Senadores de oposición presentan juicio político contra ex Ministro Arturo Zaldívar

Un grupo de senadores de grupos parlamentarios del PAN y el PRI, ratificaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados un recurso de juicio político en contra de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por supuestamente utilizar ilegalmente su cargo, cuando fue Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Entre los firmantes de la solicitud del juicio político estuvieron los legisladores Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Claudia Ester Balderas Espinoza, José Alfredo Botello Montes, Gina Andrea Cruz Blackledge, Angel García Yañez, Kenia López Rabadán, Verónica Martínez García, Mayuli Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Francisco Javier Salazar Sáenz, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Lilly Téllez García y Mario Zamora Gastélum.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados, cuya titular es Graciela Báez Ricárdez, recibió el documento de solicitud de juicio político contra Zaldívar para que se le diera el trámite correspondiente y se procediera al análisis del expediente, por parte de la Comisión Jurisdiccional, para que dicha instancia determinara si había elementos para el proceso contra el ex Ministro.

Los senadores de oposición acusaron que Zaldívar vulneró el principio constitucional de contradicción, mismo que se encuentra señalado en el artículo 20 de la Carta Magna.

Además, indicaron que debería ser investigado por los actos desplegados durante su mandato como Presidente de la SCJN y del CJF, así como del personal a su cargo, mismos que también podrían ser constitutivos de violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tales como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto.

“Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ha realizado actos en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, y debe ser sujeto de juicio político”, señalaron en la acusación.

Asimismo, los legisladores del PAN y PRI indicaron que durante el tiempo que llevaba la actual Administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar resolvió temas a modo, ya que votó a favor de los intereses del Gobierno federal.

“[...] Ejemplo de lo anterior se observa en la discusión de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sólo por señalar algunos”, señalaron.

Afirmaron que existían señalamientos como el que, durante su Presidencia en la SCJN, “el piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal sirvió de operación para presionar a los juzgadores y obligarlos a resolver conforme a los intereses del Gobierno federal”.

Asimismo, aseveraron que “el ex Ministro Zaldívar, amenazaba a los juzgadores con el inicio de procedimientos disciplinarios, cambiarlos de adscripción, destituirlos o hasta denunciarlos por algún delito”.

Por otra parte, también advirtieron que el entonces Ministro “acomodó asuntos de vital trascendencia a su conveniencia. Igualmente, retrasó sin justificación alguna, los seguimientos jurisdiccionales y presionó para dejar sin efectos suspensiones de plano concedidas”.

Señalaron casos específicos en los que supuestamente existió presión, tales como, las impugnaciones a la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

El recurso legal de los senadores de oposición abunda que, bajo su mandato en la SCJN, “hubo desvío de recursos públicos, así como encubrimiento de denuncias de acoso sexual y de género contra el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura”.

Los legisladores del PAN y del PRI explicaron que los jueces en cateos, arraigos e intervención de vías de comunicaciones, fueron los más presionados a instancia de Zaldívar, sobre todo en asuntos relativos al aseguramiento de cuentas, delitos financieros, solicitudes de información bancaria, cateos, intervención de teléfonos, entre otros.

“Si algún juez se negaba a obedecer, eran readscritos y se colocaban jueces a modo”, aseguraron.

Además, acusaron “presiones realizadas a juzgadores para llevar una persecución política en contra de opositores, tal y como sucedió con el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”.

También que el 15 de abril de 2021, Zaldívar Lelo de Larrea trató, mediante un albazo legislativo y una reforma inconstitucional, prorrogar su mandato como Ministro Presidente de la SCJN.

Entre sus argumentos, los legisladores del PRI y el PAN incluyeron la declaración que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó durante su conferencia de prensa matutina del 21 de febrero de 2024, cuando reconoció, que cuando el ahora ex Ministro encabezaba la SCJN -desde el 2 de enero de 2019, hasta su renuncia el 15 de noviembre de 2023-, su Gobierno intervenía en los casos que eran de su interés.

En el documento presentado añadieron que, además, siendo todavía Ministro, Zaldívar se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Pardo, entonces precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia, el mismo día que presentó su solicitud de retirarse del cargo, y una semana antes de que el Senado de la República aprobara su renuncia al mismo.

En su denuncia, los senadores de oposición recordaron que el 7 de noviembre de 2023, el todavía Ministro presentó ante el Presidente de la República, su carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin señalar la causa grave de su dimisión, para sumarse al equipo de campaña de Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, los legisladores detallaron que “el mismo 7 de noviembre, siendo aún Ministro de la Corte, se hizo pública la reunión que sostuvo con la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum y donde se anunció que trabajarían juntos en lo que ellos denominan ‘la transformación del país’.

Por lo anterior, pidieron a la Cámara de Diputados que tras los hechos descritos, se “actualizan las hipótesis normativas necesarias para proceder en contra del C. Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y sea condenado por violar los preceptos constitucionales, atacar las instituciones democráticas, atentar contra la forma de gobierno republicana, representativa y federal, violar los derechos humanos y trastocar el funcionamiento normal de nuestras instituciones”.