México ignora 14 recomendaciones en derechos humanos de la ONU sobre militarización, espionaje y desplazamiento forzado
Como parte del Examen Periódico Universal de México que lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 24 de enero el organismo emitió 318 recomendaciones en temas como desapariciones, migración, uso de la fuerza, seguridad pública, violencia de género, militarización, situación de personas defensoras de derechos humanos, infancias, indígenas, poblaciones LGBT, entre otros.
Durante su comparecencia este 5 de julio ante el Consejo, en su respuesta oficial, el Estado mexicano aceptó 304 de las 318 recomendaciones que habían sido emitidas por diferentes países. Entre las no aceptadas –de las cuales solo “toma nota”, es decir, no se compromete a llevar a cabo acciones para hacerles frente– figuran temas relacionados con militarización, espionaje, movilidad humana y desplazamiento interno forzado.
Aunque el Estado no rechaza ninguna de manera oficial, la no aceptación de 14 implica que tampoco las atenderá. Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo EPUMx hicieron énfasis, además, en que en esta edición del examen periódico se incluyeron temáticas que no se habían reconocido antes –prisión preventiva, desaparición forzada, personas con discapacidad, infancias y adolescencias, poblaciones LGBT y movilidad humana–.
Esto representó un incremento de un 20% más de recomendaciones respecto al examen anterior, pero un decremento en aceptación, pues en la ocasión anterior (2018) solo dos fueron rechazadas –262 de 264–. El colectivo expresó su preocupación respecto al alza en recomendaciones, pero también a la falta de atención de las que han quedado pendientes desde evaluaciones pasadas.
Recomendaciones de la ONU reflejan preocupación internacional
En esta ocasión, algunas de las temáticas con más recomendaciones para el Estado mexicano fueron la violencia contra mujeres y contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las desapariciones en México y la movilidad humana. Entre las que solo se tomó nota están diversas relacionadas con personas en prisión preventiva y arraigo, desplazamiento forzado, inseguridad y crimen organizado, así como uso de la fuerza y espionaje.
“Son temas de relevancia nacional pero también internacional en cuanto a lo que tiene que ver con paz y seguridad, pero además son temas que desde el colectivo EPU hemos colocado sobre la mesa que son de urgencia atender no solamente por la violencia generalizada que va a la alza, sino también por todos los impactos que eso genera”, destacó Mariana Bermúdez, del CDH Fray Francisco de Vitoria.
Si bien el colectivo saludó la aceptación de la mayoría de las recomendaciones, y la inclusión de temas antes no nombrados, consideraron sustancial trascender de la aceptación a la atención a las problemáticas que siguen perpetuando situaciones de vulnerabilidad y violación de derechos a humanos a diversas personas y poblaciones afectadas.
“La emisión de las recomendaciones es un reflejo también de la preocupación internacional por la protección de la dignidad humana en México, y su aceptación es no solamente sinónimo, sino síntoma de la constatación de la crisis agravada de derechos humanos en el país”, añadió Bermúdez.
El colectivo apuntó la importancia de analizar desde una perspectiva cualitativa las recomendaciones, es decir, cómo se harán realmente tangibles para las poblaciones, cómo transformarán las condiciones de la sociedad, pero sobre todo cómo en la transición de gobierno podrán retomarse como una área de oportunidad.
“Ante la coyuntura política derivada de la transición de gobierno en sus distintos niveles y ámbitos, es fundamental que se retomen estas propuestas como una ruta de acción para la política pública nacional, mediante el trabajo colaborativo, participativo y cercano a las organizaciones de la sociedad civil”, añadió la activista.
Militarización y espionaje, parcialmente reconocidos por el Estado mexicano
El uso de la fuerza, la militarización y el espionaje, así como la actuación de las Fuerzas Armadas, fueron temas parcialmente reconocidos por el Estado mexicano durante su respuesta a las recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal.
