Segob alista plan de migración con Gabinete federal
A una reunión privada para continuar con la integración de la estrategia migratoria ante la posible deportación masiva de connacionales, convocó este viernes al Gabinete federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación.
Ello en respuesta directa a la amenaza de Donald Trump, de imponer aranceles del 25 por ciento a la importación de productos mexicanos y canadienses.
“#Hoy nos reunimos en la @SEGOB_mx con compañeras y compañeros del Gabinete del @GobiernoMX para fortalecer la estrategia migratoria. Trabajaremos unidos por el bienestar de nuestros connacionales”, escribió Rodríguez Velázquez, en su cuenta de la red social X.
En fotografías publicadas por la funcionaria federal, se observa al titular de la Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, así como los titulares, saliente y entrante, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez y Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Además de Zoé Alejandro Robledo Aburto y Martí Batres Guadarrama, directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respectivamente.
Así como Marath Baruch Bolaños López, Julio Antonio Berdegué Sacristán, Luz Elena González Escobar, titulares de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Energía, además de José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
También Ricardo Trevilla Trejo, Raymundo Pedro Morales y Hernán Cortés Hernández, titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, así como de la Guardia Nacional.
Respaldo de los gobernadores
El 1 de enero de 2024, los autodenominados “gobernadores de la Cuarta Transformación”, militantes o simpatizantes de Morena, respaldaron “con convencimiento y firmeza”, la “posición” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de migración.
“Consideramos a la movilidad global como un fenómeno que se genera a partir de profundas causas de carácter social y económico; núcleos de población de países y regiones en los que no existen condiciones para una vida digna y de bienestar, se ven obligados a buscar mejores alternativas en el extranjero”, indicaron los mandatarios estatales, en un desplegado.
“Este impulso entendible e históricamente humano solo puede resolverse a partir de la atención a esas causas profundas que lo provocan, es decir, a la atención de pobreza y la creación de oportunidades equitativas para el desarrollo compartido e incluyente. En las entidades que tenemos la responsabilidad de servir, atestiguamos tales contextos en la migración”, agregaron los gobernadores.
“Expresamos también nuestro reconocimiento a las enormes aportaciones al desarrollo económico, la vida social y el enriquecimiento cultural que generan en el extranjero nuestros paisanos, muy particularmente en los Estados Unidos”, abundaron los mandatarios estatales.
“La atención a la migración sólo puede darse a través de la colaboración para el desarrollo, el invariable respeto a la soberanía de nuestros países y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos que residen en el extranjero”, enfatizaron los gobernadores de la “4T”.
“La respuesta no está en la dureza, sino en la atención a la pobreza. La solución está en la coordinación para crear condiciones que beneficien efectivamente a las naciones a nivel continental, así como a la promoción del bienestar en sus regiones y comunidades más necesitadas”, insistieron los mandatarios estatales.
“Al expresar nuestro apoyo en todo momento a la Presidenta de la República y su gobierno, manifestamos también nuestro compromiso continuo para colaborar con la federación en la implementación de sus políticas migratorias, la defensa de nuestra soberanía nacional y la solidaridad con nuestros paisanos en el extranjero”, finalizaron los gobernadores.
Los gobernadores que firmaron el desplegado fueron: Marina del Pilar Avila Olmeda (Baja California); Clara Brugada Molina (Ciudad de México); Julio Menchaca Salazar (Hidalgo); Salomón Jara Cruz (Oaxaca); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); y, Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur).
Así como Indira Vizcaíno Silva (Colima); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Alejandro Armenta Mier (Puebla); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Rocío Nahle García (Veracruz); Layda Sansores San Román (Campeche); Delfina Gómez Álvarez (Estado de México); Margarita González Saravia (Morelos); y, María Elena Lezama Espinosa (Quintana Roo).
Además de Javier May Rodríguez (Tabasco); Joaquín Díaz Mena (Yucatán); Eduardo Ramírez Aguilar (Chiapas); Evelyn Salgado Pineda (Guerrero); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); y, David Monreal Ávila (Zacatecas).
Asesoría legal para defender a mexicanos
El 27 de diciembre de 2024, el Canciller De la Fuente Ramírez informó que la SRE contrató a 329 asesores legales para defender a los mexicanos en situación migratoria irregular, durante su proceso de repatriación.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular de la SRE presentó una estrategia en siete ámbitos y dijo que abogados mexicanos se habían sumado, porque en Estados Unidos había una superposición de leyes migratorias.
”A estos abogados, dentro del programa PALE, que así se conoce, Programa de Asesorías Externas, se han sumado muchos otros consultores, despachos, abogadas y abogados, muchos de ellos de origen mexicano que de manera voluntaria se han acercado también o han reaccionado al llamado de los consulados para tener una red potente, digamos, de asesorías jurídicas que están muy actualizados”, detalló De la Fuente Ramírez.
”¿Por qué? Porque la legislación en Estados Unidos, sobre el tema migratorio, es complicada, hay un marco jurídico internacional, hay una convención importante, la Convención de Viena sobre asuntos consulares, hay una legislación federal estadounidense y después, cada Estado de la Unión tiene su propia legislación estatal”, apuntó el canciller.
