‘Plan C’ entra a la recta final; este viernes se votará en comisiones desaparición del INAI y otros órganos autónomos
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados llega a la recta final de la aprobación de los dictámenes del “Plan C”. Hoy discutirán la penúltima iniciativa, relacionada con la desaparición de siete órganos autónomos. El asunto es tan controvertido, que anoche aún se especulaba sobre la posibilidad de que la reunión de la Comisión se pospusiera hasta la próxima semana.
La aprobación del “Plan C”, el último paquete de reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador, sigue adelante, ahora con la votación de un dictamen en el que se propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y otros seis organismos autónomos constitucionales.
Desde que empezó el mes de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado 15 iniciativas del Plan C, con el objetivo de dejarlas listas para que el Pleno de la Cámara de Diputados las pueda votar en cuanto se inicie el periodo de sesiones de septiembre.
Morena dejó para el final las iniciativas que han causado más polémica: la relacionada con la desaparición de organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial, que incluso provocó un paro de actividades de los juzgados federales como forma de protesta, y la de la Guardia Nacional, que fue aprobada ayer con los votos de Morena y sus aliados en la Comisión respectiva.
Este viernes 23 de agosto toca el turno a la iniciativa en materia de simplificación administrativa, que incluye la extinción de órganos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ayer por la tarde una declaración de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, puso en duda si hoy se iba a discutir la reforma de desaparición de órganos autónomos. Entre los mismos morenistas que integran la Comisión de Puntos Constitucionales había esa incógnita. Pero al final la discusión del dictamen sí fue integrada a la agenda de la Cámara de Diputados, y hasta anoche aparecía en el programa de actividades de San Lázaro.
La desaparición de órganos autónomos es una idea que López Obrador tuvo en los primeros años de su gobierno, pero es hasta ahora, a un mes de que concluya su sexenio, que ese proyecto avanza en el Congreso, justo cuando Morena está a punto de conseguir los espacios necesarios en el Senado y la Cámara de Diputados para aprobar el dictamen.
¿De qué trata la reforma de desaparición de órganos autónomos?
La iniciativa enviada por el presidente López Obrador, y que será aprobada por los legisladores de Morena que controlan la Comisión de Puntos Constitucionales, trata sobre la eliminación de siete organismos autónomos.
Estos son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Morena busca que las funciones de estos organismos autónomos se transfieran a dependencias del propio gobierno federal, un modelo que en el caso del INAI se replicaría en las dependencias de los gobiernos estatales.
Las funciones de Mejoredu, un organismo con autonomía operativa y presupuestaria, encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pasarían a la Secretaría de Educación Pública.
Los trabajos que hace el INAI, un organismo que garantiza el acceso a la información y protección de datos personales, los realizaría la Secretaría de la Función Pública (SFP) en caso del gobierno federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a las contralorías del Congreso de la Unión, y a los órganos de control de los órganos autónomos que quedan. Este modelo se replicaría en los gobiernos estatales.
Las funciones del Coneval, una dependencia que hace estudios del desarrollo de la pobreza en México, ahora las realizaría el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de competencia económica, las funciones de la CRE y la CNH, quienes regulan y fomentan la competencia en los mercados de energía e hidrocarburos, se trasladarían a la Secretaría de Energía.
Mientras que las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que promueve la competencia entre las empresas para que haya mejores servicios y precios, pasarían a formar parte de la Secretaría de Economía.
Las funciones del IFT, encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones, serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
El dinero de los autónomos para las pensiones del bienestar
El dictamen que los diputados de Morena buscan aprobar propone que los recursos de los órganos autónomos que desaparezcan sean utilizados en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado apenas el año pasado.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso que tiene el objetivo de garantizar un ingreso a las personas que se jubilen de sus trabajos y que hayan empezado a cotizar después del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con este fondo, el gobierno mexicano busca entregar a las personas jubiladas hasta 16 mil 778 pesos mensuales, monto que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023.
Según el dictamen en materia de simplificación administrativa, entre 2018 y 2024 los siete organismos autónomos que se quieren desaparecer recibieron 32 mil 313 millones 546 mil pesos, lo que equivale a 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.
Los recursos de los organismos autónomos ayudarían a dar vida al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual ha sido criticado por especialistas debido a que no cuenta con un plan de financiamiento constante, es decir, los recursos con los que va a operar en buena parte se obtendrían de la eliminación de instituciones, de la desaparición de fondos y fideicomisos del Poder Judicial o de la venta de bienes asegurados por el gobierno mexicano.
