"Congelan 12 cuentas bancarias y tres empresas a dueños del ingenio de Los Mochis"
12 cuentas bancarias y tres empresas de Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y a José Manuel Arriola fueron congeladas de forma temporal por un juez de control en la Ciudad de Los Mochis.
La inmovilización se dictó a partir de que se solicitó “providencias precautorias”, como una medida de exigencia de pago de 6 millones de dólares por fraude en contra de la empresa Copasa, de Francisco Javier Paredes Alvarado.
El juez concedió las medidas, lo que originó que la empresa Copasa buscara iniciar un proceso penal en contra de los empresarios dueños del Ingenio Azucarero de Los Mochis.
Las empresas congeladas son Procavelf y Tamandaro, propiedad de De la Vega, y Agrocapital del Noroeste, de Alejandro Elizondo. Esta última firma es una de las principales operadoras de Grupo Ceres.
De acuerdo con Misael Alejandro Vázquez, abogado asesor de la empresa Copasa, las providencias precautorias tendrán una duración de 60 días naturales, por lo que es necesario agilizar el proceso jurídico.
Copasa solicitó que se llevara a cabo una audiencia inicial, en la que podría iniciarse un proceso penal si el juez correspondiente cree que hay datos de prueba suficientes para hacerlo, pues de lo contrario podría desecharse.
El juez concedió que se llamara a audiencia, pero en una primera oportunidad sólo asistió el empresario José Manuel Arriola y los abogados de Alejandro Elizondo y de Rodolfo de la Vega, por lo que fue reprogramada.
La mañana de este jueves se realizó otra audiencia para tratar de solicitar que se iniciara o desechara el proceso penal, pero ninguno de los empresarios asistió tras alegar con dictámenes médicos que no pudieron asistir pro problemas de salud.
El juez asignó el 25 de mayo como plazo fatal para que los empresarios asistan a la audiencia, en la que se les señala de haber hecho un fraude mayor a los 4 millones de dólares, pero que por gastos realizados posterior al hecho esta deuda podría ascender a los 6 millones de dólares.
De no asistir los empresarios, el Ministerio Público podrá hacer efectivas órdenes de aprehensión en su contra, para que entonces pasen por una investigación y sean llevados a posibles juicios.
La Fiscalía General también está denunciada
Por el caso de posible fraude genérico en el que se relaciona a los empresarios Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y a José Manuel Arriola, la empresa Copasa también denunció a la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con Misael Alejandro Vázquez, abogado asesor de la empresa, señaló que la investigación por posible fraude genérico inició hace más de un año, y que esta debía estar en secrecía, pero que ello se violó.
Indicó que los empresarios señalados obtuvieron información del expediente después de que el Ministerio Público con sede en Los Mochis filtró la información, violando así el debido proceso del expediente.
A partir de que se obtuvo esa información, aseguró, los empresarios pudieron hacer transferencias y cambios de propietarios de sus empresas para evitar algún cargo en su contra, lo que obligó a la empresa Copasa a acelerar el proceso judicial.
Por la filtración del documento, Vázquez acudió a la Fiscalía General en Culiacán para denunciar el hecho y solicitar una investigación interna, pero esta no fue recogida.
Vázquez entonces denunció también a la Fiscalía General ante su órgano interno, que recibió la queja después de que se tuvo intervención de la Procuraduría General de la República.
