Sembrando Vida, uno de los programas prioritarios de AMLO, no contribuye a la sustitución de cultivos ilegales
El programa Sembrando Vida no ha propiciado significativamente la introducción de nuevos cultivos ni la sustitución de antiguos cultivos ilegales. Esto pese a que se trata del cuarto lugar con más presupuesto –29.4 mil millones de pesos– entre los 30 programas prioritarios del Gobierno federal.
Aunque el Gobierno de México lo planteó, en diversas comunicaciones públicas, como un programa que podría contribuir a la reducción de la siembra de enervantes; y para que las personas no se vieran en la necesidad de cultivar sustancias ilegales, solo el 10% de los beneficiarios se ubican en municipios con antecedentes de cultivos ilícitos, que además no han cambiado sustancialmente.
Así lo revela el informe Sembrando Vida en municipios con antecedentes de cultivos ilícitos, de Noria Research, que al mismo tiempo, identifica lagunas de información que siguen obstaculizando la comprensión del cultivo de plantas declaradas ilícitas en México, así como la posible relación de ese fenómeno con la implementación de Sembrando Vida.
“Observamos una reducción global de la superficie sembrada con cultivos legales al mismo tiempo que un incremento del valor de producción. Dependiendo de los contextos, esta tendencia refleja un aumento de los precios al productor y/o una mejora de los rendimientos, pero no se observa una modificación sustancial de los tipos de cultivos legales sembrados”, destaca el documento.
De acuerdo con la investigación detallada en el informe, para diciembre de 2021, 10 por ciento de los beneficiarios de Sembrando Vida se encontraban en 46 municipios con antecedentes de cultivos ilícitos en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.
Si bien en México la generación de alternativas económicas legales y subsidios por parte del Gobierno federal con un compromiso de no involucramiento en actividades ilícitas –que contemplan las reglas de operación del programa– es una apuesta sin precedente según el documento, tras tres años de lanzamiento de Sembrando Vida, las campañas de destrucción de cultivos ilícitos están lejos de haber cesado, en contraposición a la sustitución voluntaria.
De esta manera, entre 2019 y 2021, las fuerzas armadas reportaron haber destruido 35 mil 419 hectáreas de amapola y 6 mil 709 de marihuana en el marco de sus “operaciones de combate al narcotráfico”, tarea en la que se ocuparon 3 mil 500 elementos durante todo el año.
“Las Fuerzas Armadas, a su vez, registraron una reducción de las destrucciones de amapola y marihuana, aunque un uso proporcionalmente mayor de la fumigación aérea desde el inicio del programa en nuestros municipios de interés. Sin embargo, esta tendencia parece estar vinculada a factores ajenos al programa”, puntualiza el informe.
En enero de 2021, el programa Sembrando Vida inició con 392 mil 915 beneficiarios a nivel nacional y cerró el año con 449 mil 939 en diciembre, con lo que llegó a un promedio anual de 422 mil 870. Los municipios de interés del estudio –con un aproximado de 70 por ciento de población en pobreza y 74 por ciento de hogares rurales– concentraron un promedio anual de 40 mil 815 beneficiarios, apenas un 10 por ciento.
Mediante la comparación del periodo de cinco años anteriores a la operación de Sembrando Vida, el informe concluye que no se expandió significativamente la proporción de la superficie cultivada ocupada por frutales o por cultivos industriales –que incluyen café, cacao o agave, por ejemplo– aun cuando esos suelen ser los más impulsados por el programa, de tal manera que este no parece estar modificando sustancialmente los escenarios de cultivos ilícitos.
ASF detecta irregularidades en Sembrando Vida
Ante el abandono del campo mexicano, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó en el programa Sembrando Vida, que, según el gobierno federal, tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores y desde 2018 presumió el objetivo de revertir el descuido al sector por parte de gobiernos anteriores.
Para estar dentro del programa, según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.
Sin embargo, en la Montaña Guerrerense, según documentó Animal Político, donde no hay acceso a servicios o empleo, en muchos casos tampoco existen terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras que entre un 70 y 80 por ciento de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados para trabajar en el campo.
Por otro lado, en su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas, además de que no hubo mecanismos de control, en general, para probar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Tomando en cuenta las estimaciones del Inegi, que indican que alrededor de 2.5 millones de personas laboran en el campo, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19 por ciento del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México.