Asimismo, el funcionario federal dijo que, en conjunto con la Agencia de Transformación Digital, se desarrollaba una aplicación con “botón de alerta” que los migrantes mexicanos podrían usar en casos de emergencia, cuando consideraran que estaban en riesgo de ser detenidos.
El titular de la SRE afirmó que el programa estaría disponible a partir del 6 de enero de 2025, detectaría la ubicación de la persona y avisaría a familiares, así como al consulado más cercano, que se coordinaría con un “call center” las 24 horas del día, los siete días de la semana, el cual estaría ubicado en Tucson, Arizona.
”Hay un centro de información y asistencia a personas mexicanas, lo que se conoce como un call center que ya está funcionando 24 por 7 y que pronto va a tener también la posibilidad de estar activos mediante un procedimiento muy sencillo, un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien”, explicó el canciller.
”En donde en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y desde luego, a la Cancillería en México, de manera que esto nos permitiría estar alertas de que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención”, comentó el funcionario federal.
De la Fuente Ramírez señaló que la red legal debería contemplar las leyes en los diversos órdenes de Gobierno y llamó a que las autoridades estadounidenses cumplieran con los procedimientos cuando detuvieran a mexicanos.
”Las asesorías jurídicas tienen que considerar esos tres marcos de referencia jurídica y parte importante de lo que harán y estamos ya empezando a hacer es que el debido proceso se cumpla, que nos avisen como lo marcan las convenciones internacionales, a nuestros consulados, cuando detengan a cualquier persona, independientemente de su estado migratorio, que podamos tener actualizadas toda esta enorme diversidad de leyes”, enfatizó el canciller.
”Y para ello ya se puso en marcha un observatorio donde estamos permanentemente actualizando los cambios que se están haciendo en las legislaciones estatales para endurecer, o no tanto, según el caso, las leyes migratorias”, añadió el titular de la SRE.
El funcionario federal insistió que las deportaciones conllevaban un proceso legal y se pasaba por diversas instancias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) -ambos por sus siglas en inglés-, que dependían del Departamento de Seguridad Interna de EE. UU., por lo que dijo que funcionarios de la SRE estarían atentos a cada etapa.
”En todo caso, para que haya una deportación tiene que haber una orden de un juez que así lo señale, y ahí es donde vamos a estar muy pendientes de que se cumpla con el debido proceso. Cada consulado, en función de lo que les he comentado, independientemente del marco jurídico general, tiene un plan de acción local, porque hay un marco jurídico propio de esa entidad federativa”, expresó el canciller.
”Y, además, cada consulado ha construido una red de apoyo comunitario en el que participan iglesias, universidades, por supuesto, organizaciones de migrantes, empresarios mexico-estadounidenses, servicios de salud, etcétera, que apoya y acompaña a nuestros migrantes en sus comunidades, que tienen, pues, una enorme dispersión y una gran diversidad”, abundó De la Fuente Ramírez.
Comunidad mexicana en Estados Unidos
Según datos oficiales presentados por la SRE, la comunidad mexicana en Estados Unidos alcanzaba actualmente los 38.4 millones de personas. De esta cifra, 11.5 millones corresponden a la primera generación de migrantes, mientras que 26.9 millones pertenecían a la segunda generación. Además, se estimaba que 4.8 millones eran migrantes indocumentados.
En cuanto a la emisión de visas de no inmigrante, las estadísticas oficiales revelaron un crecimiento constante entre 2019 y 2024. Tan solo en el periodo de enero a octubre de 2024, se otorgaron 861 mil 990 visas y beneficios migratorios a ciudadanos mexicanos.
De la Fuente comentó que los migrantes mexicanos contribuían con el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía estadounidense, estimado en 27.4 billones de dólares. En su presentación se leía que los connacionales en condición migratoria irregular pagaban 121.5 mil millones de dólares en impuestos en Estados Unidos y el año pasado enviaron 60.9 mil millones de dólares en remesas a territorio mexicano.
Un día antes, Sheinbaum Pardo dijo que la SRE apostaba al diálogo con funcionarios de países expulsores de migrantes, en particular aquellos de Centroamérica, para articular una defensa en común ante las deportaciones anunciadas por Trump.
El 26 de diciembre de 2024, Tom Homan, próximo zar de la frontera en la gestión de Trump, declaró al diario The Washington Post, que se reanudaría la práctica de poner a familias enteras de migrantes en centros de detención y que no dudaría en deportar a padres cuyos hijos tuvieran la ciudadanía estadounidense, por haber nacido en ese país.
Según el futuro funcionario federal estadounidense, ello haría que las familias tuvieran que escoger entre dejar el país juntos o separarse y aceptó que el Gobierno de EE. UU. no contaba con las facultades para deportar a aquellos nacidos en Estados Unidos.
”Ellos sabían que estaban entrando de forma ilegal al país y decidieron tener un hijo. Pusieron a su familia en esta posición”, dijo Homan al medio estadounidense, además de que agregó que autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas albergarían a padres e hijos en carpas. “Vamos a necesitar construir instalaciones familiares [...] La cantidad de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos”, declaró.
