Ministra presume que regresó casi $1 millón de salario; equivale a 100 pensiones para adultos mayores, dice

La ministra Lenia Batres Guadarrama, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que durante el primer cuatrimestre de su trabajo en el Máximo Tribunal del país ha devuelto y ha dejado de recibir casi un millón de pesos por salario y prestaciones, monto equivalente al pago de 100 pensiones por cuatro meses para adultos mayores.

“En total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, le he ahorrado a esta Suprema Corte de Justicia 962 mil 492 pesos, cantidad que al 15 de abril próximo, cuando se cumplen los cuatro meses que estamos informando, ascenderá a un millón 198 mil 363 pesos”, dijo durante una conferencia de prensa titulada Ejercicio de rendición de cuentas 1er cuatrimestre 2024.

El 14 de diciembre de 2023, Lenia Batres tomó protesta como nueva ministra de la Suprema Corte, por lo que el 4 de enero comenzó sus funciones en el Máximo Tribunal del país.

Desde el inicio su nombramiento fue inédito, no sólo porque llegó luego de la inesperada renuncia del ministro Arturo Zaldívar, sino porque se trató de la primera vez en la historia que un presidente nombró directamente a alguien para ocupar el cargo.

Desde su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, en la que todas las candidatas a la Corte se declararon afines a la Cuarta Transformación y a favor de una reforma al Poder Judicial, Lenia Batres reveló que las y los ministros que fueron designados por el presidente se les solicitó promover políticas de austeridad en el Poder Judicial, acatar la ley de remuneraciones y que buscaran promover una reforma judicial, acciones que a su consideración no hicieron.

“Por ello, sobre este tema de la austeridad, apenas ingresé a la Corte solicité la reducción de mis percepciones para ajustarme al límite del artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que la solicitud fue rechazada he estado realizando la devolución correspondiente ante la tesorería de la federación. Por 7 quincenas que he recibido hasta la fecha, he devuelto ya 256 mil 629 pesos en efectivo y he dejado de percibir prestaciones cuyo costo asciende a 705 mil 833 pesos”, declaró.

También aseguró que su equipo de trabajo, conformado por 50 personas, renunciaron al igual que ella a recibir un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizada, prestación que aseguró está “expresamente prohibido en la ley”, además de bonos que superan el salario del presidente de la República.

Batres busca celebrar audiencias públicas sobre impugnaciones a reformas del llamado ‘viernes negro’ y eliminación de prisión preventiva oficiosa

Otro de los temas que la ministra trató durante su conferencia de prensa fue el relativo a la transparencia en el Máximo Tribunal, en el que aseguró que existe “una larga tradición de funcionamiento hermético y oscuro”.

“Por ello solicité tanto en la Segunda Sala como en el Pleno que se diera a cumplimiento a lo establecido en el artículo 94, cuarto párrafo, de nuestra Constitución, que dice que las sesiones del Pleno y de las Salas deben ser públicas y solo por excepción deberán ser secretas”, señaló.

En ese sentido informó que ha solicitado la celebración de diversas audiencias públicas “para escuchar a la sociedad en temas de relevancia nacional”, tal como las impugnaciones a las reformas del llamado ‘viernes negro’ y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre eliminación de prisión preventiva oficiosa en México.

El denominado “viernes negro”, del 28 de abril de 2023, fue una maratónica sesión en la que Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas, una cada 12 minutos, en ausencia de la oposición, dispensando dictámenes, debate o consultas, y tomando protesta a algunos suplentes para alcanzar el quorum.

Por esta razón, diversas legisladoras y legisladores de oposición presentaron impugnaciones para intentar que la Corte eche abajo dichas reformas por “violaciones graves” al procedimiento legislativo.

Ahora, entre la celebración de las audiencias públicas, Batres solicitó una sobre la reforma para el control de precursores químicos, que tiene que ver con el combate al fentanilo, otro sobre el servicio ferroviario y su asignación a entidades paraestatales, tema que tiene relación con el Tren Maya y otro sobre los créditos del fondo de la vivienda al Issste (Fovissste).

Actualmente, dichos asuntos se encuentran enlistados bajo las ponencias de las y los ministros Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, proyectos próximos a discutirse en la SCJN.

También solicitó se realice una audiencia pública sobre el sobre el procedimiento de recepción de sentencias de tribunales internacionales, respecto de la participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rodríguez García y otro contra México de 25 de enero de 2023.

Este asunto es relativo a la invalidez, primera vez que se plantea en la historia de la Corte, del segundo párrafo del artículo 19 constitucional que determinaría la supresión de la figura de prisión preventiva oficiosa en cualquier delito.

“En ninguno de estos casos se ha agendado todavía ninguna audiencia; sin embargo, quizá pecando de ingenuidad tengo esperanza de que se abra la Corte a la discusión pública de los temas socialmente relevantes a su cargo. Solo la transparencia puede evitar que esta Corte funcione como agencia de empresas, despachos, para negocios privados. Solo la transparencia puede exhibir la ausencia de una tabla rasa para juzgar los diferentes asuntos a cargo de esta Suprema Corte”, dijo.