Reforma a hidrocarburos es para evitar huachicol, no para expropiar: AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró este lunes 29 de marzo, que la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos es para evitar el robo de combustible, popularmente conocido “huachicol”, pero que no será para expropiar a concesionarios privados, ya que se respetarán los contratos vigentes.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional afirmó que se respetarán los contratos otorgados en el marco de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, pero advirtió que se busca poner orden en el sector y rechazó los señalamientos de especialistas que aseguran que con dicha iniciativa se llevarán a cabo expropiaciones.
“Muchos contratos se siguen usando de manera irregular o usan combustible de contrabando, hay huachicol, por eso mandamos esta iniciativa, la Ley de Hidrocarburos, para poner orden, se acabó la robadera y a veces les cuesta trabajo entenderlo y aceptarlo”, agregó el político tabasqueño.
“Pero ni modo que sepamos de delitos y nos quedemos callados, no seremos tapaderas, cómplices, por eso es esta iniciativa. Por eso se dice arriba, que ojalá la lean los legisladores y también los comentaristas de los medios de comunicación para que no echan a andar una campaña hablando de lo que tú comentabas, de expropiación”, indicó el Presidente.
“Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos, se van a respetar los contratos, incluso en este asunto los que tienen los contratos se les van a respetar, los 70 contratos, los que tienen contratos vigentes, pero ya no vamos a otorgar más contratos si se aprueba la ley, porque también necesitamos proteger a Pemex, para garantizar el abasto de gasolinas, no podemos estar dependiendo del extranjero”, abundó.
Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal Crítico que la reforma energética se aprobó con sobornos a los legisladores y que en algunos casos no se cuenta con la infraestructura para cumplir con los contratos otorgados a particulares.
Aunado a ello, titular del Poder Ejecutivo Federal expuso que en el periodo neoliberal hubo personas que recibieron hasta 10 concesiones para importar gasolinas, mismas que nunca las utilizaron, y se otorgaron más de mil, de las que actualmente quedan 75.
“Se otorgaban concesiones a diestra y siniestra para la importación de combustibles, ¿saben cuántas concesiones entregaron para importar combustibles?, más de mil”, aseveró el mandatario nacional, quien además manifestó que lo mismo sucedió con las concesiones mineras, que entregaron como “confeti” y que representan 120 millones de hectáreas.
“Ahora están devolviendo las concesiones porque no quieren pagar los impuestos. Esperemos que se recupere la superficie que se entregó durante el periodo neoliberal para las concesiones mineras”, confió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Es quitarle las aristas más filosas a la reforma energética, que es una actitud moderada, sin que se cancele la posibilidad de que continúen haciendo negocios lícitos con ganancias razonables [...] hablan de expropiación [...] no estamos hablando de quitar los contratos para utilidad compartida”, expuso.
“No estamos quitando tampoco concesiones mineras no estamos quitando contratos de la industria eléctrica, nada de eso, son modificaciones a la ley para proteger a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, que es proteger a los consumidores del país, es proteger a los mexicanos de la voracidad de las empresas, eso es lo que estamos llevando a cabo”, afirmó.
López Obrador argumentó que cuando se dio la crisis del huachicol, se llegó a tener muy pocas reservas de gasolina y se tuvo que recurrir a las importaciones, ya que México dependía, según el Presidente de la República, de la compra del combustible en el extranjero.
“Imagínese lo que hubiese sucedido si nos dejan de abastecer una semana de gasolinas, pues nos provocan una crisis gravísima, en todos los órdenes, en lo económico, lo social y lo político [...] Entonces, tenemos que ser autosuficientes, con actividades estratégicas para que México siga siendo un país independiente y soberano”, manifestó.
LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE HIDROCARBUROS
El pasado viernes 26 de marzo, el Presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos vigente y que las empresas del Estado jueguen un papel más activo en toda la cadena de dicha industria.
La reforma propuesta por el político tabasqueño modifica siete artículos de la ley secundaria de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto y modifica la política de almacenamiento de petrolíferos. Además, posibilita la revocación de permisos a particulares.
La iniciativa -que incluye a los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos-, advierte que la participación de la iniciativa privada pone en riesgo la seguridad y la economía del país. Asimismo, busca desincentivar y castigar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos.
De ser aprobada, el sector energético regresará a las condiciones previas a la reforma estructural impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, presentada al Congreso de la Unión el 12 de agosto de 2013, y aprobada por el Senado de la República el 11 de octubre del 2013, así como por la Cámara de Diputados un día después.
La reforma energética impulsada por Peña Nieto, fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal el 18 de diciembre de 2013. Asimismo, fue promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, energética o para la economía nacional”, indica la carta firmada por López Obrador y enviada este mismo día a Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”, señala la iniciativa, que propone reformar el régimen de sanciones.
Ello para que se imponga la revocación de permisos de operación previamente expendidos a todos los sujetos que reincidan en conductas contrarias a la Ley, como robo de hidrocarburos. Además, plantea que la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), podrán suspender temporalmente los permisos expedidos “cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional”.
La iniciativa plantea, también, que con el objetivo de garantizar la continuidad en la operación de las actividades, la autoridad que haya revocado el permiso podrá hacerse cargo de la administración y operación del permisionario.
“Se propone facultar a la SENER y la CRE, en el ámbito de sus competencias, para revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y éste haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente”, señala.
En materia de almacenamiento, la iniciativa propone establecer que los permisos que se otorguen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y particulares estén sujetos a que el interesado demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la SENER, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
La iniciativa agrega que quienes no estén en posibilidad de cumplir con el 50 por ciento de almacenamiento mínimo en la terminal que abastece a su mercado objetivo vía autotanque, podrán cubrir el porcentaje faltante en otras terminales en territorio nacional.
Aunado a ello, tanto la SENER como la CRE, podrán resolver la solicitud de cesión dentro de un plazo de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. Pero en caso de no emitirse una resolución por parte de ambas entidades, según corresponda dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido negativo.
