Denuncian ilegalidad de terreno donde se ubica la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira

LOS MOCHIS._ Una cooperativa pesquera asentada en la Bahía de Ohuira presentó una denuncia señalando ilegalidad del terreno donde se pretende construir la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México.

La denuncia, “por ocupación, uso, relleno y construcción de edificaciones en zona federal marítima terrestre sin contar con la concesión correspondiente”, fue admitida el 22 de noviembre por las delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, y al día siguiente por la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los denunciantes argumentan tener interés legítimo por contar con un título de concesión en esa área para la pesquería de camarón azul, blanco y café, que fue prorrogada el 16 de junio con vigencia hasta el año 2045.

Exponen que el 31 de mayo de 2017, el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, de la Semarnat, otorgó a la empresa GPO la concesión de 12 mil 368.9 metros cuadrados exclusivamente para uso de protección, no autorizándole la instalación de elemento alguno ni la realización de construcción ni de actividad alguna.

Pero las bases y condiciones del título de concesión fueron modificadas, permitiendo en una superficie concesionada de 36 mil 229.05 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, la instalación de un reformador principal, la colocación de terraplén y malla ciclónica, postes de iluminación, carretera, rack de tuberías de proceso, y la instalación del paso de tuberías de la red contra incendio, de una planta para producción de amoniaco anhidro.

Y señalan que se realizaron actividades no autorizadas, como la remoción de vegetación forestal y el relleno de playas marítimas adyacentes a la zona federal marítimo terrestre, apuntando que se afectó un ecosistema de manglar, destruyendo varios individuos de especies enlistadas en la NOM 059-SEMARNAT-2010, sin contar con autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal.

Acusan que la empresa GPO desecó, relleno y realizó actividades que destruyeron y alteraron humedales y cuerpos de agua del dominio público de la Nación, ubicados entre la zona federal marítimo terrestre y la superficie concesionada.

“Es importante resaltar que la LGBN, en su artículo 151, establece que las obras e instalaciones que sin concesión, permiso, autorización o contrato se realicen en inmuebles federales, se perderán en beneficio de la Federación, y que la Secretaría ordenará que las obras o instalaciones sean demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o compensación alguna”, se lee en la denuncia.

Además, señalan que las escrituras públicas son ilegales, pues los terrenos de los cuales amparan la supuesta propiedad se encuentran dentro de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, área que no es susceptible del régimen de propiedad privada.

En ese sentido, detallan que el trámite de regularización no se acompañó por parte de Rubén Benjamín Felix Hays, María Cecilia González Ayala y Armando Lorenzo Rodríguez Gámez, quienes vendieron los terrenos a la empresa GPO, y apuntan que ello fue encubierto por el Notario Público número 106, Antonio Óscar Ojeda Benítez.

“Bajo el amparo de dicha ilegalidad es que se han venido realizando actos de impacto nocivo al medio ambiente en la Bahía de Ohuira, Ahome, Sinaloa, en perjuicio de la vida silvestre y de los que dependemos de la pesca”, se señala.

“Al ser ilegal el acto por medio del cual se escrituró la supuesta posesión de dichos predios... resulta NULO e ilegal también cualquier acto posterior, relativo a dichos predios”, se agrega.

Que estos terrenos vuelvan a la nación: colectivo ‘Aquí no’

Gerardo Peña Avilés, ex Diputado federal e integrante del colectivo “Aquí No”, indicó que cuentan con las pruebas documentales sobre lo que denuncia la cooperativa pesquera, y reiteró que la ubicación del terreno es ilegal porque están en zona federal y sus escrituras son apócrifas.

“El deslinde oficial se hizo por un terreno que en realidad era estero, además que no se específica que está en el borde de la bahía. Se hizo así para que Semarnat, en México, pensara que estaban en un terreno baldío, en un llano, en un cerro, o no sé en dónde, por eso omitieron ponerle esas referencias, pero ese plano sin esas referencias es ilegal”, apuntó.

“El objetivo es que estos terrenos vuelvan a la Nación, no son terrenos es estero. Hay algo ganado al mar, que ya lo hicieron ellos, pero igual lo hicieron de manera irregular”, agregó.

Señaló que la Ley obliga a Semarnat a actuar en menos de díez días respecto a la denuncia, y exigió que los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Semarnat que se encuentran en Ahome como organizadores de la consulta sobre el proyecto, le pongan atención a estos señalamientos.

“Ya hubo un intento en 2015, y Profepa fue muy omiso, obedecía lo que le dijera el ex gobernador de Sinaloa... Pero ahora, si omiten su responsabilidad los vamos a obligar. Así como hemos hecho antes, los vamos a parar, para que actúen y hagan lo que tienen que hacer”, advirtió.

“Nosotros no estamos jugando, no estamos haciendo grilla. Están permitiendo un desorden en nuestro municipio, en zona federal, y tienen que ver cómo le ponen orden. Desde que estaban rellenando les dijimos que no se vale, que no se puede, que no se debe, y se burlaron”, añadió.