Se amparan propietarios de predio para cerrar el acceso a las playas de Puerto Mejía, BCS

Daniela Reyes

Aunque las playas son un bien público, al que toda la población tiene derecho y su disfrute es no excluyente según la Ley General de Bienes Nacionales, la incertidumbre legal respecto a la propiedad de los caminos de acceso, y la falta de registro de estos en los instrumentos de ordenamiento territorial, ocasiona conflictos y facilita a particulares el uso exclusivo del bien público.

El acceso a la playa Puerto Mejía, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, al noroeste de México, lleva más de 12 años en disputa debido a que dueños de la propiedad privada argumentan que el camino de acceso a la playa atraviesa sus predios, por lo que tienen el derecho a restringir el paso al público. Mientras que el Ayuntamiento de La Paz ha insistido en que se trata de una vía con derechos públicos, registrada en la Red Nacional de Caminos, y por lo tanto debe de ser liberada, aunque atraviese una propiedad privada que abarca 65 hectáreas, según los dueños.

“Aunque en México existe la figura de propiedad privada, lo que no existe es la figura de la playa privada. Las playas con espacios públicos para el disfrute colectivo y nadie tiene prohibido a estas”, señaló Sarahí Gómez, coordinadora de investigación de la nuestra oficina regional Noroeste para el Centro Mexicano Derecho Ambiental (Cemda) y agregó, “el problema es cuando existe una propiedad privada colindantes a la Zofemat cuyos propietarios pueden obstaculizar el acceso o no establecerlos para que las personas puedan realmente ejercer su derecho de disfrute del espacio colectivo que es la playa”.

La Ley establece que el acceso a las playas y a la Zona Federal Marítimo Terrestre no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento y que en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la Zofemat deberán permitir el libre acceso, a través de servidumbres de paso (permisos para transitar) definidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los accesos ya sean servidumbres de paso o los caminos vecinales, que también son bienes públicos, deben ser respetados y en ningún momento incorporados a una propiedad privada, conforme a la ley.

Para este artículo se intentó contactar a la propietaria del predio ubicado en Puerto Mejía pero no fue posible localizarla, por lo cual se desconoce su postura respecto al cierre del camino De igual manera se intentó contactar a Pavel Castro secretario de gobierno del Ayuntamiento de La Paz pero no hubo respuesta.

Operativo interinstitucional para liberar accesos a playas

Pescadores y visitantes que iban a la playa Puerto Mejía denunciaron en 2023 la obstaculización del acceso a un camino que conduce a la playa a través de la App La Paz, plataforma del Ayuntamiento de La Paz para recibir denuncias ciudadanas.

En respuesta, con el fin de liberar la vía pública del uso privado, en mayo de ese año el Ayuntamiento de La Paz atendió la denuncia y retiró el portón a través de un operativo interinstitucional integrado por representantes del gobierno federal: Semarnat, Conagua, Zofemat La Paz y Bienestar; junto con Tránsito Municipal de La Paz, Catastro y la dirección jurídica del Ayuntamiento de La Paz, como representes del gobierno municipal.

“Como era de esperarse, los propietarios que por mucho tiempo se adueñaron de la vía y de la playa de manera exclusiva presentaron un juicio de amparo por esta acción en contra del Ayuntamiento de La Paz y de nosotros como autoridades responsables pero también hay que decir que el juez de distrito no les concedió la suspensión para efectos de que puedan instalar un portón. Si les vamos a devolver el portón pero ellos tienen prohibido obstaculizar y volver a instalar dicho portón. Por lo tanto la gente puede seguir yendo a Puerto Mejía. Pueden transitar por esta vía pública que es parte de la Red Nacional de Caminos y ustedes pueden consultar en INEGI y al mismo tiempo en nuestros datos catastrales, en los planos registrados como acceso vecinal por lo tanto es una vía pública que incluso conecta un arroyo que desemboca en el mar”, comentó Pavel Castro, secretario del Ayuntamiento de La Paz en sus redes sociales.

