SCJN discutirá invalidar segunda parte del ‘Plan B’
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá, el 22 de junio de 2023, un proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, que propone invalidar la segunda parte del llamado “Plan B”, es decir, el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación.
En el decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Laynez Potisek admitió a trámite, el 24 de marzo de 2023, la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“El Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, informó la SCJN, a través de un comunicado.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. Asimismo, la Corte ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, agregó la SCJN.
El Ministro solicitó al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, que presentaran su contestación dentro del plazo legal. Asimismo, la SCJN señaló que la suspensión concedida a una parte del denominado “Plan B” en materia electoral, daría paso a que “las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”.
A través de un comunicado, la SCJN difundió el proyecto del ministro Laynez Potisek, donde se consideró que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera del llamado “Plan B”, también se actualizaron en dicho caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
“La Cámara de Diputados [del Congreso de la Unión] jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, detalló la SCJN.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional indicó que el proyecto concluía que todas las violaciones, en su conjunto, mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, eran suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
