Sin Fiscalía Especial periodistas y activistas
Pendiente, OIC del Instituto de Protección
A manera de recordatorio, la 64 Legislatura del Congreso del Estado no debe irse sin modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear el brazo ministerial que atienda los casos de agresiones o amenazas contra periodistas, activistas y luchadores sociales como sectores que al realizar actividades de alto riesgo siempre están en la mira de intolerantes y autoritarios que reinciden en situarse por encima de autoridades e instituciones de procuración e impartición de justicia. En el contexto de parlamentarismo que muestra urgencia en abatir los rezagos, no está de más marcarle en la agenda este otro pendiente.
Una vez que desahogue el proceso para designar al titular del Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, o paralelamente, la Cámara local se hallará frente a la pertinencia de dar los cerrojazos inherentes a la Ley que de manera histórica aprobó en mayo de 2022 en resguardo de la prensa, ombudsman y quienes libran batallas desde cualquier trinchera de la sociedad civil.
Es que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sí significa la piedra cimental del esfuerzo para fortalecer en Sinaloa la libertad de expresión y el derecho a la información, sin embargo, la obra quedará inconclusa si no se le apuntala con los órganos e instituciones que la misma norma determina como pilares. El logro de la norma protectora hay que reconocérselo a las bancadas de los partidos; al presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez; a Ricardo Madrid, que preside la Mesa Directiva, así como a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que estuvo a cargo de Ambrosio Chávez y hoy la lidera Gloria Himelda Félix.
Pero, señoras y señores diputados, tal como lo señala la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, en oficio dirigido al líder de la Jucopo con fecha 1 de julio, está viva la confianza en que el Congreso realice su labor de legislar para crear la Fiscalía en esta materia antes del último día del mes en curso cuando concluya su último período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. La reunión con Feliciano Castro es, en efecto, para conocer la situación que guarda dicho proceso legislativo.
El artículo 5 de la Ley de Protección establece que toda agresión a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas será atendida e investigada por las autoridades correspondientes, de manera inmediata y oficiosa y, por lo tanto, determina en el transitorio cuarto que “dentro de los sesenta días posteriores al inicio de vigencia del presente decreto el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para regular la creación de la Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas”.
Pasaron los sesenta días e inclusive han transcurrido más de dos años sin que el Congreso cumplimente tal disposición. Mientras, las agresiones y amenazas a periodistas y activistas se agregan al cúmulo de denuncias por delitos cometidos contra los sinaloenses en general, quedando en la impunidad o en indagatorias a medias casos como el crimen que le quitó la vida al periodista Luis Enrique Ramírez, el 5 de mayo de 2022, o el ataque con armas de fuego disparadas contra el edificio sede del diario digital Adiscusión, el 13 de junio.
Otra muestra de la importancia de implementar la Fiscalía Especializada tiene que ver con la intensa actividad que reporta el Instituto Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que preside Jhenny Judith Bernal Arellano, por ejemplo las 79 medidas otorgadas en mayo reciente siendo 45 de protección, 5 de atención y 29 preventivas que se integran en 10 expedientes registrados por posibles delitos de amenazas y obstaculización de la labor de prensa y DDHH, con particulares y servidores públicos como presuntos perpetradores. Esto da una idea clara de los varios tipos de vulnerabilidad que impactan en el desempeño de las tareas de periodismo y defensoría social.
Entonces, al poner el dedo en renglón por la Fiscalía Especializada que falta, resalta junto a la situación de indefensión el apremio de que opere la instancia ministerial que dedique mayor empeño y voluntad en atender los delitos cometidos contra la libertad de expresión, derechos humanos y lucha cívica, sentando precedentes de consecuencias jurídicas que inhiban a los que estimulados por la impunidad proponen el silenciamiento mediante la mordaza o la mortaja.
En esto se sustenta la expectativa de que la Legislatura que dio el paso trascendente de aprobar la Ley de Protección, realice el resto en los días que le restan en funciones, sentando las bases para continuar abriendo más el paraguas de una norma de permanente carácter perfectible.
Si causaron mucha alegría,
Con el Instituto de Protección,
Pues si nos crean la Fiscalía,
Será completa la satisfacción.
Qué bonitos son los amaneceres que traen buenas nuevas como el de ayer que vino con la noticia de que regresó ileso con su familia el maestro y campeón de ajedrez Paúl Omar Pérez Avendaño, privado de la libertad a la fuerza desde el 25 de junio en Navolato. Y reconforta también la corroboración de que estos hechos violentos tienen mayores posibilidades de desenlaces positivos cuando la sociedad entera se une en la búsqueda y la exigencia de que las víctimas sean retornadas sanas y salvas a sus hogares. Y cada vez que la violencia intente arrebatarnos a alguien, hagamos lo que ya sabemos hasta que el alba nos lo devuelva.