“Esto pese a las recomendaciones emitidas en la materia, y pese a los esfuerzos colectivos por parte de sociedad civil de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos perpetradas por esos agentes del Estado”, señaló Hugo Arreola, del CDH Zeferino Ladrillero.
Entre las recomendaciones que caen en la temática del uso de la fuerza, México aceptó 8, mientras que 5 se encuentran entre las 14 de las que solo tomó nota.
“Es importante resaltar que en la narrativa del Estado mexicano invisibiliza el tema de la militarización utilizándolo como un subtema del uso de la fuerza y argumentando que es un tema que se encuentra bajo discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto pese a tomar anotación de recomendaciones específicas que hablan explícitamente de la militarización y del actuar de las Fuerzas Armadas”, añadió el defensor.
Lo anterior, considera el colectivo, deja entrever la fragilidad de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza (2019), y sus protocolos de actuación policial. Pese a existir una ley, detalló, siguen existiendo graves violaciones a derechos humanos perpetrados por agentes del Estado. Esto debido a que las disposiciones de los artículos 27, 28 y 31 de esa ley son contrarias a estándares internacionales de derechos humanos.
El 27 plantea el concepto de legalidad o ilegalidad para referirse a las manifestaciones políticas o sociales. El 28 y 31 hablan de cómo debe ser el actuar policial cuando una protesta se torna violenta, ante lo que se privilegia la persuasión y disuasión, en lugar de desescalar tensiones. Por lo tanto, otorgan una facultad de facto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al utilizar la fuerza si una protesta es considerada ilícita o violenta, lo que da a la autoridad un amplio margen de discrecionalidad.
México insiste en que no se espía ni vigila a nadieEn el tema del espionaje, retomado en el examen periódico universal, el Estado mexicano respondió que en el país no se espía ni se vigila a nadie que no sea con fines de combate al crimen organizado. Esto pese a que organizaciones de la sociedad civil han documentado que el Estado ha adquirido tecnologías de vigilancia como el malware Pegasus.
“Se tienen registrados cuando menos 25 casos de espionaje con Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La compra de este malware se realizó con recursos públicos por parte de la Sedena, el entonces Cisen –hoy CNI– y la PGR –hoy FGR–”, apuntó Ladrillero.
A la sociedad civil, añadió, le preocupa la impunidad y falta de investigación de delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, al igual que el acceso ilegal a sistemas informáticos. “Pegasus no solo pone en riesgo los derechos a la privacidad e integridad personal de las víctimas, sino que es una amenaza para la sociedad mexicana en su conjunto, al generar un clima de autocensura y miedo”, agregó.
Como parte del examen periódico, la comunidad internacional reconoció que México atraviesa un proceso de militarización y que la denominada ‘guerra contra el narco’ ha generado una crisis de derechos humanos. El Estado mexicano insistió en que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, pese a que el 80% de sus integrantes provienen de la Sedena o la Semar.
“Lo más preocupante es que la actual presidenta electa (Claudia Sheinbaum) haya anunciado que respalda la reforma constitucional a la Guardia Nacional, que la pasa a mandos de la Sedena, y a su vez no reconoce que existe un proceso de militarización en el país. Si no se implementan controles civiles lo suficientemente fuertes, los derechos humanos están en riesgo”, remarcó el activista.
Los contextos de movilidad humana, reconocidos parcialmente
En el Examen Periódico Universal, la comunidad internacional vio como un tema de gran preocupación la gestión de la movilidad humana y el detrimento de los derechos de las personas en movilidad, al emitir 29 recomendaciones al respecto, entre ellas la atención diferenciada para mujeres, infancias, personas indígenas, así como la necesidad de investigar crímenes cometidos contra estas poblaciones.
En ciclos pasados, para esta temática se habían emitido un promedio de entre 10 a 15 recomendaciones, por lo que el examen actual representó un incremento significativo. Esta vez, el Estado mexicano aceptó 26, pero en el caso de tres se limitó a tomar nota: ratificar la convención internacional de apatridia de 1961, la cual es indispensable a nivel internacional para que los países emitan políticas de prevención de la apatridia. En el caso mexicano, prevalece una deficiencia en la gestión de esos casos, pues ni siquiera existe una estadística oficial de personas en situación de apatridia –no nacionalidad e identidad jurídica–.
