Silvano Aureoles dejó en Michoacán varios boquetes en salud, seguridad, economía, que se calculan en más de $50 mil millones
MÉXICO._ El presunto desfalco del que es acusado el ex Gobernador Silvano Aureoles ascendería a un monto entre los 50 mil y 60 mil millones de pesos en diversos rubros que van desde la seguridad pública hasta el sector salud y económico, según estimaciones preliminares del Gobierno de Michoacán.
La Contralora del estado, Azucena Marín Correa, indicó en entrevista con SinEmbargo que las cifras son aún estimaciones, pero indicó que el desfalco podría ser mayor a los 50 mil o incluso 60 mil millones, sin embargo, dijo que con la documentación que llevan, hasta el momento sólo se pueden sustentar al menos 6 mil millones de pesos que son los que engloban las denuncias penales que han interpuesto hasta la fecha.
“Ahorita tenemos ya acreditado o comprobado 6 mil millones de pesos. A qué me refiero con acreditado, que ya lo puedo llevar a una instancia de justicia, pero ya con documentos, no es nada más decir: ‘es una tarea pendiente de investigación’. Ahorita el universo total sería aproximadamente de 6 mil millones de pesos, los que tengo acreditados ante instancias o que voy acreditar en los próximos días”, señaló la funcionaria.
La actual Contraloría de Michoacán ha recibido desde octubre a la fecha al menos 148 denuncias o señalamientos por irregularidades o posibles desvíos dentro de la administración de Aureoles, las cuales se derivarán en al menos 18 denuncias penales, según estimó la dependencia. Hasta el momento el Gobierno estatal ya ha interpuesto 11 denuncias: cuatro ante instancias federales y siete ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.
“Vamos a dividir por momentos: nosotros tenemos una recepción de denuncias y quejas, pero aparte están los hallazgos que encuentran a los servidores públicos. Ahí los hallazgos fue una cantidad de muchos años que en el transcurso del ejercicio de la administración se han ido difuminando, pero hay otros que se han ido agravando y ahí en esos encontramos sustracción de documentos, uso indebido de atribuciones y un sin número de irregularidades, hasta llegar a las más graves que ya presentamos ante instancias federales y estatales”, dijo la Contralora.
Por su parte, el Secretario de Gobierno Carlos Torres Piña y el propio Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla han declarado en diversas entrevistas que el monto podría ascender a los 50 mil millones de pesos, si a las irregularidades se suman la deuda pública con más 20 mil millones en créditos bancarios, más 5 mil millones de los seguros, más de 11 mil 648.6 millones de pesos de pasivos, que corresponden a la cotización de dos quincenas ante el ISSSTE, el adeudo de más de 13 mil millones a proveedores, entre otras inconsistencias.
“Ahorita tengo por ejemplo en proceso auditorias que me van a permitir documentar todo eso de lo que habló el Secretario, pero esa parte yo necesito documentarla para tener los elementos... las faltas son tan graves que muchas no las voy a poder determinar yo aquí en la Contraloría, pero estamos en el estudio de todo eso”, detalló la Contralora.
En total son 37 los funcionarios de la anterior administración —incluido el exgobernador Silvano Aureoles— los que son imputados, tanto en las quejas que recibió la Contraloría, como en las acciones penales que ya interpuso ante las fiscalías federal y estatal.
De acuerdo con la información brindada por la Contralora de Michoacán, Azucena Marín Correa, se presentaron cuatro denuncias ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y dos más ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.
Sin embargo, dijo que estaban a la espera de recabar más elementos para interponer más denuncias.
Los delitos que se denunciaron son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, el Secretario de Gobierno Carlos Torres Piña detalló en una charla previa con SinEmbargo que en total son 11 denuncias las que ya se presentaron, las cuatro ante la FGR y siete presentadas ante la Fiscalía michoacana.
La Contralora de Michoacán prefirió no abundar sobre el contenido de las denuncias para no afectar el debido proceso, pero ha detallado que cuatro de las denuncias fueron puestas contra siete exfuncionarios públicos de la administración de Silvano Aureoles Conejo y un representante legal de una empresa privada, por el presunto manejo irregular de más de cinco mil millones de pesos.
El Secretario de Gobierno confirmó, a pregunta expresa de este medio, que estas cuatro denuncias tienen que ver con el hallazgo de un presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos en la construcción, arrendamiento y la compra de cuarteles regionales de la policía estatal.
Por su parte, la Contraloría estatal indicó que también se indaga la firma de contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación; además de que se realizaron adjudicaciones directas en las que se efectuaron pagos con cantidades excesivas —es decir por encima de su valor comercial— por más de 652 millones de pesos.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado son por ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, debido a que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
El Diputado federal Hirepan Maya Martínez explicó a su vez a este medio que el proceso de recabar la información, así como los hallazgos de las irregularidades y posibles desfalcos de la anterior administración han durado meses.
“Las denuncias van desde faltas administrativas hasta grandes hallazgos como los cuarteles, donde se hicieron pagos excesivos; así como hallazgos de irregularidades en la Secretaría de Salud de Michoacán”, dijo.
Con respecto a las irregularidades en la Secretaría de Salud, el Diputado federal dijo que se habrían destinado recursos por más de 350 millones de pesos a esta dependencia, los cuales fueron entregados a empresas por la vía de adjudicación directa, pero éstas no entregaron los recursos, sino que los redireccionaron a otras o a particulares que están relacionados con el medio Latinus.