En ese momento, los propietarios dieron declaraciones a medios nacionales señalando que la intervención del Ayuntamiento de La Paz había sido un abuso de autoridad y había incurrido en el delito de robo e invasión a la propiedad por lo que habían presentado una demanda de amparo indirecto que fue registrado con el identificador 580-2023, ante el Juez de Distrito de Baja California Sur.

”Estos hechos son totalmente ilegales y autoritarios porque sin contar con una orden judicial, ni habernos concedido la garantía de audiencia en favor de mi representada, el señor Jorge Pavel Castro Ríos se introdujo a la propiedad privada y quitaron un portón. De plano se lo robaron porque lo quitaron y no lo dejaron en el lugar”, señaló Mario Sánchez, representante legal.

Posterior a esto, el poder judicial ordenó al Ayuntamiento devolver el portón eléctrico de herrería y así lo hizo, sin embargo, la demandante no quedó conforme, pues indicó que, “si bien reinstalaron el portón eléctrico, lo cierto es que lo realizaron de manera deficiente, puesto a que se encuentra caído y sin funcionar”, se informó el 16 de noviembre de 2023.

Por lo tanto, el poder judicial le ordenó al Ayuntamiento de La Paz que reinstalara el portón de tal forma que quedara “en el estado que se encontraba antes de ser retirado”, como una suspensión definitiva, y así lo cumplió la autoridad informando de esto al juzgado el 1 de diciembre de 2023.

De tal forma que desde entonces y hasta que se resuelva el amparo, la vía pública ha permanecido cerrada al tránsito vehicular.

Ambar Cota fue una de las primeras en reportarlo. Desde la apertura del camino en 2023 por el secretario general del Ayuntamiento, Pavel Castro, había ido a Puerto Mejía sin ningún inconveniente. Sin embargo, el pasado lunes 19 de febrero difundió en redes sociales que se encontraba el acceso nuevamente cerrado con una cadena.

“Llegamos a la puerta de la playa, nos bajamos y nos dimos cuenta que tenían candados, y hasta doble. La cosa es que por los lados si tú vas caminando sí puedes entrar, pero pues imagínate bajar todas tus cosas, porque la playa está a diez minutos en carro pero a pie pues es más. Nos tuvimos que regresar frustrados de que no pudimos entrar”, comparte la ciudadana en entrevista.

En una búsqueda en redes sociales y en las reseñas de google maps se observan denuncias de locales y turistas que fueron abordados por seguridad privada y les indicaron que tenían que retirarse de la playa o del camino “por ser propiedad privada”.

Ante la reinstalación del portón y las denuncias ciudadanas sobre el cierre del acceso, Pavel Castro declaró en entrevista para el periódico El Sudcaliforniano que, “en el caso de Puerto Mejía que es otro juzgado federal, ahí de alguna manera sí les dieron la suspensión provisional para que, en lo que se resuelve el fondo, puedan controlar el acceso entonces [...] nos vemos limitados como Ayuntamiento”.

Por lo que enfatizó la necesidad de que las decisiones judiciales consideren el interés público y la utilidad comunitaria sobre los intereses particulares.

El Programa de Ordenamiento Urbano (PDU) de La Paz establece accesos a las playas a distancias aproximadas entre 400 y 500 metros, y estos deben ser “francos, amplios y suficientes entre 8 y 13 metros de sección”. Por lo que Sarahí Gómez de Cemda insistió en que es importante que esto se cumpla en el caso de grandes predios como es el caso de Puerto Mejía.

“En las leyes viene el cómo, cada cuanto y las características de los accesos, no es solo abrir y hacer una brecha, sino que deben tener ciertas características para que las personas puedan hacer uso de las playas y haya esta inclusión. El reto es dotar de las características el acceso de manera adecuada y no sea tan complicado llegar”, señaló.

Esta es una colaboración con el colectivo Es Mi Playa, Mi Barrio.