“Hacemos un llamado al Estado para que rectifique su postura, y tome en cuenta esta sugerencia de Panamá, sobre todo tomando en cuenta que actualmente el sistema de asilo está muy debilitado. Tenemos un rezago de más de un mes que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados está cerrada. En las oficinas de terreno se está dando la atención pero la sede en Ciudad de México es vital; tenemos un rezago de más de 2 mil casos que es importante atender”, detalló Dinorah Arceta, del Instituto para las Mujeres en la Migración.
El Estado tampoco aceptó una recomendación que representa una exigencia histórica de la sociedad civil, que es reformar la Ley de Migración para evitar la privación de la libertad de personas migrantes en estancias y estaciones migratorias, lo que indica que en seis años no se buscó ni se buscará un cambio en el paradigma de la gestión migratoria en México.
“Se sigue conteniendo y criminalizando a la migración irregular a través de mantener esos espacios privativos de la libertad que hemos documentado desde la sociedad civil por años que son torturantes, mantienen a las personas incomunicadas y han ocurrido hechos muy graves como lo que sucedió en la estación de Ciudad Juárez”, puntualizó Arceta.
Finalmente, el Estado mexicano no aceptó la recomendación relativa al retiro gradual de las Fuerzas Armadas en la gestión migratoria, lo que para las organizaciones de la sociedad civil significa que no hay voluntad para desmilitarizar la política migratoria, pese a que se han documentado violaciones a derechos humanos como abuso físico, verbal, separación de familias e incluso casos de ejecución extrajudicial.
No reconocimiento del desplazamiento forzado interno en MéxicoEn exámenes periódicos anteriores, por ser una problemática que todavía no estaba tan visibilizada, México no había recibido recomendaciones tan explícitas sobre desplazamiento forzado interno. Sin embargo, gracias al impulso de colectivos de personas desplazadas, esta vez fueron incorporadas pero el Estado mexicano no las aceptó.
Norma Garduño, integrante del Centro de Derechos de víctimas de violencia Minerva Bello de Guerrero y del colectivo de desplazamiento forzado interno, afirmó que este es expresión y catalizador de otras violencias e ilícitos previos o paralelos: extorsiones, lesiones, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones forzadas, que son motivos precursores.
“Los impactos devastadores del desplazamiento forzado interno, que la mayoría de las víctimas vivimos son inevitables: la pérdida de medios de subsistencia, la vivienda, el vestido, la alimentación, la salud, la educación y la ausencia de planes de reinserción laboral.
“El que el Estado mexicano no haya aceptado la recomendación de aprobar y aplicar la Ley sobre desplazamiento forzado interno, junto con una estrategia de prevención eficaz, no solo invisibiliza el problema, sino que perpetúa a la población desplazada a la falta de protección y asistencia oportuna, permitiendo que las múltiples violaciones a nuestros derechos humanos se sigan cometiendo en completa impunidad, agravando la crisis humanitaria que el desplazamiento nos significa”, detalló.
Por ello, urgió al Estado mexicano a aceptar las recomendaciones y todos los informes donde también se ha instado a adoptar dicha ley sin más demora, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en 2020, pero más tarde desechada.
Eduardo Guerrero, del Centro Prodh, subrayó que los cuestionamientos de las organizaciones no están solo en cuántas recomendaciones se aceptan y cuántas no, sino en qué hay en las no aceptadas, lo que exacerba la preocupación por determinadas temáticas, como el caso de la eliminación de la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que está entre ellas.
“No solamente viene de estas recomendaciones, sino que se suma a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han ordenado a México que tome acciones en este sentido, y que como sabemos hoy día son parte de las discusiones públicas”, añadió Guerrero.
