Parálisis en el INAI: más de 4 mil casos están pendientes; hasta expedientes clínicos para cobrar seguros y pensiones, a la espera

Paulina Gutiérrez, de 27 años, lleva ocho meses tratando de cobrar el seguro de vida que su padre pagó durante varios años al banco y aún no lo consigue, porque todavía no entrega todos los documentos que le solicitan. Muchos de ellos solo los puede conseguir por solicitudes de información.

Su padre trabajó en Pemex y falleció en septiembre pasado a los 68 años a causa de síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer en la médula ósea. Además de la dolorosa pérdida, Paulina ha tenido que lidiar con un largo camino burocrático.

El banco le solicitó el historial clínico de su padre. Sin embargo, en el Hospital de Pemex no se lo entregaron porque “al momento de fallecer la persona en el hospital, se le da de baja y el sistema cierra todo lo que tiene que ver con ese paciente”, le explicaron.

Por eso, solicitó el historial a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y consiguió el documento hasta diciembre, pero ahora el banco también le pidió documentación sobre “desde cuándo tenía diabetes, por qué se suspendió un medicamento mencionado en el historial, y quieren la biopsia que determinó qué enfermedad tenía mi papá y las fechas”.

Repitió el proceso e hizo la solicitud de información, que aún se encuentra en trámite, y espera que el Hospital de Pemex le entregue la documentación a la primera porque, de negársela, ella tendría que interponer una queja, es decir, tramitar un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Sin embargo, el INAI lleva 55 días sin poder sesionar —desde el 1 de abril hasta este jueves—, y es ahí, en sus sesiones plenarias, donde las y los comisionados abordan todos los casos de inconformidad interpuestos por los ciudadanos que consideran que alguna institución u organismo no les entregó la información que solicitaron.

Para sesionar, se necesitan tener al menos cinco de los siete comisionados para lograr quorum, pero en este momento solo hay cuatro en activo: la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, y las comisionadas Josefina Román y Norma Julieta del Río y el comisionado Adrián Alcalá.

Esto, debido a que el Senado tardó más de un año para hacer el nombramiento para dos asientos vacantes tras la conclusión del periodo de dos comisionados en marzo de 2022. Cuando finalmente los senadores hicieron los nombramientos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador los vetó, y a ello se suma que otro comisionado concluyó su periodo en marzo de este año.

El nombramiento de esos tres comisionados es indispensable para que en el INAI se puedan realizar las sesiones y discutir las quejas de los ciudadanos, que son el grueso de asuntos que se resuelven.

En los 55 días de parálisis, el INAI no ha podido instalar sesiones de pleno en las que se debieron resolver 4 mil 498 recursos de revisión que ya fueron analizados y solo necesitan votación para darle la razón a los ciudadanos o a las instituciones. Es decir, hay más de 4 mil ciudadanos esperando su información y que son afectados directamente por el retraso.

Uno de estos casos tiene que ver con la solicitud que hizo una persona sobre el expediente clínico del IMSS de su padre fallecido, pero que no tuvo la misma suerte de Paulina en que la institución le entregara la información al primer intento.

En un inicio, parecía que todo marchaba bien. El IMSS respondió que entregaría la información en discos compactos y copias simples, mismas que la persona pagó y recogió.

Sin embargo, al revisar, se dio cuenta de que la información estaba incompleta: no le entregaron la tomografía y los ultrasonidos que supuestamente estaban en el CD. Faltaban folios, otro CD estaba dañado y no se podía leer, había hojas ilegibles o rotas.

Por lo tanto, la persona interpuso un recurso de revisión ante el INAI y el caso ya fue analizado y está listo para ser votado, pero por falta de quorum, el ciudadano debe seguir esperando, pese a que al menos suma cinco meses de trámite con esta solicitud.

De hecho, en lo que se refiere a las solicitudes de datos personales, las razones para inconformarse se derivan de la entrega incompleta de información, información errónea o falta de precisión, y eso significa que los ciudadanos tardan más meses en conseguir lo que quieren.

En su mayoría, se trata de temas relacionados con nombres de patrones, fechas de alta y baja, salario diario de cotización, movimientos salariales, total de semanas cotizadas, domicilio laboral y registro patronal, así como hojas rosas, historial laboral, tarjetones de pago, hojas de servicios, certificación de derechos y números de seguridad social.

Incluso, hay casos que parecerían sencillos de resolver en la primera solicitud, sin necesidad de llegar al recurso de revisión o queja, como lo ocurrido a una persona que preguntó a la Secretaría de Bienestar “por qué no le fue entregado el apoyo para adultos mayores el pasado 14 de enero de 2023”.

La dependencia respondió que en sus archivos tiene el registro de “una orden de pago del bimestre enero-febrero de 2023, misma que fue pagada por parte del personal del Banco del Bienestar el 14 de enero de 2023 a una persona en su carácter de ‘persona adulta auxiliar’”.

La persona se inconformó y presentó un recurso de revisión, pues “la información está incompleta, ya que no se proporcionó el comprobante de pago generado, por lo que no se sustenta tal referencia”, explicó.

Otra persona pidió al ISSSTE que se transmitiera el certificado de defunción de su esposo, de la Delegación Durango, y al responderle, le pidieron el pago de 22 pesos por las copias. La solicitante pagó pero no le entregaron la información sin darle ninguna explicación, por lo que interpuso un recurso de revisión que también está a la espera de ser votado.

Entre las obligaciones del INAI también está garantizar el ejercicio de los derechos ARCOP, que básicamente son el derecho de las personas a acceder a sus datos personales, rectificarlos, solicitar su cancelación u oponerse a su tratamiento.

Un ejemplo de ello es lo que solicitó una persona ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Pidió la rectificación de sus datos personales en la base de datos de su secundaria, para que su certificado sea accesible en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), pues al ingresar, se dio cuenta de que su folio no se puede verificar.

La SEP respondió a través de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPEE), la cual manifestó que llevó a cabo la búsqueda exhaustiva con el folio que la persona entregó, pero le dijo que no había localizado documento alguno. Es por eso que el solicitante interpuso un recurso de revisión.

Otro caso más es el de una persona que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) copia certificada de su acta de nacimiento legalizada por el consulado de México en Nueva Delhi, India, y copia de su Carta de Renunciación de Nacionalidad de Bangladesh, mismas que entregó en su trámite de naturalización ante la Cancillería.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE le indicó que para conseguir ese trámite debía acudir a sus instalaciones o solicitarlo por correo electrónico o teléfonos de la secretaría, presentando una solicitud de expedición de copias certificadas, identificación vigente, en su caso acreditar el interés jurídico y realizar el pago de los derechos correspondientes.

Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión, mediante el cual “manifestó como agravio que la secretaría le remitió un vínculo electrónico de formato de solicitud de copia certificada de carta de naturalización o certificado o declaración de nacionalidad por nacimiento; sin embargo, dichos documentos no eran los que solicitaba”.