"Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en el limbo"
Uno de los programas insignias del Gobierno federal ha sido la puesta en operación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que busca hacer llegar a las zonas más marginadas del País el acceso a la educación superior.
Sin embargo, aunque ya está en operación desde hace más de un año, hay algunos factores que no se están cumpliendo, revela un análisis elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En su análisis, señala que los principales resultados de esta evaluación apuntan a que el Programa UBBJG presenta deficiencias sustanciales en su diseño, cumpliendo solamente con 17.5 por ciento de los elementos requeridos.
Expone que la intervención comenzó su primer año de operación sin contar con un documento que presentara las características básicas de su diseño y describiera sus principales procesos operativos, como reglas de operación.
“Las UBBJG no cuentan con un documento diagnóstico (al menos público) que abunde sobre la problemática que aborda, en particular, sobre el perfil y cuantificación de la población que padece la problemática. A la luz de la normatividad vigente en materia de evaluación, esta carencia constituye una irregularidad”, aseveró.
El resultado principal es que ninguno de los 30 planteles evaluados, advierte, cumple con los requisitos de oferta educativa para la obtención de un RVOE de Educación Superior de acuerdo con la normatividad vigente.
Y el estudio señala que esto implica que los actuales alumnos de las UBBJG no podrán acreditar formalmente los estudios realizados a la fecha con fines de titulación oficialmente reconocida, o para la obtención de una cédula profesional.
Pero además, destaca que ninguna de las UBBJG cuenta con un espacio físico propio destinado exclusivamente para su operación. Los 30 planteles visitados tienen sedes temporales que resultan inadecuadas para prestar servicios educativos de calidad.
Y señala también que aunque el Programa establece que las instituciones de educación se ubicarán en localidades de muy alta y alta marginación, la lista de localización de los 100 planteles que conforman el Programa, difundida públicamente en la página del CREFAL, apunta a que sólo el 38 por ciento de ellos se ubica de hecho en localidades con dichos niveles de marginación.
El estudio propone que la operación de estas universidades busque mecanismos alternos de expansión para llegar a la población objetivo, pues a un año de operación de estas instituciones, el costo por alumnos es muy alto.
“Los resultados anteriores implican que es necesario explorar alternativas para brindar a la población en desventaja la posibilidad de cursar estudios terciarios de calidad en México”, indican.
Dada la inversión realizada con recursos públicos en años anteriores en el País en la educación superior, añade, la opción natural sería ampliar la infraestructura de planteles en operación ya existentes, o utilizar la capacidad instalada en otras instituciones de educación superior.
Esto es, agrega, ampliar la cobertura para poblaciones de escasos recursos a partir de una oferta consolidada, fortalecida, y de calidad acreditada.
El estudio menciona que otra vía en el mismo sentido sería la creación de “anexos”, lo cual implicaría que una IES ya existente genere las instalaciones necesarias en locaciones identificadas estratégicamente para facilitar la afluencia del mayor número de alumnos, operándolas con sus recursos de planta docente y administrativa, ofreciendo carreras existentes.
Cualquiera de estas medidas, señala, debe estar acompañada de apoyos complementarios, como subsidios para transportación, becas, y tutoría académica para lograr la nivelación de los estudiantes y disminuir el riesgo de deserción.
El objetivo de este estudio es evaluar la calidad de los servicios educativos ofrecidos a través del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (Programa o UBBJG), e identificar alternativas para mejorar su alcance y posible impacto. Esta intervención es la principal estrategia de política pública diseñada por el actual Gobierno de México para atender la exclusión de la educación universitaria en jóvenes de escasos recursos o que viven en localidades sin oferta educativa de este nivel, mediante la construcción de planteles en localidades de alta y muy alta marginación.
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