ocasiones: no es sencillo hacer periodismo en este estado y en este País. Y sí, más veces de las que quisiéramos nos sentimos solos y vulnerables.
Por eso el que Adiscusión haya sido baleado en medio de la noche con absoluta impunidad no nos sorprende pero sí nos indigna, nos alarma y nos alerta.
La organización internacional Artículo 19 documentó que en 2023 en México se registraron 561 agresiones contra la prensa, lo que significa que, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.
Esta cifra, precisa Artículo 19, incluye la desaparición de un periodista en Veracruz y los asesinatos de cinco periodistas en el transcurso del año.
De hecho, este sexenio es ya uno de los más letales para el periodismo, pues desde 2019 a marzo de 2023 habían sido asesinados 43 periodistas, según documentó Artículo 19 hace semanas.
Pero hasta ahora ya esa cifra ha aumentado a 46. Sólo es superado hasta ahora por el sexenio anterior, cuando mataron a 47 periodistas en México.
Un panorama desolador para nosotros, y preocupante para el País.
En el informe presentado por Artículo 19 en febrero, sobre la situación de la prensa en 2023, se señala que los ataques a medios de comunicación son diversos: intimidación y hostigamiento el más denunciado, seguido de amenazas y luego uso ilegítimo del poder público.
Pero luego aparecen enlistados en orden de cantidad los siguientes: bloqueo o alteración de contenido, ataque físico, acceso ilícito, ataque a bienes materiales, privación de la libertad, allanamiento, asesinato, desplazamiento, remoción de contenido, dominios falsos o cuentas falsas, ataques de denegación de servicio, desaparición y tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En ese mismo informe se señala el origen de los agresores y precisamente más de la mitad provienen del propio Estado mexicano, es decir, de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civiles y fuerzas armadas.
Pero también han sido originadas por particulares, por el crimen organizado y por partidos políticos.
Irónicamente, las coberturas de mayor riesgo no son las relacionadas con seguridad, la primera más nombrada es la temática de corrección y política.
Seguridad y justicia es la segunda temática de cobertura más señalada en las agresiones.
Y a esas dos les siguen las coberturas relacionadas con protestas y movimientos sociales, derechos humanos, sector privado y tierra y territorio.
Todo esto con base en el informe de Artículo 19 sobre las incidencias del 2023.
¿Por qué señalamos todos estos datos? Porque es necesario el alto y la reflexión, y sobre todo, lanzar la voz de alarma. Aún cuando parezca que lanzamos gritos en el desierto y que nuestros señalamientos caen en saco roto, lo único que no podemos hacer es dejar de señalarlo.
Sí, la crisis de violencia nos afecta prácticamente a todos en México, por supuesto los medios no somos la excepción, y no es que seamos especiales y los ataques a nosotros y nuestros colegas importen más, sino que el ataque a un medio va más allá de un acto contra un individuo, es un ataque a la sociedad en general, al deseo de grupos de no querer que los ciudadanos sean informados, a vulnerar ese derecho por sus propios intereses.
La Organización de Estados Americanos, OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
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