Titular de Migración pide solución alterna para ser absuelto por incendio en Juárez

Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración vinculado a proceso por el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez ocurrido el 27 de marzo de 2023, buscará este lunes que un juez le conceda una solución alterna para ser absuelto del delito de la causa penal si cumple con un plan de reparación de daño a las víctimas.

Sin embargo, lejos de informarlas de manera adecuada o considerar su postura al respecto, al menos seis víctimas han recibido comunicaciones por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –alertan organizaciones de la sociedad civil que representan a varias de ellas– en el sentido de que se convenzan de que esa es la solución ideal.

En los mensajes, la CEAV –cuya función primordial debería ser apoyar y asesorar a las víctimas, recuerdan las organizaciones– subraya que por medio de la solución alterna, el comisionado busca contar con un beneficio, acatando una serie de condiciones “y desde luego cumpliendo con la reparación integral de los daños”.

Las asociaciones que documentaron los casos de seis sobrevivientes que recibieron estas comunicaciones –entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)– señalan que, con ello, la CEAV está favoreciendo al titular del INM e intenta manipular a las víctimas, aunado a que no debería posicionarse respecto a los otros imputados, pues además advirtió a las personas afectadas que los responsables de homicidio y lesiones son otros.

“En lo que hace al C. Francisco Garduño Yáñez, este no es el directamente responsable de los ilícitos, sino que existen otras personas vinculadas a proceso”, les aseguraron a las víctimas en los mensajes recibidos. En cambio, no fueron informadas acerca de cómo ha transcurrido el proceso penal –para algunas se trata apenas del primer o segundo contacto que han recibido por parte de la CEAV–, ni que es su derecho conectarse a la audiencia por videollamada y escuchar la propuesta de reparación que ofrecerá el comisionado.

Según lo establecido en el acuerdo del 19 de junio de este año relativo a la causa penal 237/2023, del que Animal Político tiene copia, el imputado solicitó “audiencia para llevar a cabo el planteamiento de una solución alterna del procedimiento consistente en la suspensión condicional del proceso”, para la cual se fija fecha de este 12 de agosto por la tarde.

Esto pese a que existe una suspensión definitiva vigente, solicitada antes por los propios abogados de las víctimas, concedida con la finalidad de que este se mantuviera en la etapa de investigación complementaria, sin celebrar ninguna otra audiencia hasta que se verificara si fueron garantizados los derechos de todas las víctimas, lo cual busca evitar el titular del INM.

“De manera extraordinaria interpusimos juicios de amparo indirecto para que un juez verificara si en la investigación de los procesos penales se habían respetado los derechos de las víctimas. Nosotros tenemos una suspensión definitiva, entonces a sabiendas –porque se le notificó también a la defensa del comisionado– de que está esa suspensión, ellos de manera dolosa pretenden evadir su cumplimiento”, explica en entrevista Marcos Zavala, abogado de la FJEDD.

Por ello, las organizaciones también notificaron lo anterior a los jueces de control para que impidan la celebración de la audiencia. Además, el defensor advierte que se ha tratado de un litigio en el cual se involucra directamente a las instituciones del Estado, cuando las personas imputadas tendrían que enfrentar su proceso como cualquier otro particular.

“¿De seguirse avanzando, qué quiere decir? Que estamos convalidando un juicio que tiene graves deficiencias y en el cual, sobre todo, no se tomó en cuenta a las víctimas hasta que nosotros entramos y les explicamos, y les dijimos todo lo que estaba ocurriendo tanto en la investigación como en los procesos penales federales”, subraya el abogado.

Además, dado que a Garduño solo se le imputa un delito menor –ejercicio ilícito del servicio público–, y no homicidio y lesiones, como a 9 de los 11 vinculados a proceso, a él sí le es posible solicitar el beneficio de la solución alterna, lo cual implicaría la absoluta exculpación de la acusación penal que existe en su contra, y que ha enfrentado mientras continúa en funciones como comisionado nacional.

“De ahí la importancia del delito: como su delito tiene baja penalidad, él puede solicitar este mecanismo alternativo que tiene efectos absolutorios. Es decir, que en caso de que el juez le conceda esta suspensión condicional del procedimiento, él cumpla con un plan de reparación y también con unas condiciones que le impone el juez –vivir en un domicilio, no salir del país–, él tendría una resolución con efectos absolutorios y extinguiría la acción penal, es decir, que ya no se le volvería a juzgar por los hechos ocurridos en Ciudad Juárez”, indica Zavala.

Un proceso inequitativo en el caso de incendio en estación migratoria de Juárez

A juicio de las organizaciones que representan a 18 de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez –9 sobrevivientes y 9 núcleos familiares de personas fallecidas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela–, los procesos penales en contra de los responsables, particularmente de Garduño, han estado plagados de desequilibrios.

Primeramente, al titular del INM no se le imputó el mismo nivel de responsabilidad, pues solo está siendo procesado por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público –al igual que otro funcionario del Instituto que ahora está fugado–. Aunado a ello, el juez ha negado de manera reiterada la solicitud de que sea cesado de su cargo.

