"Todos los casos en que se señala corrupción con Peña (Higa, OHL, Odebrecht…) llevan a Videgaray"
Ciudad de México (SinEmbargo).- La corrupción y las irregularidades tuvieron diversos rostros y caminos durante el sexenio pasado.
Muchos de ellos, de manera directa o indirecta, fuera de manera local o federal, estuvieron relacionados con el ex Secretario de Hacienda (2012-2016) y de Relaciones Exteriores (2017-2018) Luis Videgaray Caso, de acuerdo con diversas investigaciones del Gobierno federal que aún están en curso.
“Tiene que ser comprobado jurídicamente pero, Videgaray fue como el cerebro de todas estas tramas de corrupción que se destaparon en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cerebro porque es una forma de tomar decisiones de Luis Videgaray, en donde confunde los intereses privados con la toma de decisiones del Gobierno”, dijo a SinEmbargo el analista político de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Enrique Toussaint.
“Videgaray como Carlos Salinas son mentes brillantes que, definitivamente, no usaron esa brillantez y esa inteligencia para construir bien público, sino para enriquecerse y plantear una agenda transversal a la del Gobierno. Hasta donde se sabe, Videgaray tenía presencia en todas las secretarías de Estado con fines fieles a él”, dijo a este diario digital el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
El académico refirió que los miles de millones de pesos desviados durante el sexenio pasado “no se pueden entender en espacios autónomos de corrupción de mandos medios superiores hacia abajo. Los miles de millones de pesos no pudieron perderse sin el evidente conocimiento de la Secretaría de Hacienda. […] Videgaray –como muchos otros– por supuesto que lo sabía; pero también sabía cómo no dejar huellas o cómo, eventualmente, no quedar implicado en los grandes saqueos”.
Recientemente, por ejemplo, el abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, pidió que el Gobierno federal investigue a Videgaray y al ex Presidente Peña por las irregularidades en las compras de las plantas de fertilizante Agro Nitrogenados y Fertinal, entre los años 2013 y 2015.
La petición de Javier Coello Trejo tiene que ver con la inhabilitación y orden de captura en contra de Lozoya, luego de que el Gobierno federal determinara que hubo malos manejos en la compra de las plantas “chatarra” que, en el último año de Peña Nieto y según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), causaron un boquete de más de 5.1 mil millones de pesos en obras de rehabilitación, derivado de “pérdidas por deterioro”, “costos adicionales” injustificados y adeudos desligados de obras “debidamente concluidas”.
“Es incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra”, dijo Coello en conferencia de prensa este año, advirtiendo que personas como Videgaray, que formaron parte del Consejo de Administración de Pemex, también tienen responsabilidad en el asunto.
Las actas de Pemex indican que Videgaray fue integrante de dicho Comité durante 2013-2014. Y la Ley de la Empresa Productiva del Estado, en su Artículo 35 establece que, como tal, Videgaray sería “solidariamente responsable” de las irregularidades y daños que puedan ser probados, toda vez que estuviera enterado de los hechos, pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el daño.
Para Toussaint, “Luis Videgaray Caso, Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin… toda esta plana mayor de funcionarios del peñismo eran operadores de intereses que buscaban fortalecer la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional [PRI]”, a través de “redes de sobornos, moches y contrataciones” que funcionaron durante la primera mitad del sexenio, antes de que las tramas se vinieran abajo.
La manera de operar de Videgaray fue, en ese sentido, un reflejo de la forma de actuar del Gobierno peñanietista que, por medio del dinero de empresas nacionales y trasnacionales, además del desvío de recursos públicos, financiaban una estructura al “viejo estilo priista”, comentó el analista político de la UdeG.
“Si podemos caracterizar al sexenio de Peña Nieto –y eso también explica la victoria de Andrés Manuel López Obrador– es el arribo al Gobierno federal de un grupo político –Atlacomulco– con muchísimos intereses económicos, que protege y ampara a distintos intereses fácticos de nuestro país. El Grupo Atlacomulco del Estado de México, el peñismo, es la culminación del contubernio entre la élite política y la élite económica […] que gobernaban y se protegían en conjunto”, con una forma de enriquecimiento y obtención de recursos caracterizada por el desvío de recursos”.
Dentro de este entramado, “como brazo económico, empresarial y administrativo de Peña Nieto”, añadió Toussaint, sería “imposible” que Luis Videgaray Caso no estuviera al tanto de los principales esquemas de licitaciones, concesiones y acuerdos que devinieron en actos de corrupción.
Sin embargo, la responsabilidad de Videgaray en las irregularidades de casos como el de Pemex va más allá de su actuar como funcionario público. Antes de formar parte del Consejo de Administración de la petrolera, el ex Secretario de Hacienda laboró (1998-2000) para Evercore (antes Protego). Una compañía que en 2015 fue contratada por el Gobierno federal, para valuar la compra de las plantas de Fertinal.
