Reforma judicial ‘destruirá al PJF’ y ‘enterrará’ la democracia, advierte Zedillo

Ex ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León afirmó el sábado que la reforma al Poder Judicial de la Federación, “enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”.

Durante la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), llevada a cabo en la Ciudad de México, dijo que iba a hablar de un “triste” acontecimiento.

“Estas palabras están escritas a la luz de la historia de México y los avances logrados hasta hace unos años en materia de democracia y justicia. Estoy consciente de que la reacción del presidente será, como siempre ante quien disiente, critica o piensa distinto a él, la calumnia, el insulto y la amenaza”, dijo.

“Comienzo por confesar que acudo a este foro de ‘creyentes en las reglas’, a romper una regla, así sea una de mi propia creación y autoimposición. Esa regla, que no he roto en ya casi un cuarto de siglo, es la de dejar estrictamente a otros la labor de hacer comentarios, análisis y escrutinio de los acontecimientos, decisiones y consecuencias de mi paso como Presidente de la República, junto con mi firme voluntad de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de mi país”, indicó Zedillo,

“Pienso que suspender, de manera excepcional, mi regla de autocensura en este foro se justifica por una razón muy triste: Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar, y ha sido ratificado por una mayoría de Legislaturas estatales, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y, con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”, agregó.

Recordó que las reformas impulsadas durante su Administración, la reforma judicial de 1994 y la electoral de 1996, buscaban consolidar la democracia, a través de la existencia de contrapesos.

“Lamentablemente, esta condición clave ha venido siendo transgredida amplia, sistemática y agresivamente por el partido hoy en el gobierno y su jefe, el presidente de México. Por un lado, la independencia y la capacidad institucional del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) han sido atacadas sin descanso. La primera línea de este ataque ha sido calumniar, insultar y amenazar tanto a la institución como a las personas elegidas para garantizar que el INE cumpla su misión constitucional”, abundó.

“Habiendo conseguido la mayoría calificada gracias a ese escandaloso ‘regalo’, los instigadores ahora dicen que pueden esperar días o semanas para realizar la atrocidad de esa reforma electoral. Lo que no se quiso demorar fue la destrucción de la independencia, los estándares profesionales y las capacidades del Poder Judicial Federal”, enfatizó.

“Al igual que respecto a las instituciones electorales, el Ejecutivo ha sido implacable, no sólo cuestionando los fallos de jueces y ministros cuando no se han alineado con sus preferencias, sino también al insultar al Poder Judicial como institución y a los ministros en lo individual”, insistió.

“Contrario a lo que establecen la Constitución y las leyes, el Ejecutivo ha maniobrado para llenar vacantes en la Suprema Corte con personas que difícilmente cumplen los requisitos indispensables de independencia, profesionalismo e incluso ética. A pesar de estas agresiones, la Corte había logrado, hasta ahora, preservar una mayoría para actuar con independencia e integridad, simplemente aplicando la Constitución para impedir los atropellos de otros poderes del Estado”, explicó.

“La frustración del Presidente al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”, dijo.

“A principios de este año, paradójicamente y a punto de la burla, justo en la fecha en que conmemoramos la Constitución de 1917, se publicó una iniciativa con numerosas modificaciones a la Constitución. Los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país. Estas instituciones condenadas a desaparecer precisamente fueron creadas para limitar el uso arbitrario de la autoridad del Ejecutivo. Se perderá otro contrapeso esencial en la democracia”, afirmó.

“Contrariamente a lo que se afirmó, la propuesta del presidente no tiene nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia. No sirve porque esta reforma no cumple con lo que debe existir en toda democracia: igualdad ante la ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia, capacidad de respuesta, transparencia, debido proceso y proporcionalidad”, comentó.

“De hecho, los cambios violarían prácticamente todos esos principios. Es claro que la reforma no tiene qué ver con la búsqueda de justicia, pues no aborda las deficiencias institucionales que han provocado la actual crisis en la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas de la delincuencia, la violencia, las autoridades abusivas y corruptas”, insistió.

“Juristas y expertos han formulado los cambios institucionales y los recursos adicionales, humanos y materiales, necesarios para hacer efectivo el derecho fundamental a la justicia. Ninguno de esos elementos indispensables fue considerado en la iniciativa del presidente. Su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político”, advirtió.

“Este objetivo perverso es evidente en la propia iniciativa, como lo demuestra un repaso de sus componentes clave. Permítanme resumirlos de manera breve. Con la promulgación de las reformas constitucionales, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, serán destituidos en los próximos tres años”, recordó.

“Es previsible, entonces, que habrá jueces y magistrados que obedezcan, no a la ley, sino al poder político dominante. Este riesgo se verá agrandado porque el nuevo régimen dispondrá también de los medios para castigar a los ‘desobedientes’. El Consejo de la Judicatura será suprimido, pese a que fue creado para garantizar la independencia de la gobernanza interna del Poder Judicial, y crear y gestionar la carrera judicial profesional. Su desaparición echará por tierra tres décadas de construcción institucional en este ámbito crítico para la democracia y el Estado de derecho”, abundó.

“Justamente hoy los mexicanos conmemoramos el inicio de la lucha por la Independencia. Cuando esta se alcanzó, los mexicanos tuvimos por fin la oportunidad de convertirnos en una nación de mujeres y hombres libres, en una nación soberana que procuraría el progreso y la justicia que soñaron los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos”, insistió.

“La realización de su sueño fue frustrada por déspotas y caciques criminales que no querían a México; solo querían el poder y a sí mismos. Los antipatrias de entonces, con su maldad, transformaron nuestra espléndida y prometedora Independencia, en miseria para el pueblo, y en pérdida de soberanía y de gran parte de nuestro territorio para la nación”, dijo.

“Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad, no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía”, finalizó.

Durante el mismo evento, la Ministra Norma Lucía Piña Hernandez, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue reconocida por su defensa a la independencia del Poder Judicial de la Federación y el Estado de derecho en México.

Piña Hernández reiteró que la justicia no solo era cuestión de leyes y tribunales, sino del actuar de todos los órdenes de Gobierno; y, admitió que se requiere una reforma integral que fortaleciera a todo el sistema de justicia.

“Las circunstancias nos impulsan a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad. Los jueces ‘también hablamos por nuestras sentencias’, y en México hemos hablado mucho”, señaló la Ministra.