Se tambalea enseñanza en Aguascalientes por falta de libros de texto

Mónica Cerbón

Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero la audiencia para resolver el amparo que detuvo la distribución de los libros de texto gratuitos en Aguascalientes es ya la más esperada, su reanudación está detenida desde el pasado 29 de septiembre. De todo el país, solo este estado y Coahuila permanecen sin libros en las aulas.

En medio del problema, los paros de laborales en el Poder Judicial por la eliminación de sus fideicomisos dificultan aún más la resolución judicial que permitiría a las escuelas tener certidumbre sobre el plan de estudios.

Las complicaciones legales han comenzando a elevar las tensiones entre la administración de la panista Teresa Jiménez, el PAN y organizaciones civiles identificadas con la iglesia católica, y el Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), Morena, disidencias magisteriales y la Asociación Estatal de Padres de Familia, que exigen la entrega de los libros aunque por ahora esté legalmente prohibido.

Este viernes 26 de octubre, en rueda de prensa, María de Jesús Rangel Velázquez, mejor conocida como la “maestra Chuyita” –una conocida activista del sector educativo–, afirmó que mientras se manifestaba exigiendo la entrega de los libros al exterior de una escuela primaria donde la gobernadora Teresa Jiménez presidió un evento de honores a la bandera, ésta la tomó del brazo y la subió agresivamente a una camioneta.

“Me toma del brazo derecho, me jala y me mete a su camioneta, me encajona ahí en donde estaban los guaruras, no me soltaba de la canilla, se ejerció violencia física. Me estuvo cuestionando mis protestas, me hizo reclamos de por qué ando en esta lucha, que estoy molestando a la ciudadanía de Aguascalientes. (Me dijo) que yo no conozco de leyes, y que ella sí. Yo le dije que no (...). Me dijo que la primera amenaza es que ella sí iba a aplicar la ley, me lo dijo varias veces. Dijo que los libros sí se iban a entregar. Fue un abuso de poder, de amedrentación. Aquí más que un estado de derecho, prevalece un estado de derecha”, dijo con voz entrecortada.

En compañía del Comité de Defensa de los Libros de Texto y la Nueva Escuela Mexicana, la activista de 78 años detalló que el hecho sucedió aproximadamente a las 12 del día del lunes 23 de octubre, al exterior de una primaria en donde ella se encontraba sola. Esos actos, dijo, podrían comprobarse al revisar las cámaras de seguridad de la escuela.

El Gobierno Estatal no se ha posicionado sobre el tema, pero el vocero Enrique de la Torre, dijo que es necesario presentar pruebas y aseguró que la administración respeta el derecho a la manifestación.

De acuerdo con especialistas, la discusión –en la que participan partidos políticos y organizaciones de ultraderecha– profundiza el rezago educativo de una generación de estudiantes afectados por la pandemia.

La directora del Instituto estatal de Educación (IEA), Lorena Martínez Rodríguez, explica en entrevista con Poplab que en septiembre, el primer mes del inicio del ciclo escolar, las y los docentes estaban en una fase de diagnóstico; pero para octubre, sin los libros, las cosas se complicaron.

“Estamos en un problema porque los tiempos están pasando y eso nos impide tener una certeza de a dónde va a ir finalmente el tema de los libros. Para nosotros como autoridad educativa es muy importante tener una resolución lo antes posible, es la única manera con la que podemos planear finalmente el esquema de trabajo”, dice la priista.

Y aunque legalmente no pueden ser distribuidos, los materiales de la nueva escuela mexicana están siendo utilizados por algunos maestros en el estado. Ya sea de forma parcial, como asegura Martínez Rodríguez, o a través de fotocopias, como afirma el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ramón García Alvizo, quien asegura que al menos 260 mil estudiantes en el estado están siendo afectados.

“Desde hace dos semanas hay maestros que ya iniciaron con los contenidos que están en el plan y programa de estudio. O sea, en los libros. Aunque no los puedan distribuir ellos se las están ingeniando, están bajando información de diferentes páginas, están consiguiendo materiales y están entregando fotocopias”, dice García Alvizo.

Tanto Martínez Rodríguez como el dirigente del SNTE coinciden en que los libros deberían de entregarse y en cada plantel educativo padres, madres de familia y docentes podrían discutir los contenidos con los que no estén de acuerdo.

El pasado 16 de agosto, unas 150 personas entre las que se encontraban integrantes del Comité de Defensa de los Libros de Texto y la Nueva Escuela Mexicana, padres, madres de familia y docentes, protestaron en el centro de la capital aguascalentense para exigir la entrega de los libros, pues aunque existen organizaciones como La Unión de Padres de Familia A.C. en contra del nuevo esquema educativo, otras como la Asociación Estatal de Padres de Familia exigen la entrega.

Tras la protesta, Paloma Amézquita, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN y una de las opositoras más férreas contra los libros, dijo que en Aguascalientes no se permitirá que el SNTE rompa la ley como, dijo, lo hizo en Chihuahua.

“(...) Son libros que siguen todavía en resguardo de lo que es el Instituto de Educación, en estas bodegas, y es ahí donde tenemos que seguir resguardándolos y cuidando el bienestar de nuestros pequeños. Aquí no se va a permitir que la ley vaya a ser irrumpida por parte del SNTE. (...) para eso tenemos una gobernadora con pantalones y de manera tajante ha dicho no a esos libros de texto”, declaró la panista que a inicios de agosto llamó a quemar los libros de texto gratuitos y quien mantiene una estrecha cercanía con grupos de ultraderecha, como el Frente por la Familia.

La suspensión de la entrega de los libros forma parte de un proceso de amparo interpuesto por el Consejo de Laicos, un grupo perteneciente a la iglesia católica. En ella se prohíbe no solo la distribución, sino también el uso de los materiales de la nueva escuela mexicana y la capacitación a docentes, aunque esto último, de acuerdo con la directora del IEA, sí logró realizarse previo a que el juez emitiera la suspensión.

Tras la resolución judicial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) interpuso un recurso de impugnación exigiendo la distribución de los libros, mientras que el Instituto de Educación presentó una queja con la que buscaba distribuir los materiales solamente en nivel preescolar y en telesecundarias, pues en esos grados no hubo cambios sustanciales ni controversiales.

“Al interponerse las quejas, la autoridad que tiene que resolver ya no es el juez que dio la suspensión, sino su superior inmediato, que es el Tribunal Colegiado de Circuito, es donde estamos esperando. En automático tendrán que resolver ya el fondo del asunto. Es decir, resolver si de veras hay una falta al procedimiento que tendría que haber seguido la SEP para la conformación de los libros de texto”, explica Martínez Rodríguez.

Sin herramientas

Mercedes Andrade Dávila es maestra de segundo de primaria en la escuela Fundadores Mexicanos, ubicada en una zona periférica de la capital aguascalentense. Dice que el reto para enseñar sin los libros es enorme y que los docentes no tienen las herramientas suficientes para enfrentarlo.

La situación, añade, está profundizando el rezago que ya arrastraban las y los estudiantes.

“Es una tarea muy compleja porque se supone que deberíamos estar abordando los temas o los contenidos que marca la nueva escuela mexicana, pero tenemos un documento legal en el que a nosotros como maestros se nos ha atado de manos, se menciona que si nosotros llegamos a hacer uso o aprovechamiento del nuevo plan de estudios o del nuevo material de los libros de texto podríamos ser sancionados incluso penalmente”, dice mientras toma un receso afuera del salón de clases.