Nueve entidades se guardaron el dinero para localizar personas. Familias sí gastan
MÉXICO._ Al menos nueve entidades no han ejercido en su totalidad los recursos que se destinaron, en 2021, para la búsqueda de personas, mientras que colectivos de madres, padres y familias que buscan a sus seres queridos padecen la falta de presupuesto para llevar a cabo estas labores que muchas veces son dejadas de lado por las autoridades.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó en su Informe de la Cuenta Pública cómo en Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México se reintegraron al menos 121 millones 721 mil 500 pesos, de los 581 millones 941 mil pesos que se transfirieron a 30 entidades federativas para realizar acciones para la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
La ASF explicó que el reintegro significa que algunas entidades regresaron desde el 30.3 por ciento hasta al 100 por ciento del total ministrado a cada una; además, detalló que los estados tampoco justificaron las causas por las cuales no ejercieron la totalidad de los recursos que dieran cabal cumplimiento a los fines para los cuales fueron otorgados.
Integrantes de colectivos de búsqueda lamentaron el subejercicio y señalaron en entrevista con SinEmbargo que lo anterior muestra la insensibilidad de las autoridades, la falta de atención y prioridad para la búsqueda de personas desaparecidas, además de una falta de planeación en las acciones.
“Desgraciadamente las autoridades, las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías, el Gobierno federal y los gobiernos estatales ya están acostumbrados a que las madres buscadoras de los diferentes colectivos les hagamos el trabajo pesado, que es salir a campo con nuestros propios recursos y medios a buscar y a encontrar fosas”, relató Bibiana Mendoza, del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato Hasta Encontrarte.
La buscadora destacó que el subejercicio muestra la falta la aplicación de un plan de trabajo, como sucede en la Comisión Estatal de búsqueda de Guanajuato. “Si tuvieran un verdadero plan de trabajo y una visión definida, se utilizaría cada centavo y hasta les haría falta para realizar este sueño que tenemos las madres buscadoras de que nadie sea encontrado dentro de una fosa clandestina, sino que al contrario que ya no haya desaparecidos”.
Martha Leticia García Cruz, quien busca a su hijo César Ulises Quintero García, desaparecido desde el 4 de agosto del 2017 en Jalisco, también lamentó el subejercicio y destacó que es necesario que las comisiones de búsqueda estatales informen y aclaren el motivo del porqué no ejercieron todos los recursos.
“El no gastar estos recursos en la búsqueda de personas nos lastima profundamente a las familias, porque entre las familias nos ayudamos y nos apoyamos. De hecho acabamos de hacer un deposito de dinero que juntaron varias familias para apoyar a otra familia que busca a una joven”, detalló.
Además del subejercicio, la Auditoria Superior también detectó debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), debido a que se realizaron pagos retroactivos sin justificación por 332.6 miles de pesos de los recursos destinados para “Remuneraciones al personal eventual” por concepto de la contratación de 89 plazas de personal con carácter eventual.
“No se acreditó que los servidores públicos que integraron dicha comisión se encontraban certificados y especializados en materia de búsqueda de conformidad con lo señalado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP), además, tampoco se acreditó el cumplimiento en materia de capacitación de acuerdo con lo estipulado en los Criterios para la capacitación, especialización, certificación y renovación de la certificación”, detalló el ente auditor.
La crisis de desaparición en México persiste: al corte del 7 de noviembre, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas hay al menos 107 mil 230 personas desaparecidas en el país.
Las personas que están desaparecidas (49 mil 644) en los nueve estados que reintegraron recursos representan 46.29 por ciento del total. Entre los estados se encuentran Jalisco y Estado de México, que son de las entidades con mayor número, con 15 mil 27 y 11 mil 748, respectivamente.
Las demás entidades mantienen número elevados de desapariciones como Nuevo León con 6 mil 223 desaparecidas, Guerrero con un total de 3 mil 894, Ciudad de México con 4 mil 813, y Chihuahua con 3 mil 498. En tanto que Chiapas y Aguascalientes reportan 1 mil 117 y 356 reportes de personas desaparecidas, respectivamente.
GUERRERO Y EDOMEX NO EJERCIERON NADA
Guerrero y el Estado de México son las entidades que no ejercieron ni un centavo de lo que se les transfirió de acuerdo con el reporte de la ASF.
