Senado escucha preocupaciones del INE sobre el ‘plan B’, pero ya es tarde para hacer cambios

En una reunión exprés, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron sus preocupaciones ante la avalancha de cambios que traerá la entrada en vigor de la reforma electoral, conocida como “plan B”, incluyendo el posible riesgo en que se pondrá el desarrollo del proceso electoral federal 2023-2024. Sin embargo, tanto los consejeros como los senadores reconocieron que la información llega tarde, pues el marco regulatorio ya fue aprobado por el Congreso de la Unión prácticamente en su totalidad.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se reunieron con funcionarios del INE. En el encuentro de aproximadamente de 70 minutos, los vocales de las juntas distritales externaron sus preocupaciones por las implicaciones que tendrá el nuevo marco regulatorio en materia electoral, que afectará la estructura del instituto y el próximo proceso electoral federal, en el que se renovará la Presidencia de la República.

Tanto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, como el coordinador de Morena, la bancada mayoritaria en el Senado, Ricardo Monreal, reconocieron que este encuentro se realiza tarde, debido a que el segundo paquete de cuatro leyes en materia electoral ya fue aprobado, y solo queda en discusión el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), también conocido como “cláusula de la vida eterna”.

“Ellos saben y nosotros sabemos que el proceso legislativo está por concluir, solo abarca un artículo, el artículo 12, y todos sabemos que nadie puede alterar eso. Todo el paquete que contiene la normatividad, las cuatro leyes que componen la reforma electoral, esas no se pueden modificar, ya se aprobaron por ambas cámaras y solo se regresó al Senado un solo artículo”, explicó Monreal.

Aunque el morenista consideró que “nunca nada en política es tardío”, también enfatizó que el proceso legislativo en la Cámara alta se desarrollará conforme se tenía programado y las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, se reunirán para dictaminar el artículo pendiente la próxima semana. De lograrlo, el tema se agendaría para su discusión ante el pleno.

De acuerdo con el consejero Ciro Murayama, los riesgos de la reforma son que se compromete el padrón electoral, base de toda elección confiable; los módulos de atención se irían a oficinas de gobierno y, además, se afectaría la integración de mesas directivas de casilla.

“La mayoría de los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla en 2021 tenía menos de 30 años. Ahora la reforma busca que sean adultos mayores”, dijo en Twitter, y también agregó que desaparecen los profesionales de reclutamiento y capacitación de supervisores imparciales para integrar casillas.

“Además, se dispara el riesgo de anular casillas porque la reforma quiere que los partidos sustituyan a sus representantes de casilla un día antes de la votación. Pero el paquete lo recibió el presidente de casilla 5 días antes de la elección. Así no se sabe quién sí es representante acreditado y quién no. Entonces, si se niega el acceso de un representante acreditado, se anula la votación de toda la casilla”, dice la publicación.

Al salir del encuentro y por separado, Córdova reconoció que dichas preocupaciones debieron externarse antes de que los legisladores modificaran las leyes electorales.

“Sí llega tarde la reunión, a nosotros nos hubiera gustado tener esta reunión desde el momento mismo en que se presentó la iniciativa, antes siquiera de que dictaminara, con las instancias que en la Cámara de origen conocieron este documento”, dijo.

El encuentro no se realizó antes debido a que “nunca fuimos invitados ni requeridos”, expuso.

El “plan B” se compone de dos paquetes de reformas a leyes secundarias. Uno es en materia de propaganda gubernamental, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre pasado; este modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el segundo paquete se realizaron cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, al cierre del periodo ordinario de sesiones en diciembre pasado, quedó pendiente de revisión el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitiría en la conformación de coaliciones la distribución de los votos entre los partidos —con lo que los menos favorecidos podrían mantener su registro— y el cual está pendiente de dictaminarse en el Senado.

Monreal no quiso responder si comparte las mismas preocupaciones expuestas por los funcionarios electorales. “No quiero apresurar porque mi posición siempre debe ser muy cuidadosa”, dijo.