Siete claves en torno a la desaparición de los defensores de Aquila
Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos
Acciones de presión para exigir la aparición con vida del profesor y líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y del abogado Ricardo Lagunes Gasca; llamados internacionales para su búsqueda y localización; paro forzado de actividades en la minera Ternium, y dos detenidos por los hechos, son el saldo de los siete meses que han transcurrido desde la desaparición de los defensores el 15 de enero, sin que hasta ahora se haya logrado el principal objetivo: conocer su paradero y que regresen a casa.
Díaz Valencia y Lagunes Gasca desaparecieron tras asistir a una asamblea comunal en el pueblo nahua de Aquila, en Michoacán. Ese día, alrededor de las 18:50 horas, un comando armado interceptó la camioneta en que se trasladaban a Colima; horas después, el vehículo fue localizado con impactos de bala en la localidad colimense de Cerro de Ortega.
Familiares, comuneros de Aquila y organizaciones no gubernamentales han señalado a Ternium, concesionaria de la mina Las Encinas, como responsable de la desaparición de los defensores, debido a la lucha social y legal que mantenían contra la trasnacional.
Según datos del Inegi, en 2020 la explotación de la mina significó más del 11 por ciento de la producción nacional de hierro, ubicándose Aquila en el quinto lugar entre los principales municipios productores de ese metal en México, mientras que a nivel mundial Ternium es considerada la principal productora de acero en América Latina.
Estas son algunas claves para entender qué ha sucedido en torno a la desaparición del abogado y el líder comunal.
En pie de lucha
Díaz Valencia, de 71 años, lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca, de 41 años.
Tras la desaparición de los defensores, el abogado nahua Carlos González García asumió la representación de los comuneros de Aquila. Especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena, ha trabajado en casos de despojo en comunidades indígenas, y con pueblos como el wixárika en la defensa de su territorio.
Las acciones legales que se han llevado a cabo son para exigir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017—, un acuerdo que según los comuneros ha infringido la empresa, que les paga una cantidad menor por tonelada. Le urgen también a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017.
Otra pelea legal es la que sostienen con el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38 de Colima para que emita la convocatoria para la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que Ternium les advirtió que, por no contar desde 2018 con representación ante las autoridades agrarias, los acuerdos establecidos en el convenio de 2017 no eran válidos.
Amenazas y crímenes
Antes de ser desaparecidos, al menos en tres ocasiones los defensores recibieron amenazas, les pusieron “halcones” para vigilarlos, y fueron perseguidos por la carretera Cofradía-Cerro de Ortega y por el camino de Jiquilpan hacia Aquila.
En 2022 se les previno de que sus nombres formaban parte de una lista de cinco personas acusadas de “entorpecer” con su activismo social y legal los trabajos de la minera y las acciones delictivas de los grupos del crimen organizado que controlan la región: los Cárteles Unidos, conocidos también como La Resistencia, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A las amenazas anónimas se sumaron las de directivos de Ternium el pasado 13 de diciembre durante una asamblea comunal en Aquila, cuando los defensores afirmaron que se detendrían los trabajos en la empresa perteneciente al grupo italoargentino Techint si no atendían sus demandas. “Se las hizo el gerente [...], les dijo que los iban a ‘levantar’ en cualquier momento y que tenían que sujetarse a los intereses de la minera”, informaron a este medio varios comuneros presentes en la asamblea.
Luego de la desaparición del abogado y el líder comunal, las amenazas se intensificaron en contra de comuneros que se movilizaron para exigir la aparición con vida de sus compañeros y públicamente denunciaron la situación de violencia que prevalece en la zona por la presencia de grupos criminales y por los conflictos con pobladores afines a los intereses de la minera. Los nombres y fotografías de algunos de los comuneros fueron difundidos en volantes con mensajes intimidatorios y advertencias.
El 4 de abril fue asesinado Eustacio Alcalá Díaz, defensor del medio ambiente y el territorio en San Juan Huitzontla, comunidad ubicada a 20 kilómetros de distancia de Aquila. Como autoridad comunal firmó en 2018 un amparo para cancelar seis concesiones mineras otorgadas a Ternium y ArcelorMittal sin consultar a los pobladores. En 2022, la comunidad ganó el amparo.
El 1 de agosto fue desaparecido Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, guardia comunal de Santa María Ostula; ocho días después, su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura. En un comunicado del 7 de agosto, las autoridades tradicionales de la comunidad nahua señalaron como responsables del asesinato a miembros del CJNG: “Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica”.
Es el cuarto guardia comunal asesinado este año, tras los crímenes de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, ocurridos el pasado 12 de enero y atribuidos a un comando del mismo cártel. Santa María Ostula es una localidad aliada de Aquila en la defensa del territorio y de los recursos naturales.
Omisiones
Tras la desaparición de Díaz Valencia y Lagunes Gasca, sus familiares presentaron denuncias ante las fiscalías estatales de Colima y Michoacán, y se abrió una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas activó el mecanismo de Acciones Urgentes para la búsqueda y localización de los defensores, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares urgentes.
En mayo, a solicitud de las familias, se realizó una mesa de trabajo con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) Karla Quintana, representantes de la FGR y otras autoridades para conocer los avances en las investigaciones y obtener información sobre las estrategias de búsqueda.