En el caso del Estado de México, una de las entidades con mayor número de desaparición y el estado que tiene el mayor número de mujeres desaparecidas, le transfirieron para la búsqueda de personas en total 10 millones de pesos y en el caso de Guerrero 9 millones 120 pesos.
En el caso de Chihuahua y Guanajuato, estados gobernados por Partido Acción Nacional regresaron el 87.5 por ciento y 30.3 por ciento del monto, respectivamente. A Chihuahua se le transfirió para el ejercicio 2021 un total de 36 millones 259 mil 900 pesos de los cuales reintegró 31 millones 734 mil pesos, y de los 12 millones que se destinaron a Guanajuato, regresó 3 millones 641 mil pesos.
En el caso de Chiapas, de los 8 millones 780 mil pesos reintegró el 68.5 por ciento, es decir, 6 millones 106 mil pesos. En el caso de Ciudad de México, regresó el 45.9 por ciento, pues de los 13 millones que se le enviaron reintegró 5 millones 968 mil pesos.
Jalisco y Nuevo León, estados gobernados por Movimiento Ciudadano, también reintegraron importantes montos.
Jalisco, la entidad con más personas desaparecidas, reintegró 12 millones 182 mil pesos de los 33 millones 400 pesos que le destinaron, es decir, el 36.5 por ciento. Mientras que Nuevo León, de los 18 millones 185 mil pesos que le destinaron, regresó sin explicación 5 millones 796 mil pesos, es decir el 31.9 por ciento.
La Auditoría Superior de la Federación explicó que las entidades tampoco proporcionaron información que justifique los motivos por los cuales no se ejercieron los recursos ministrados, por lo que éstos no fueron destinados para realizar acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Cabe señalar que de conformidad con el Reporte Semestral de fecha 21 de junio de 2021 emitido por la CNBP, se informó que Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas son las entidades con mayor cantidad de personas desaparecidas con una cifra total de 16,447 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 5 de ellas (Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México) se encuentran entre las que no ejercieron recursos de entre el 30.3 por ciento y el 100 por ciento del subsidio ministrado en el 2021 por la CNBP”, destacó la auditoria en su informe.
Para integrantes de colectivos de búsqueda, el subejercicio muestra que las autoridades y las comisiones de búsqueda no tienen un compromiso real y tampoco una planeación para la búsqueda de personas y que siguen dejando el trabajo a los familiares de las y los desaparecidos.
“Sí nos afecta muchísimo que ese dinero que ya está destinado para la búsqueda de personas y que, por falta de un estudio previo, no se destine directamente a las áreas de mayor gasto y que al final tenga que ser regresado, cuando por otro lado las familias a veces no tenemos para movernos y seguir con las búsquedas, porque nosotros destinamos de nuestro propio recurso, de nuestro propio sueldo, la quincena para seguirnos moviendo en hacer búsquedas”, señaló Martha Leticia García Cruz.
La buscadora de Jalisco destacó que por otro lado uno de los principales problemas que tienen las madres y familiares de personas desaparecidas es que para poder acceder a recursos para las búsquedas o apoyos a los familiares hay mucha burocracia, en donde, a veces tardan meses para reintegrar parte de los gastos que ellos mismos tienen que contemplar.
Por su parte, Bibiana Mendoza consideró que además también deja en claro que las autoridades tampoco apuestan tiempo ni dinero al tema de prevención para evitar desapariciones en el país.
“Tristemente vemos cómo se gasta, en Guanajuato, millones de pesos en cosas publicitarias, porque vemos todas las avenidas principales y las carreteras llenas de espectaculares de ‘Guanajuato, grandeza de México’, pero no lo mismo en el tema de la visibilidad para la problemática de violencia y desaparición que estamos viviendo en el estado de Guanajuato. No vemos a una Comisión de Búsqueda que se interese en las juventudes, que les diga qué hacer en caso de que alguien desaparezca, no vemos que se le haga la suficiente publicidad para que se anuncie que hay una Comisión de Búsqueda que no necesitas pertenecer a algún colectivo. Entonces todas las autoridades le quedan a deber a los desaparecidos”, dijo.