Zavala hace énfasis igualmente en el desequilibrio que representa el uso de las instituciones del Estado: “nosotros vemos que de manera tendenciosa se está utilizando al Instituto Nacional de Migración para defender a una persona; es decir, ni siquiera están defendiendo a los guardias de migración que estaban resguardando, solamente a él, entonces nosotros vemos la utilización de la institucionalidad mexicana para defender a una persona”.

Desde que las organizaciones se incorporaron a los procesos –de manera tardía por los obstáculos de las autoridades–, pudieron detectar diversas omisiones, entre ellas la más grave, incluso por parte de los jueces de control que celebraron las audiencias iniciales, es que en ningún momento se tomó en cuenta a las víctimas.

“Nunca se les preguntó, nunca se les informó, y ni siquiera sabían que había una carpeta de investigación, que estaban siendo procesadas estas personas, no sabían nada”, afirma el abogado. Adicionalmente, tanto a Garduño como a Molina –antes de que se fugara– se les permitió continuar el ejercicio de sus funciones en el INM en las mismas circunstancias, con goce pleno de su sueldo.

“Quiere decir que no hay un juicio justo, porque no hay unas condiciones de igualdad en las cuales personas migrantes que viven inclusive en otro país, en desigualdad estructural, puedan venir a enfrentar un proceso contra el comisionado o contra el director general de control y verificación migratoria con los sueldos que tienen.

“Es una desigualdad procesal; lo justo es que ellos, aunque eran mandos superiores, enfrentaran el procedimiento como cualquier persona, con sus propios medios, dado la función que tenían y la calidad de cuidar y vigilar, y proteger los derechos de las personas migrantes”, destaca Zavala.

Las víctimas y la búsqueda de justicia en caso de incendio de estación migratoria de Juárez

Tras el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, en el que fallecieron 40 personas y 27 más resultaron lesionadas, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación 310/2023, que está en manos de la Fiscalía Especial de Delitos contra Personas Migrantes y Refugiadas, en la cual se vinculó a proceso a 11 personas.

De esos procesos se desprenden hasta ahora siete causas penales. La 237/2023 es la que contempla la acusación contra Francisco Garduño, similar a la 236/2023 en la que se vincula a proceso a Antonio Molina, director general de control y verificación migratoria, que terminó renunciando al INM para después darse a la fuga.

Ellos dos son los dos más altos mandos de Migración que estaban en funciones en el momento del incendio. Ambos fueron acusados únicamente por ejercicio ilícito del servicio público. A los otros 9 vinculados a proceso, incluidos dos migrantes venezolanos, sí se les imputan los delitos de homicidio y lesiones.

Apenas el pasado 13 de junio, un imputado más, Daniel Goray, quien estaba a cargo de la estación migratoria y vinculado en la causa 216/2023 por los 40 homicidios y los 27 lesionados, obtuvo su libertad condicional, que un juez le otorgó bajo las condiciones de firmar periódicamente, entregar una garantía económica de 1.5 millones de pesos, no salir de Chihuahua, entregar su visa y pasaporte y no acercarse a las víctimas.

En tanto, el delito contemplado por la causa penal que vincula al comisionado Garduño puede tener una pena máxima de 7 años de prisión y mínima de 2, lo que anteriormente se conocería como un delito no grave, aun cuando se trata de un hecho que derivó en 40 vidas perdidas. El lento avance de los procesos se debe, además, a que las organizaciones pudieron involucrarse hasta que se les permitió después de múltiples obstáculos.

Antes de que finalmente se concediera la suspensión promovida por las organizaciones, el 22 de septiembre de 2023 Garduño ya había intentado en una primera ocasión solicitar el beneficio de la solución alterna, que puede obtener gracias al tipo de delito –no grave– que le fue imputado.

Las organizaciones ya han externado al juez que, desde la ocasión pasada en la que Garduño intentó librarse por esta vía –beneficio que no se le otorgó–, las víctimas no habían sido tomadas en cuenta y no se presentaron suficientes medidas reparatorias. Ahora, también buscan velar porque en ese plan de reparación que está obligado a presentar el titular del INM sean tomadas en cuenta todas, incluidas 15 mujeres a las que se les abrió la puerta, porque también se enfrentaron a la gravedad de lo ocurrido al interior de la estancia migratoria y la negligencia de las autoridades.

De hecho, aquella audiencia del 22 de septiembre fue la primera en la que pudieron participar algunas víctimas. “Y no porque las llevara la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la obligada y la que tiene los recursos y la infraestructura para garantizar las medidas asistenciales de las 67 víctimas, independientemente de que tengan asesores particulares”, aclara Zavala.

En la nueva audiencia programada para este lunes también está prevista la participación de aquellas víctimas que así lo deseen, para que manifiesten lo que consideren necesario en presencia del comisionado. Las organizaciones advierten que se opondrán a la resolución de la audiencia si esta no garantiza de manera adecuada los derechos y la dignidad de las víctimas.

Además de un juicio justo, Zavala recuerda que la justicia también significa el acceso a la verdad y a la reparación, por lo cual las víctimas –que han externado que ningún tipo de acuerdo les devolverá a sus familiares– son quienes deben decidir si el plan de reparación contempla las medidas suficientes en caso de que llegara a concretarse el beneficio solicitado por Garduño.