Solo en 6 de 34 homicidios de candidatos hay presuntos responsables detenidos

Desaparecer de la contienda a candidatos punteros pero opositores a los intereses criminales; presuntas venganzas de grupos delictivos rivales; intentos de robo que salieron mal; ataques espontáneos productos de riñas, o problemas personales que derivaron en violencia.

Estos son los posibles móviles que expertos y autoridades han planteado detrás de los homicidios de 34 aspirantes, precandidatos y candidatos a un puesto de elección popular durante el actual proceso electoral.

Se tratan de hipótesis pues la mayoría de los casos permanecen impunes. De acuerdo con una revisión hecha por Animal Político, y del seguimiento que han dado consultoras especializadas en violencia electoral como Etellekt, apenas en 6 de los 34 casos se han anunciado públicamente detenciones.

Lo anterior sin que las fiscalías responsables hayan confirmado si los detenidos anunciados en su momento se encuentran actualmente procesados por dichos asesinatos.

Casi 90% de las agresiones, según el análisis de la misma consultora, se han dirigido a políticos y aspirantes a cargos locales, principalmente municipales. De acuerdo con los expertos, esto muestra tanto la intención de los criminales por apoderarse o mantener el control de territorios y servicios básicos, así como la vulnerabilidad en que se encuentran los aspirantes en estos niveles.

Animal Político presenta a continuación una relación de los casos con detenciones y algunos ejemplos de los móviles analizados por los especialistas que han dado seguimiento cercano a la violencia contra candidatos.

Los 14 detenidos

Solo en 6 de los 34 ataques contra aspirantes, precandidatos y candidatos que organizaciones como Etellekt e Integralia han reportado, se ha dado a conocer públicamente la detención de posibles implicados. La suma total de detenidos asciende a 14, entre posibles autores materiales o intelectuales.

Los casos en donde se han reportado detenidos son: el homicidio del precandidato del PAN en Guanajuato, Juan Antonio Acosta con cuatro personas aprehendidas; el del candidato a regidor en Querétaro por Movimiento Ciudadano, Arturo Landa Bautista, con un detenido.

El asesinato de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una diputación local en Veracruz, con dos detenidos; el crimen de Pedro Gutiérrez, precandidato a alcalde en Chiapas con un detenido; el homicidio de Álvaro Madera López, precandidato a alcalde en Jalisco con cinco personas aprehendidas.

Finalmente, también se reportó la detención de una persona por el homicidio de Luis Roberto Don Félix, candidato a regidor independiente en Baja California.

Más allá de dar a conocer las detenciones de los probables responsables en su momento, las autoridades no han informado públicamente si todos ellos se encuentran vinculados a proceso por los asesinatos perpetrados o por otros delitos.

En tanto, ataques que causaron alto impacto y se perpetraron a la luz del día, como el asesinato del ex procurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, no se reportan detenidos hasta la fecha.

Guanajuato: la narcodemocracia

Guanajuato es una de las cinco entidades del país que concentran la mayor cantidad de agresiones en contra de políticos y candidatos a cargos públicos en el actual periodo electoral. En su territorio se han registrado más de 25 agresiones en contra de candidatos y aspirantes a puestos de elección popular, entre ellos cuatro asesinatos.

El último caso se registró apenas esta semana con el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, y quien fue agredida con disparos de arma de fuego justo cuando encabezaba un mitin electoral. En ese mismo municipio, pero el 18 de mayo, fue atacado a tiros el candidato a diputado local por el PRI, Juan Guzmán Ramírez.

A estos casos se suman el asesinato del candidato a diputado local Juan Antonio Acosta en el municipio de Juventino Rosas, y el homicidio de Alejandro Galicia Juárez, quien era candidato a regidor en Apaseo El Grande.

Hay además agresiones e intimidaciones como las que ha sufrido Itzel Balderas, candidata a diputada federal por Irapuato, o el robo y agresión física en contra de integrantes del equipo de campaña de la candidata a diputada local por Guanajuato, Margarita Rionda.

