UNAM lamenta censura que impuso jueza, en suspensión a Yasmín Esquivel
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó y dijo no estar de acuerdo, el 17 de febrero de 2023, con la suspensión provisional que Sandra de Jesús Zúñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, concedió a Yasmín Esquivel Mossa, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para ya no emitir comunicados, declaraciones ni conferencias de prensa respecto a dicho caso.
“Sin que lo anterior pueda considerarse que afecta la libertad de expresión de las autoridades responsables, pues no debe olvidarse que las autoridades públicas deben tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones como servidores públicos”, afirmó la jueza.
“Esta casa de estudios es respetuosa de la ley y acatará lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referido, en el sentido de no divulgar información relativa al caso y hará uso de los recursos jurídicos a que tiene derecho”, señaló la UNAM en un boletín.
“La Universidad es un espacio de libertades, donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. En la Universidad no se acallan las voces; por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad. Por eso, la UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad”, indicó.
SCJN ANALIZA SUPUESTO PLAGIO DE MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un procedimiento para determinar qué trámite darán a las denuncias que han recibido contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, según informó el diario Reforma, el 17 de febrero de 2023.
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, inició el 7 de febrero de 2023, la consulta a trámite 1/2023, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine los pasos a seguir para atender las denuncias, en poder de su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).
El asunto fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara, quien deberá presentar al Pleno un proyecto con la propuesta respecto al trámite que corresponde. Según el citado rotativo, la consulta servirá para instruir a Piña Hernández el trámite que debería seguir.
La propuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “es necesaria porque no hay claridad sobre cómo procesar las denuncias contra una ministra en funciones por hechos que no ocurrieron durante su nombramiento en la SCJN, que inició en 2019, sino hace más de 35 años”, indicó Reforma.
“En este caso, Piña considera necesario aclarar si puede dictar el inicio de un procedimiento de responsabilidad, por lo que utilizó la facultad que le da el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de consultar al Pleno los asuntos de ‘trámite dudoso””, agregó el diario.
Según recordó el mismo rotativo, las denuncias contra Esquivel Mossa la han señalado por infracciones como no preservar la dignidad ni el profesionalismo propios de la función judicial, ni gozar de la buena reputación que la Constitución exige para dicho cargo.
“Se consulta al Pleno de la Suprema Corte la vigencia de los artículos 25, párrafo primero, y demás aplicables del Acuerdo General Plenario 9/2005, para efectos del trámite que debe seguirse en relación con los diversos oficios por los cuales el titular de la UGIRA remite diversas denuncias formuladas contra una persona integrante del Pleno de la Suprema Corte, y respecto de diversos escritos de denuncia relacionados”, dice el acuerdo de Piña Hernández, citado por Reforma.
El Acuerdo 9/2005 regula los procedimientos de responsabilidad administrativa contra el personal de la Corte, pero ninguno de los ministros que lo aprobaron sigue en funciones. Mientras que el artículo 25, faculta a la presidenta de la SCJN para “dictar el proveído inicial de los procedimientos señalados en el artículo 24 de este Acuerdo, con base en el dictamen presentado por la Contraloría”.
