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Seguridad

Tras tragedia, ordenan cierre de estación migratoria en Juárez

Rosa Icela Rodríguez anuncia que las personas migrantes extranjeras albergadas en dichas instalaciones serían trasladadas al Centro Integrador para el Migrante ‘Leona Vicario’

‘Desde ya y de forma definitiva’, Rosa Icela Rodríguez ordenó la suspensión de la estación migratoria temporal del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes extranjeros, por un incendio.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal confirmó que las personas migrantes extranjeras albergadas en dichas instalaciones, serían trasladadas al Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, ubicada en la misma ciudad fronteriza con Estados Unidos.

“Se ha tomado la determinación de suspender desde ya, y de forma definitiva, la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al centro integrador para el migrante Leona Vicario. Reiteramos la indignación y dolor por este tipo de hechos, nuestra política de cero impunidad, cero corrupción y cero impunidad”, señaló la titular de la SSPC.

La funcionaria federal detalló que el Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, del INM, no era una estancia provisional, pero será un lugar en el cual les ofrecerán alimentos y servicios médicos a los migrantes extranjeros.

Acompañada de Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodríguez Velázquez informó que el contrato que el INM otorgó a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, para prestar servicios en dicha estación migratoria e instalaciones del Instituto en 23 estados, será rescindido.

“Reiteramos que se inició el proceso administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que ocurrió en al menos nueve omisiones”, dijo la titular de la SSPC Federal, quien también indicó que la prestación de servicio tenía una vigencia de marzo del 2023, al 31 de diciembre del presente año, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 mdp.

Por su parte, Herrerías Guerra expuso que la Fiscalía General de la República examinará la legalidad del contrato con la empresa CAMS. Asimismo, enfatizó que era responsabilidad de los servidores de custodia, la seguridad de los migrantes retenidos y por lo que no estaban exentos de obligaciones, con base en el Artículo 51 de la Ley de Migración, que señala que deben recibir cursos básicos de formación, capacitación y adiestramiento de conformidad.

“Además de irregularidades, la FGR habrá de examinar puntualmente legalidad del contrato, omisiones que las personas empleadas desplegaron en los hechos, ya que por tratarse de empresa no están exentas de respetar derechos humanos, castigarse en su posición de garantes [...] Analizamos qué conductas constituyen un hecho delictivo, pues hay responsabilidad de quienes realizaban acciones de seguridad; será esclarecido”, insistió la titular de la FEMDH.

Por otra parte, Rodríguez Velázquez anunció que cuatro de los hospitalizados fueron dados de alta, pero que, sin embargo, 24 siguen internados. Además, indicó que Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, así como Zoé Robledo Aburto, y Pedro Zenteno Santaella -directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente, llegaron a Ciudad Juárez, para dar seguimiento a la salud de los migrantes, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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