La vida laboral de Videgaray en Evercore no sólo fue una pieza clave para la compra de las plantas “chatarra” sino que, asimismo, hizo que Videgaray y Lozoya –quien entonces trabajaba en OHL– terminaran por conocerse y entablar una gran amistad y vínculo profesional, según las declaraciones del ex titular de Pemex, en entrevista (2012) con ADNPolítico.
“Un mes y medio después de ser nombrado Lozoya Austin como director general de Pemex, tan sólo un mes y medio después, Pemex adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones, un proyecto de mega infraestructura gasífera con un costo de más de 2 mil millones de dólares. Ese mega proyecto se le asignó […] a Sempra, ahora IEnova, empresa que dirige en México Carlos Ruiz Sacristán, compañero del propio Lozoya Austin en OHL. ¿Quiere saber a qué empresa asignó Pemex para llevar a cabo el armado financiero? A Protego, de Pedro Aspe”, le dijo a Videgaray la entonces Diputada Luisa María Alcalde Luján, durante una comparecencia (2013) en el Congreso de la Unión.
Pero el nombre del ex Canciller mexicano y su presunta relación con actos de corrupción aparece no sólo en el sexenio presidencial de Peña Nieto, también en su campaña.
Luis Videgaray Caso coordinó en 2012 la campaña política del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Era febrero, cinco meses antes de las elecciones y la mano derecha de Peña, Videgaray, ya dejaba huellas en el lodo con una presunta triangulación de recursos ilícitos provenientes de una cuenta del Estado de México (Scotiabank no. 03800806935) para favorecer al PRI, de acuerdo con una denuncia pública del entonces coordinador de campaña de López Obrador, el Senador Ricardo Monreal Ávila.
Monreal también aseguró que Videgaray estaba registrado (cliente no. 123941072) como uno de los administradores de la cuenta bancaria del Gobierno mexiquense que, de febrero a junio de 2018, tuvo ingresos “inusuales” de más de 8.6 mil millones de pesos mientras que, desde 2011, dicha cuenta tuvo movimientos mensuales promedio de 153 mil pesos. Sin embargo, el rastro de los “ríos de dinero” denunciados por Monreal fue incierto pues, tan pronto como inundaban la cuenta, fluían “para tratar de comprar la Presidencia de la República”.
Como director de campaña, Luis Videgaray estuvo metido en las decisiones financieras de Peña Nieto. De acuerdo con Enrique Toussaint, “cuando se acercan inversionistas –como Odebrecht, OHL, entre otros– lo normal es que el director de campaña sepa los números, los compromisos y el costo que tiene recibir ese tipo de inversión de empresas trasnacionales”.
Las irregularidades durante la campaña política de 2012 –que surgieron a la par que el caso Monex– no pararon con la afluencia de dinero. Monreal acusó que Videgaray manejaba recursos del Estado de México a pesar de que, a partir de 2009, dejó de ser funcionario público en la entidad federativa. De ahí en adelante, hubo incongruencias administrativas que acompañaron a Videgaray en sus años de gestión como funcionario del Gobierno federal.
GRUPO HIGA
Luis Videgaray cumplía dos años como Secretario de Hacienda y Crédito Público cuando el Wall Street Journal reveló que poseía una casa de 7.5 millones de pesos (constantes a 2014) en Malinalco, Estado de México. Una propiedad adquirida por Videgaray a través de Juan Armando Hinojosa Cantú, fundador de uno de los principales contratistas gubernamentales durante el sexenio peñanietista, la constructora Grupo Higa.
Al igual que la llamada “casa blanca”, el inmueble de Malinalco salió a la luz pública en un momento en que Grupo Higa y el Gobierno de Peña Nieto eran acusados de hacer negocios con tráfico de influencias y conflictos de interés.
Aunque Videgaray se defendió diciendo que la casa fue comprada dos meses antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, en un momento en que no tenía un cargo público, existieron contradicciones que el Secretario de Estado no pudo esclarecer del todo, como lo fueron la hipoteca de 532 mil dólares con Grupo Higa –en lugar de una institución financiera– y con una tasa de interés (5.31 por ciento anual) inferior a la del promedio de los bancos (12 por ciento anual en 2012); o el cobro del pago en cheque de Videgaray por parte de la empresa, un año después de la entrega del mismo.
Hasta ese año, la empresa de Hinojosa Cantú tenía amarrado un contrato de 3.4 mil millones de dólares para construir el acueducto más extenso de América Latina, conocido como Monterrey VI, así como en un proyecto de 460 millones para un nuevo museo en la ciudad colonial de Puebla. Sin embargo, Videgaray e Hinojosa ya llevaban una década como “amigos”, según las declaraciones de ese año del Secretario de Hacienda. Esto es, desde que Videgaray estuvo en las filas de la consultoría Protego, la cual se encargó de renegociar la deuda (30 mil mdp) del Estado de México durante la administración de Arturo Montiel Rojas (1999-2005).