“El conflicto (en ese caso) recae directamente en el sentido de que entregaron dinero por adjudicaciones, digamos de servicios que nunca fueron prestados como distribución de medicamentos, equipamiento, etcétera, los cuales fueron entregados (a la Secretaría de Salud) y los recursos fueron redireccionados a empresas ligadas a Latinus“.
En marzo del año pasado, una investigación del periodista Álvaro Delgado publicada en SinEmbargo reveló que un grupo de políticos, entre ellos Silvano Aureoles, estaban detrás del financiamiento de este medio.
El Diputado agregó que —entre las presuntas irregularidades— también hay una adjudicación directa en los últimos días del Gobierno de Silvano Aureoles por más de 137 millones de pesos. “En fin, hay hallazgos en cada una de las áreas, principalmente en salud, y seguridad, relacionados con la renta de patrullas y helicópteros”.
Maya Martínez comentó que en los siguientes días se presentarán más denuncias, pero ahora en las instancias federales.
“Nosotros estamos en el acompañamiento pidiendo que se abran investigaciones auditorías. Hubo desfalco y desvío en varias áreas de la administración del ingeniero Silvano Aureoles”.
LAS ACUSACIONES
Desde el inicio de la actual administración en Michoacán, el Gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla ha acusado públicamente que el perredista Silvano Aureoles Conejo dejó vacías las arcas del Gobierno de Michoacán, por lo que estaban en la recopilación de información y evidencias de este posible desfalco para ir interponiendo las denuncias correspondientes.
En octubre de 2021, el Secretario de Finanzas y Administración del gabinete del actual gobierno michoacano, Luis Navarro García, aseguró que Aureoles Conejo había dejado apenas 85 pesos en una de las cuentas bancarias y 600 pesos en otra.
En octubre, la administración de Ramírez Bedolla aseguró que su antecesor habría gastado en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.
En ese entonces, el 28 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia a los supuestos derroches en que vivían algunos gobernadores, entre ellos Silvano Aureoles, quien —dijo— hizo “gastos superfluos” durante su mandato.
Para el mes de noviembre, se dieron a conocer más presuntas irregularidades. Fue en ese mes cuando el Gobernador michoacano denunció públicamente el supuesto fraude en la construcción, arrendamiento y la compra de cuarteles regionales de la policía estatal.
El mandatario estatal detalló en ese entonces que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya investigaba el supuesto desfalco cometido junto con la constructora encargada de edificar con supuestos sobrecostos los cuarteles regionales en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
En tanto que el 8 de noviembre, Salvador García Soto, columnista de El Universal, dio a conocer que el Gobierno de Silvano Aureoles habría contratado a una empresa tecnológica e informática propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ambos buscados por la FGR, a la que le pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021, para instalar y operar un sistema de espionaje.
Un día después, el Gobernador Ramírez Bedolla confirmó que la administración de Aureoles pagó por esta presunta red de espionaje que le habría comprado a una empresa de Álvarez Puga, aunque precisó a la prensa que el monto había sido por 19.5 millones de dólares.
De acuerdo con Ramírez Bedolla, el exmandatario perredista firmó en el año 2017 un contrato para la compra de un software destinado al monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo Michoacán. Dijo que en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.
El contrato CADPE/001/17, revelado por Aristegui Noticias, muestra a su vez que el Gobierno de Aureoles entregó a la empresa al menos 34 millón 700 pesos en 21 mensualidades entre 2017 y 2018.
MÁS DENUNCIAS CONTRA AUREOLES
Además de las acciones legales que emprendió recientemente la Contraloría del Gobierno de Michoacán, hay otras demandas y acusaciones contra el exgobernador perredista interpuestas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Michoacán por parte de civiles y funcionarios en turno, entre ellas la presentada el pasado 2 de agosto del 2021 en el ámbito federal por los diputados Hirepan Maya y Celeste Ascensio, quienes acusan al exmandatario de traición a la patria.
Otra de las acusaciones formales contra el perredista es la denuncia interpuesta el 16 de abril de 2021 ante la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares de la Fiscalía de Michoacán, por abuso de autoridad e intimidación contra el maestro rural de primaria que se manifestó días antes en Aguililla. En esa acusación también se acusa al ex fiscal Adrián López Solís.
Por otro lado, el 18 de mayo de 2021, el entonces candidato y ahora Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, junto a Giulianna Bugarini y Graciela Andrade denunciaron a Silvano Aureoles ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales —de la FGR— por “amenazas y abuso de autoridad, y por la creación de una plataforma digital mediante la cual buscaron coaccionar el voto de los burócratas”.
A ello se suma que a mediados de diciembre pasado, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo SinEmbargo.
La solicitud de la FGR fue realizada como parte de las diligencias que inició para integrar la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021.
La petición de “alta prioridad” fue hecha con la finalidad de obtener elementos necesarios para establecer y agotar las líneas de investigación que se contemplan en la carpeta, en la que se indaga la posible comisión de delitos cometidos por servidores públicos prevista en el catálogo del Título Décimo del Código Penal Federal.
El agente del Ministerio Público Federal a cargo de la indagatoria también pidió a la Función Pública información sobre la trayectoria y carrera pública de Silvano Aureoles, desde el número de los cargos públicos que ha desempeñado y el periodo en que los ejerció, se lee en el documento.
