Si la Corte invalida Plan B ‘violará la división y equilibrio de poderes’: Presidencia
Ante la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de retrasar la discusión sobre la primera parte de las reformas electorales conocidas como “Plan B”, la Presidencia de la República advirtió que si se invalidan las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, el máximo tribunal “estaría violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión”.
En un pronunciamiento, la Consejería Jurídica de la Presidencia sostuvo que la división de poderes “prohíbe” a la Corte establecer nuevos requisitos a trámites legislativos, al considerar que esa es facultad del Poder Legislativo.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, afirmó.
El pasado 3 de mayo, la Presidencia solicitó a la Corte posponer el análisis y discusión de la primera parte del “Plan B”, para resolver impugnaciones pendientes de la Ley General de Comunicación Social, expedida en mayo de 2018.
Sin embargo, por unanimidad de votos, las y los ministros desecharon la petición, pues la impugnación presentada en 2023 se enlistó con fecha fija para este lunes 8 de mayo.
Además, consideraron que iniciar con el análisis del “Plan B” no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma Ley General de Comunicación Social.
La Ley General de Comunicación Social fue impugnada en su momento por Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado, bajo el argumento de “vicios en el procedimiento legislativo”.
Sin embargo, hasta ahora, las impugnaciones fueron admitidas, pero sin una sentencia sobre el tema.
La Corte y el “régimen neoliberal”, según Presidencia
En su comunicado, la Consejería Jurídica de Presidencia afirmó que con la negativa de posponer la discusión, la Corte “demuestra que hay parámetros distintos” para la revisión de las leyes en el país.
“Uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”.
También cuestionó el proyecto sobre la acción de inconstitucionalidad, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual plantea echar abajo el primer decreto del “Plan B”, que contiene cambios a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
La Presidencia dijo que es “falso que haya irregularidades en el proceso legislativo” y acusó al ministro de “ser parcial y no tomar en cuenta” los argumentos de las autoridades demandadas.
“En el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución”, defendió la Presidencia.
También afirmó que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte.
“Resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el ‘plan B’ en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”, insistió.
La Presidencia dijo que “basta dar lectura a las versiones estenográficas de las sesiones” en el Congreso, para demostrar que durante la aprobación “se agotaron las etapas del proceso legislativo”.