Durante estos meses, familiares de los defensores y organizaciones que los acompañan, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Global Rights Advocacy e Idheas, han manifestado una serie de omisiones de las autoridades para dar con el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia: la CNB no ha preparado un plan de búsqueda ni un análisis de contexto; no se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán; no se ha definido la situación jurídica de dos presuntos responsables de los hechos detenidos en abril; no se ha investigado si hubo una participación de la empresa minera en la desaparición de los defensores, y la Fiscalía General del Estado de Colima ha obstaculizado la búsqueda “al negarse a cooperar con las demás instituciones y a compartir información relacionada con el caso”.
“Es desesperante contar con instituciones que solo se dedican a simular y a encubrir a los perpetradores intelectuales y materiales”, señaló el pasado 15 de julio el padre del abogado, Arturo Lagunes Moreno.
Dos detenidos
Fue el 24 de abril cuando la FGR informó sobre la detención de José “N” y Fernando “N”, quienes estarían involucrados en la desaparición de los defensores. Ambos fueron vinculados a proceso por un juez federal por el delito de “desaparición cometida por particulares”.
Un detenido fue identificado como José Cortés Ramos, señalado como uno de los líderes del grupo minoritario de comuneros que se ostentan de manera ilegal —al no haber sido elegidos por la comunidad ni cumplir con lo establecido en la Ley Agraria—como representantes de la comunidad nahua, a quienes se acusa también de operar a favor de la minera. Fue presidente municipal de Aquila en el periodo 2008-2011, y uno de los once alcaldes detenidos en 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el operativo federal conocido como el “michoacanazo”; posteriormente fue liberado. A propuesta del gobierno federal, asumió la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de 2016 a 2019.
Búsquedas en campo
Tras la desaparición de los defensores, familiares, comuneros, activistas y organizaciones civiles realizaron acciones como un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, protestas coordinadas en varios estados, y entregaron cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir su búsqueda y aparición con vida.
Con el paso de los días y ante la falta de información que permitiera conocer el paradero del abogado y el líder comunal, sus familiares se unieron a jornadas de búsqueda en campo junto a colectivos de personas desaparecidas y autoridades, principalmente en Cerro de Ortega.
“Su deber era encontrarlos rápido y con vida, y fallaron”, dijo Antoine, hermano de Lagunes Gasca, durante la audiencia pública de la CIDH del 9 de marzo.
La Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Colima informó que entre abril y junio fueron localizadas 55 fosas clandestinas en tres predios de Cerro de Ortega, de las que se exhumaron 92 “restos humanos u óseos”. Hasta la fecha no se ha informado sobre los resultados de los dictámenes forenses.
“Caminaba uno sobre los restos humanos, se veían por todo el cerro, presuntamente desenterrados por la fauna. Caminábamos sobre costillas, sobre espinas dorsales”, señaló alguien que acudió a la búsqueda y pidió anonimato por seguridad, al igual que otras personas consultadas para este texto cuyo nombre se omite.
Destraban elección de comisariado
El 15 de junio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia falló a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca, al sobreseer el juicio de amparo 259/2022, y dar así la razón a los defensores sobre la ilegalidad de que Juan Carlos Martínez Ramos, José Macías Analco y Guadalupe López Paulino se ostentaran como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, pues no fueron elegidos conforme a lo establecido en la Ley Agraria ni cuentan con las facultades que señala esta normativa.
Este fallo, que por cuatro años pelearon, obliga al TUA 38 de Colima y a la Procuraduría Agraria de Michoacán a emitir la convocatoria para la realización de la asamblea comunal en la que se elegirá el nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que Díaz Valencia aspiraba a presidir. Hasta la fecha no se ha fijado un plazo para la convocatoria.
Minera reactiva operaciones
Seis días después de la desaparición de los defensores, el sábado 21 de enero, los comuneros irrumpieron en Las Encinas durante el cambio de turno para impedir el ingreso de los trabajadores y detener las actividades de extracción como una forma de presión para que la minera interviniera en la búsqueda y aparición con vida de los defensores.
Tras seis meses en paro, la mina reactivó sus operaciones en medio de acusaciones de engaño y de manipulación de firmas, según afirmaron comuneros y familiares del abogado y el profesor, al señalar que las firmas de asistencia a la asamblea se utilizaron de forma irregular para respaldar el reinicio de actividades.
A través de un comunicado fechado el 5 de julio, Ternium informó que la reactivación se determinó tras recibir “de parte de la comunidad la petición de iniciar nuevamente operaciones”.
Días antes, el 25 de junio, la asamblea general de comuneros emitió un pronunciamiento en el que advertía que no permitirían la reapertura de las actividades por parte de la minera en tanto no se emitiera la convocatoria para elegir el Comisariado de Bienes Comunales y se llevara a cabo el proceso.
Además, los comuneros desconocieron al representante de la Secretaría de Gobernación, Ignacio Ocampo Barrueta, como mediador en el conflicto que sostienen con la minera, debido a que, “olvidando su función mediadora, asumió un papel parcial en apoyo a los intereses de la empresa Ternium”, señala el comunicado, sin que especifiquen los motivos.
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www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Analy Nuño. Es una periodista independiente y fixer, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente forma parte del equipo de investigación periodística del proyecto A dónde van los desaparecidos.
