"Sedena registró a civiles 120 por ciento más armas entre 2006 y 2019"

MÉXICO._ La población mexicana no dejó de armarse en los últimos 13 años, a pesar de la estricta regulación de armamento en todo el territorio nacional, en un contexto de inseguridad pública en ascenso, en que la comercialización legal de armas de fuego –monopolizada por el Estado– compite con el mercado negro.

De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Poder Ejecutivo es la única instancia facultada en México para “autorizar el establecimiento de fábricas y comercios de armas”, toda vez que el control y vigilancia de las actividades industriales y comerciales de armamento, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entre enero de 2019 y febrero de 2020, la Sedena registró 61 mil 495 armas de fuego de civiles. Sólo durante el primer año del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de registros (57 mil 454) fue 62.5 por ciento superior al de 2018 (35 mil 367).

El registro de armas de fuego por parte de la población mexicana tiene una tendencia positiva, pese a la desaceleración de registros de 2012-2018. Desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006 y hasta el cierre del año pasado, la cantidad de armamento civil registrado per cápita fue a la alza en 120.4 por ciento real.

La información disponible de la Sedena también plantea que actualmente en México hay 2 millones 855 mil 332 armas legales en manos de civiles. Un dato similar a lo estimado (3 millones 118 mil 592) por el centro de investigación suizo Small Arms Survey (SAS), que asimismo calcula que la población mexicana posee 13 millones 690 mil 408 armas de fuego ilegales.

Además de las 16 millones 809 mil armas (lícitas e ilícitas) de la población, el SAS calcula que las policías y los militares cuentan con 1 millón 486 mil 285 armas de fuego. Sin embargo, la cifra oficial sobre armamento a cargo de los cuerpos de seguridad a nivel nacional está reservada y no puede ser dada a conocer por la Sedena, se lee en la respuesta a una solicitud de información (folio 0002800032020) hecha por la Unidad de Datos de SinEmbargo.

Para proporcionar el potencial armamentístico de la sociedad mexicana hay dos ejemplos comparativos, suponiendo que el número de armas de fuego (legales e ilegales) estuviera equitativamente distribuido entre la población.

La cantidad estimada de armamento en manos civiles alcanza para que uno de cada siete connacionales esté armado, o bien, para que en la mitad de los hogares de México haya un arma de fuego. Asimismo, comparado el potencial armamentístico civil con el estado de las fuerzas armadas y de seguridad pública, por cada arma de fuego del Estado mexicano habría 11 armas civiles, o bien, por cada elemento de seguridad habría 25 personas armadas.

Aunque no existen cifras exactas sobre el número de armas de fuego ilegales a nivel nacional, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (o ATF por sus siglas en inglés) estima que al año ingresan a México más de 200 mil unidades ilícitas.

En los últimos 20 años, la Sedena aseguró y recibió 402 mil 408 armas de fuego no registradas. Solo durante el periodo 2000-2019, el aseguramiento y recepción de armas de fuego per cápita tuvo un incremento de 495.8 por ciento real.

Parte de las armas ilegales (190 mil 901 unidades) recuperadas por Gobierno federal entre 2009 y 2019 fueron enviadas a la ATF. El análisis del armamento realizado por la agencia estadounidense arrojó que el 69.8 por ciento de las armas aseguradas en México provinieron de Estados Unidos, mientras que el resto es de origen indeterminado, sin considerar el país de manufactura.

Los datos de la ATF también indican que la mayor parte de las armas analizadas fueron pistolas (44 por ciento) y rifles (34.8 por ciento), aunque también hubo revólveres (12.5 por ciento), escopetas (6.5 por ciento) y “otras” (2.2 por ciento).

Previo a 2007, la mayoría de las armas de fuego recuperadas por el Gobierno de México eran de bajo calibre. Pero a partir de ese año, el tráfico de armas de alto calibre (e.g. cuernos de chivo y R15) aumentó, dijo el ex agente de la ATF, José Wall, durante un seminario web a finales de julio de 2020.

Junto con Wall, la especialista en crimen organizado, Roxana Juárez Chávez, indicó que a pesar de que “es difícil” saber qué cantidad de armamento tiene la población mexicana, se calcula que siete de cada 10 armas a nivel nacional son de civiles.

“México es uno de los diez países con más armas circulando entre la población, y sabemos que el 70 por ciento del armamento asegurado son armas largas. Esto quiere decir que los criminales se están armando como para librar una guerra”, aseguró la también ex directora (2010-2016) de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

En la siguiente tabla usted puede consultar todos los datos recabados por la Unidad de Datos de SinEmbargo, así como los cálculos proporcionales y comparativos utilizados para la elaboración de este artículo.

PLOMO Y SANGRE

Las cifras de la Sedena indican que 2011 fue el año, en las dos últimas décadas, con mayor número de armas de fuego registradas por civiles (70 mil 835) y con mayor número de armas ilícitas aseguradas y recibidas (51 mil 34). Hasta entonces, en México fue registrado el mayor índice de delitos cometidos con armas de fuego por cada 100 mil habitantes (16.7) desde el año 2000, con 12 mil 771 homicidios y 6 mil 455 lesiones (dolosos y culposos).

El récord de muerte y agravio fue superado a partir de 2017, cuando la tasa escaló a 21.8 delitos con armas de fuego por cada 100 mil personas. Para 2018, la tasa fue de 25.3 delitos; y para 2019, aunque la tasa fue similar, hubo un aumento de 0.3 por ciento real, con un acumulado de 20 mil 592 homicidios y 11 mil 296 lesiones (dolosos y pulposos), así como 186 feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En lo que va de 2020, las cifras oficiales indican una reducción de 6.8 por ciento real. Mientras que de enero a julio de 2019 hubo registro de 15 delitos con arma de fuego por cada 100 mil personas, en el mismo periodo de este año hubo 14. Pese a la reducción, los delitos con armas de fuego tienen una tendencia al alza a nivel nacional.

Las armas de fuego son un peligro real en México, sobre todo considerando que la mayor parte no está registrada y que, además de estar relacionadas con la comisión de delitos y el ejercicio de violencia, las armas implican daños por accidentes, imprudencia o negligencia.

En los últimos 20 años, el SESNSP tuvo registro de 186 mil 54 personas asesinadas con arma de fuego, así como 99 mil 568 que resultaron heridas de manera intencional. Además hubo 2 mil 350 defunciones y 6 mil 865 lesiones accidentales y/o imprudenciales, a las que se suman al menos 895 feminicidios con arma de fuego que fueron registrados entre 2015 y 2020.

De acuerdo con las cifras del Gobierno federal, la mitad de los delitos cometidos con armas de fuego entre 2000 y 2020 ocurrieron en los estados de México (33 mil 811), Ciudad de México (26 mil 666), Chihuahua (24 mil 696), Guerrero (24 mil 213), Guanajuato (20 mil 157) y Sinaloa (20 mil 120).

Sin embargo, las 10 entidades federativas con más delitos con armas de fuego per cápita por año –en los últimos 20 años– son Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Durango, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Baja California Norte y Zacatecas.

En lo que va de 2020, por otro lado, las entidades con las mayores tasas de incidencia delictiva con armas de fuego por cada 100 mil habitantes son, en ese orden, Colima, Baja California Norte, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Sonora, Guerrero, Morelos y Quintana Roo.

Además de la información descrita en el presente texto, las cifras de la tabla de “México Armado” incluyen datos sobre la procedencia de las armas, el tipo de armas aseguradas y recibidas por el Gobierno de México y los delitos con armas de fuego cometidos por entidad federativa por año.