Razones políticas frenaron juicio contra el General Cienfuegos, dice el NYT

La Fiscalía General de Estados Unidos tiene nuevos indicios respecto a los posibles nexos de Salvador Cienfuegos Zepeda, General de División en Retiro, ex Secretario de la Defensa Nacional, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con grupos delincuenciales.

Sin embargo, los gobiernos encabezados por Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador, han decidido dar carpetazo al asunto por “razones políticas”, sin considerar que la seguridad nacional de ambos países puede estar “más amenazada que nunca” por el crimen organizado, según lo indicó un reportaje publicado por The New York Times Magazine y la agencia de noticias independiente Propublica.

El mando militar mexicano fue detenido el 15 de octubre de 2020, durante un viaje a Los Angeles, California, acusado de nexos con bandas del narcotráfico. No obstante, Cienfuegos Zepeda regresó a México el 19 de noviembre de ese mismo año. La Fiscalía General de la República exoneró el 14 de enero de 2021 al ex titular de la Sedena de los delitos que se le imputaron en Estados Unidos.

La investigación, firmada por el periodista Tim Golden, está basada en docenas de entrevistas con funcionarios en activo y ex servidores públicos, así como en miles de páginas de archivos judiciales y documentos gubernamentales, que no habían sido publicados previamente y que ponen al descubierto las negociaciones entre autoridades y presuntos delincuentes.

Según el reportaje, pocos meses después de iniciado el Gobierno de Biden, fiscales del Distrito Este de Nueva York propusieron volver a acusar a Cienfuegos Zepeda de nuevos cargos, ya que habían reunido nuevas e importantes pruebas, recabadas de al menos tres narcotraficantes, que afirmaban haberse reunido directamente con el entonces titular de la Sedena, en diferentes momentos y en diferentes partes de México, para hablar respecto a la protección de sus cargamentos de drogas.

“Tenían otros testigos que podrían iluminar los supuestos tratos del general con los Beltrán Leyva. Pero los funcionarios del Departamento de Justicia [de Estados Unidos] rechazaron la idea de un nuevo gran jurado”, según apuntó el reportaje titulado ‘The Cienfuegos affair: Inside the case that upended the drug war in Mexico [El caso Cienfuegos: entrañas del caso que alteró la guerra contra las drogas en México]’.

La investigación llegó a la conclusión de que los intereses políticos son más fuertes que el combate a la corrupción.

“Lo que ninguno de los dos gobiernos ha reconocido públicamente, es que la seguridad nacional de México, y la de Estados Unidos, pueden estar más amenazadas que nunca por el crimen organizado”, alertó.

“El Gobierno mexicano se ha alejado de enfrentar a las bandas criminales sin reducir su poder o violencia. La pérdida de confianza entre los dos gobiernos ha socavado los ya problemáticos esfuerzos para reformar el sistema de justicia mexicano. Muchos analistas mexicanos vieron la exoneración de Cienfuegos como un mensaje especialmente poderoso de impunidad para los militares justo cuando estaban tomando un control aún mayor de la aplicación de la ley”, agregó el reportaje.

Según la investigación, el Gobierno de Estados Unidos pidió a su homólogo de México no menospreciar la evidencia contra Cienfuegos Zepeda. No obstante, días después del arresto del mando militar mexicano, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, convocó a una reunión, en su oficina, al entonces Embajador estadounidense, Christopher Landau.

“Nunca había visto a Marcelo tan enojado [...] Habíamos pasado por algunas negociaciones complicadas: el comienzo de la pandemia, la política de ‘Quédate en México’, pero nunca había visto algo así. Se lo tomaron mucho peor de lo que esperábamos”, señaló el diplomático estadounidense, citado por el reportaje de la NYT Magazine y Propublica.

Según la investigación, el Canciller mexicano dijo a Landau que la presencia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la relación con México estaba “decididamente en riesgo”.

“Le dije al Embajador que el arresto había destruido cualquier base de confianza, cualquier base de cooperación [...] Actuaron con engaño y sin ninguna consideración por el peso de México. Le pregunté: ‘¿Actuarías de esa manera con Francia o algún otro aliado?’”, indicó Ebrard Casaubón, citado por el mismo reportaje.

De vuelta en la Embajada de Estados Unidos en México, Landau llamó al Fiscal General estadounidense, William Barr, por una línea segura.

“Ebrard estaba furioso, dijo. Los militares estaban alborotados. Esto es muy importante para ellos”, destacó, en su llamada, el entonces Embajador.

Landau le insistió a Barr que no estaba seguro de si la acusación valía el costo potencial de poner en riesgo la relación con México. Fue entonces que el Canciller mexicano habló con el fiscal general estadounidense, para informarle de las posibles represalias del Gobierno mexicano y la fractura en la cooperación bilateral.

“Personalmente, sentí que el caso de Cienfuegos no valía la pena echar por tierra cualquier perspectiva de una cooperación más amplia con los mexicanos”, escribió Barr en sus memorias, respecto a las valoraciones que hizo antes de ordenar la liberación de Cienfuegos Zepeda.

Según dos funcionarios informados sobre la llamada, citados por el reportaje, Barr pidió a las autoridades mexicanas que no menospreciaran públicamente la evidencia de la DEA contra el ex titular de la Sedena y expresó su esperanza por la captura del capo sinaloense Rafael Caro Quintero -fundador del ahora extinto Cártel de Guadalajara, el primero que existió en México-, algo que ocurrió semanas después.