Todos los juzgadores se pronuncian contra reforma; ‘somos contrapeso, no rendimos pleitesía’, dicen

La mayoría de los jueces y magistrados del país se pronunciaron contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno, por la mandataria nacional electa, Claudia Sheinbaum Pardo y el partido Morena.

A través de un extenso pronunciamiento que se leyó de forma simultánea en recintos judiciales de las 32 entidades federativas, los representantes de 1,700 jueces y magistrados federales y 54 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), denunciaron que durante los últimos seis años habían sido víctimas de calumnias, amenazas y discursos de odio que salían de Palacio Nacional y la Presidencia de la República.

Los juzgadores acusaron que los ‘Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial’, organizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no eran más que una práctica dilatoria para “maquillar” la destrucción del “único contrapeso al poder político absoluto”.

Asimismo, la mayoría de los jueces y magistrados del país negaron que pertenecieran a una élite y liberaran por sistema a delincuentes. Además, calificaron como un grave error la idea de someter su nombramiento al voto popular.

La mayoría de jueces y magistrados del país añadieron que la propuesta de reforma judicial, sí atentaba contra la división de poderes y la carrera judicial de una mayoría de servidores públicos provenientes escuelas y universidades públicas, destacando la falsedad de la mayoría de las acusaciones en su contra.

Los juzgadores advirtieron que el único fin de la reforma judicial “es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración de un poder político absoluto” y advirtieron que los jueces y magistrados federales están en contra de “cualquier invitación a compartir el poder político”.

La mayoría de jueces y magistrados del país agregaron que los impartidores de justicia, en contraste con un Gobierno que podía recurrir a grupos antimotines para imponer una decisión, solo tenían su “capacidad, independencia y autonomía” para poder emitir sentencias, por lo que tampoco recurrían al poder de las urnas para “juzgar o perseguir” personas por sus ideas políticas.

Los juzgadores señalaron que la iniciativa de reforma judicial que envió el presidente de la República a San Lázaro, el 5 de febrero de 2024, era una venganza y una represalia por “no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes”, es decir, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

La misiva fue firmada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), además de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; Todos Somos Guardianes de la Constitución; Justicia Independiente; el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal; y, la Asociación Mexicana de Juezas y Magistradas.

Por otra parte, en el marco del Día del Abogado, convocados por la JUFED, más de 200 magistrados y jueces federales, además de trabajadores del PJF, se manifestaron afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro, para protestar contra la reforma judicial.

Los impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación anunciaron que preparaban una estrategia jurídica para combatir la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados -de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), en el Congreso de la Unión, la cual facilitaría la reforma judicial.

El magistrado Mauricio Barajas Villa, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, explicó que se trataba de una estrategia legal de dos líneas contra la reforma judicial, una para revertir la captura de este Poder de la Unión por parte del Ejecutivo y otra contra la sobrerrepresentación de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM.

“La primera [línea de defensa], para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial; se trata de contener, revertir y reconducir por cauces racionales una reforma”, dijo el magistrado, durante su intervención, afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro.

“En otra acción también jurídica se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance (como de hecho no alcanzó) las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión”, abundó Barajas Villa.

“En este sentido, cabe reflexionar sobre dos aspectos fundamentales; lo que representa pretender que con el 52 por ciento de la votación se alcance más del 70 por ciento de las curules en la Cámara baja en clara contravención al principio de igualdad del voto, y, por otro lado, que se nos reitere como una decisión ya tomada esta anunciada reforma sobre la base de un supuesto referéndum ocurrido el dos de junio de este año siendo que, en realidad, esta reforma representó uno de tantos temas y propuestas de la campaña vencedora, que no ha sido sometida a una auténtica deliberación democrática en el seno del órgano parlamentario”, insistió el magistrado.

Por su parte, Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, afirmó que la elección de jueces mediante el voto popular y la creación de un tribunal de disciplina que verificarían sus sentencias, eran propuestas para someter la impartición de justicia y abolir el mérito como método de selección, para suplirlo por la política.

La jueza alertó que, de aprobarse en los términos propuestos, la iniciativa del Ejecutivo pondría en riesgo la democracia e, incluso, la República.

“Tenemos que decirlo con toda contundencia: una reforma apresurada, fincada en un solo punto de vista, es inaceptable para nosotros, pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República”, señaló Fuentes Velázquez.

“Si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”, enfatizó la jueza.