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Testigo protegido

Revelan que Gobierno de EPN también espió con Pegasus a Germán Larrea, Carlos Slim y directivos de Televisa

La intervención surgió desde las oficinas de la empresa KBH Aplied Technologies Group, así lo sostuvo el testigo protegido ‘Zeus’; más de mil 500 objetivos aparecieron en una hoja de cálculo

Los empresarios Germán Larrea y Carlos Slim, así como directivos de Televisa, están en la lista de personas espiadas durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto con el software Pegasus, según reveló un testigo protegido.

El testigo, identificado como “Zeus”, fue interrogado durante la audiencia en contra de Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH, acusado de intervenir en las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui. El espionaje data del 11 de septiembre de 2015.

Los nombres aparecieron dentro de un Excel con más de 1,500 registros, entre los que también están los periodistas Carlos Loret de Mola, Jenaro Villamil, Héctor de Mauleón y Pedro Ferriz de Con.

La base de datos tenia números telefónicos, llamadas de entrada y salida, ubicaciones, fotografías y grabaciones, según aseguró Zeus durante el interrogatorio de la Fiscalía General de la República.

“La verdad es que cuando me di cuenta se me revolvió el estomago. Me llamó mucho la atención que tuvieran información de particulares cuando la venta era para competencia de las fuerzas de orden común”, dijo.+

Se trata del primer juicio que se lleva a acabo en el país por el espionaje realizado con Pegasus.

demás, según el testimonio de Zeus, el espionaje se realizaba bajo las órdenes directas de Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como Eugenio Imaz, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quienes supuestamente se comunicaban directamente con Uri Ansbacher, dueño de KBH.

“Juan Carlos García Rivera daba el soporte, él daba las capacitaciones para los que adquirían Pegasus. Y él era el único que tenía contacto directo con Uri Ansbacher”.

El espionaje contra Carmen Aristegui y otros periodistas con Pegasus

En noviembre de 2021, García Rivera fue detenido en Querétaro por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones en contra de Carmen Aristegui. Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México donde un juez de control, con sede en el Reclusorio Sur, lo vinculó a proceso. La audiencia estuvo a cargo del juez José Benítez Alcántara.

Previo al arranque de la audiencia, la periodista Carmen Aristegui confió en que la FGR tenga elementos suficientes para esclarecer el espionaje de Pegasus. Ella es la única víctima judicialmente reconocida en su carácter de periodista, pero eso no significa que sea la única.

La periodista también mencionó que, pese a que uno de los implicados en la investigación es Tomás Zerón, es la empresa KBH la que está directamente implicada en el caso y que no tiene noticia que se mencione al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“Se tendrá el testimonio de una persona que estuvo colaborando con las empresas relacionadas a KBH, que es el conglomerado de del proveedor del software Pegasus en México”, explicó.

La periodista dijo gracias al trabajo de Citizen Lab han podido identificar a otro número de personas que también fueron espiadas.

En mayo, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos informó sobre la integración de una carpeta de investigación por la contratación y adquisición, en 2014, del sistema Pegasus, para la entonces Procuraduría General de la República.

La contratación fue hecha por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor; Vidal Diaz Leal, extitular de la Policía Federal Ministerial y Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa.

El monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que, aseguran, no tiene esta nueva administración, que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República y que fue adquirido ilícitamente.