“Estos son los casos que se han hecho públicos, pero sabemos de cuando menos seis atentados más, que no han provocado víctimas, de intimidación y amenazas en contra de candidatos. Y los cuales no los dieron a conocer ni denunciaron por temor”, dijo el consultor en seguridad y experto en crimen organizado, David Saucedo.

En entrevista, el especialista advirtió que la mayoría de las agresiones en contra de políticos y candidatos en el actual proceso en Guanajuato se han concentrado en municipios como Apaseo el Alto, Apaseo El Grande, Villagrán, o Moroleón, los cuales se encuentran bajo una fuerte influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o que están en disputa entre ellos.

Esto no es una casualidad, añade Saucedo, sino un reflejo de que detrás de estas agresiones hay intereses políticos de los propios grupos criminales, los cuales buscan mantener el control del que ya gozan sobre ciertos gobiernos municipales.

“Hay candidatos ajenos al crimen organizado, pero que están en las encuestas en una posición de contender por el triunfo y son una amenaza política para los candidatos que sí apoyan el crimen organizado. Entonces me atrevo a avanzar en la hipótesis de que algunos de ellos sí fueron asesinados por su posición en encuestas y porque eran los posibles ganadores de las contiendas municipales en las que estaban participando”, subrayó Saucedo.

El especialista dijo que para los grupos criminales el control de los ayuntamientos es vital porque les significa tener bajo su poder aspectos claves como la policía municipal, las direcciones de tránsito, las direcciones de obra pública, direcciones de verificación encargadas del manejo de giros negros, bares, cantinas y expendios de bebidas alcohólicas, entre otros.

De acuerdo con Saucedo, esta era una situación que en Guanajuato se había logrado controlar hasta hace unos cinco años, sin embargo, con el fortalecimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima comenzó de nuevo la cooptación de gobiernos locales y la disputa entre bandas rivales por ese objetivo.

“Por lo menos Guanajuato no estaba en el mismo nivel de otros estados que conozco como Guerrero, Oaxaca o Chiapas donde lamentablemente cada proceso electoral se incurre en el asesinato político para enfrentar a opositores. Lamentablemente tenemos una involución en el estado y estamos en el portal de la narcodemocracia”, concluyó Saucedo.

Otros móviles

De acuerdo con los especialistas, el crimen organizado figura como el principal sospechoso detrás de la mayoría de los ataques perpetrados contra candidatos y aspirantes en Guanajuato. También se presume que son responsables de otras agresiones, como el acribillamiento del ex procurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora.

Pero Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etellekt, la cual ha dado seguimiento cercano a la violencia política, advierte que además de los motivos políticos y de crimen organizado hay algunos asesinatos donde los posibles móviles son distintos.

Por ejemplo, citó el caso de Carla Enríquez Merlín, precandidata a diputada local, quien fue asesinada junto con su madre el pasado 15 de febrero en Cosoleacaque, Veracruz. El móvil de este doble crimen, según lo señalado por las autoridades a cargo de la indagatoria, fue un robo perpetrado por el propio personal de seguridad responsable de su domicilio.

“El móvil de robo también se manejó en el caso de un candidato a una diputación estatal en Monterrey. Al parecer intentó ayudar a una mujer comerciante asaltada y los agresores lo atacaron”, señaló Salazar.

Otro caso distinto fue el homicidio del candidato a diputado local por el Partido Verde, Francisco Rocha Chávez, quien fue asesinado a balazos dentro de su domicilio en Ciudad Victoria. En este crimen lo que las autoridades presumen como móvil fue una riña de tipo personal.

Salazar Vázquez insistió en que es tarea de las fiscalías estatales profundizar en todos los casos, confirmar los móviles y esclarecerlos. Sin embargo, advirtió que la mayor parte de los casos permanecen impunes ya sea por incapacidad o por falta de interés de los fiscales para esclarecerlos.

“Y yo agregaría incluso la pregunta de si podemos confiar en esas fiscalías que normalmente están controladas por el partido en el poder. El 80% de las agresiones en general están dirigidas contra integrantes de partidos que son opositores al del partido que gobierna el estado el cual, a su vez, controla la fiscalía. Eso genera una gran interrogante”, concluyó.