El escándalo de la “casa blanca” y de Malinalco no sólo destapó “graves conflictos de interés entre las empresas concesionarias de infraestructura federal, con el Presidente y su Secretario de Hacienda”, como señaló (2015) el centro de análisis e investigación Fundar. A finales de 2014, los vínculos de Videgaray con Grupo Higa coincidieron con un escándalo a nivel internacional, ligado a la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.
La construcción del Tren de Alta Velocidad fue anunciada en diciembre de 2012. Casi dos años más tarde, el 3 de noviembre de 2014, el Gobierno federal informó que la compañías chinas Railway Construction Corporation y CSR Corporation Limited, así como la francesa Systra y las mexicanas GHP Infraestructura, GIA, Prodemex y Teya (subsidiaria de Grupo Higa) habían obtenido la licitación pública internacional de 40.7 mil millones de pesos para su puesta en marcha. Empero, tres días más tarde, el Ejecutivo Federal anunció que el fallo de la licitación quedaba sin efecto.
La cancelación se debió, en parte, a la participación de la constructora Treya que se llevaría 8.9 mil millones de pesos con la obra de infraestructura pública. El 6 de noviembre de 2014, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que el Presidente Peña Nieto aprobó la revocación del fallo para evitar que un proyecto tan importante fuera cuestionado por el escrutinio público, en el marco de los escándalos de la “casa blanca” y el inmueble de Malinalco.
LA ESTAFA MAESTRA
Entre 2013 y 2014, 11 dependencias del Gobierno federal utilizaron un esquema de triangulación de recursos públicos, a través de 186 empresas, además de universidades estatales, para desviar más de 7.6 mil millones de pesos, de acuerdo con una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
El “posible delito de Estado”, de acuerdo con las declaraciones (2019) del Fiscal General de México Alejandro Gertz Manero, habría sido encubierto por diversas instancias públicas, entre las que se encuentran las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
En los años en que ocurrió la llamada “Estafa Maestra”, Luis Videgaray tuvo a su cargo a un Servicio de Administración Tributaria (SAT) incapaz de detectar a las empresas que simularon domicilios fiscales y emitieron facturas apócrifas. También tuvo a su cargo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que no detectó las cuentas de banco que fueron abiertas con documentos falsos, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fue incapaz de prevenir el desfalco y el lavado del dinero público.
Incluso, este año la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, refirió que también “en Relaciones Exteriores estuvo la ‘Estafa Maestra’. Se hizo un convenio de colaboración con una institución de educación superior pública menor para que se le diera un entregable, un manual de operación” para la aplicación de un reglamento.
Pese a que Videgaray aún no estaba al frente de la Cancillería de México, este tipo de irregularidades continuaron bajo su administración. En la primera entrega de la Cuenta Pública de 2018, la ASF reconoció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no reguló, coordinó ni registró los donativos internacionales para la reconstrucción posterior a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
“Se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, observó el órgano fiscalizador en una revisión de desempeño dictaminado el 6 de junio pasado.
Al igual que Gertz Manero y Eréndira Sandoval han denunciado las deficiencias de la SHCP, la ASF determinó que “las deficiencias e insuficiencias detectadas denotan que la SRE no contribuyó a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población”.
En ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas indica en su Artículo 6 que “todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público”.
Asimismo, el Artículo 62 establece que “será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”.
VIDEGARAY, BELTRONES Y DUARTE
Así como en febrero de 2012 –a cinco meses de la elección presidencial de ese año– Luis Videgaray Caso fue acusado de un desvió millonario de recursos del Estado de México a favor del PRI, en 2016 habría orquestado, junto con el entonces presidente del partido Tricolor, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el otrora Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales a los bolsillos del PRI, para los comicios federales del 1 de julio de 2018.
El escándalo de corrupción electoral surgió a raíz de una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. En el entramado de malversación de fondos públicos también habrían estado involucradas las administraciones de Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, cuyas secretarías de Hacienda y Educación Pública participaron como excipiente de transferencia de recursos estatales al PRI.
De acuerdo con la información pública divulgada al respecto, la llamada “Operación Safiro” habría funcionado de la siguiente forma: Los 250 millones de pesos habrían sido desviados desde la Secretaría de Hacienda –encabezada por Videgaray– a entidades con gobiernos priistas (Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz). Despúes, los recursos entregados a los gobernadores –César Duarte Jáquez, Egidio Torre Cantú y Javier Duarte de Ochoa– fueron enviados, en coordinación con Beltrones, a entidades federativas en donde el PRI era oposición, para reforzar el aparato político-electoral del partido, rumbo a los comicios de 2018.
En la trama de corrupción también habría operado el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, quien por años amparó una resolución de Controversia Constitucional para evitar que hubieran investigaciones relacionadas con la “Operación Safiro”, como en el caso del impedimento legal para que la FGE de Chihuahua indagara (y que aún está en proceso de ser revocado por la Consejería Jurídica estatal).
