Militares detenidos por caso Ayotzinapa podrían seguir su proceso en libertad
Por unanimidad de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que se deberá emitir una nueva resolución de medidas cautelares en contra de los 8 militares detenidos por el caso Ayotzinapa.
Esto implica que podrían obtener una medida diferente a la prisión preventiva oficiosa y seguir su proceso en libertad.
El proyecto, elaborado por el magistrado Armando Hernández Orozco, señala que el 22 de junio de 2023, se celebró una audiencia de revisión de medida cautelar en la que la defensa de los militares solicitó abrir un debate sobre la idoneidad de la figura de prisión preventiva oficiosa, o prisión automática, impuesta en contra de los militares.
“En el caso concreto, en el acto reclamado en sí mismo ya existió ese debate sobre medida cautelar, por lo cual estimo que el juez de distrito no tenía que haber solicitado a la autoridad responsable que abriera una nueva audiencia y diera posibilidad a un segundo debate porque el primero ya se había gestado”, dijo el magistrado Hernández Orozco en sesión de este jueves.
Por ello, propuso conceder la suspensión definitiva, pero para el efecto de ordenar emitir una nueva resolución de medidas cautelares en contra de los 8 militares detenidos por el caso Ayotzinapa, al considerar que la prisión preventiva oficiosa es una medida inconvencional o violatoria de derechos humanos.
Durante la sesión, el magistrado Juan José Olvera López apoyó el argumento de su compañero al considerar que, si ya hubo un debate entre las partes, “ahora lo único que tiene que hacer el juez, cumpliendo esta suspensión, es decir si las razones que da el fiscal son suficientes para justificar o no la persistencia de la prisión preventiva, en cuyo defecto, es decir, si no los estima suficiente, entonces que acuda a otra medida cautelar de las que se enlistan”.
¿Qué pasó con los militares detenidos por el caso Ayotzinapa?
De acuerdo con el expediente, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo aseguró que no era factible abrir este debate, pues la medida se había impuesto bajo el sistema de justicia penal anterior, que establece que se tenía que decretar la prisión preventiva de forma automática.
Sin embargo, escuchó los argumentos de la Fiscalía y los de la defensa para finalmente determinar que se mantenía la prisión preventiva oficiosa.
Luego de la audiencia, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar acusaron que indebidamente y sin prueba alguna, se les dictó auto de formal prisión a los militares, pues aseguraron que en ningún momento les fue aclarado por parte de la jueza en qué consistían las acusaciones en su contra.
“Tampoco les fueron aclaradas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y ocasión, en las que supuestamente participaron en la desaparición de 43 estudiantes, y todo esto a pesar de así haberlo solicitado cada uno de los procesados en varias ocasiones a la jueza durante el desarrollo de la audiencia preparatoria que tuvo verificativo el día 21 de junio de 2023”, señalaron mediante un comunicado.
Por esta razón, la defensa de los abogados interpuso un recurso de revocación contra “la imposición de la medida cautelar en contra de los quejosos, consistente en prisión preventiva oficiosa [...] emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México”.
Al considerar fundado el recurso de reclamación, el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva en favor de los militares el 11 de agosto de 2023, pero ordenando llevar a cabo una nueva audiencia para abrir el debate.
Esto abrió paso a la nueva queja presentada por la defensa de los militares que llegó hasta el Tribunal Colegiado y que finalmente quedó resuelta a su favor.
El caso de los 8 militares detenidos
El pasado 21 de junio, Alejandro Encinas, quien se desempeñaba como subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, confirmó que 8 militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron detenidos por su posible implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De acuerdo con lo publicado por Encinas, se les acusa de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Tras su detención fueron ingresados a la prisión del Campo Militar 1-A.
