Metas en el papel: así llegará México a la COP16 de Biodiversidad
Patricia Ramírez
México llegará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) entre cambios y ajustes. Tras seis años de gobierno, el mandatario Andrés Manuel López Obrador fue relevado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre. Bajo esta nueva administración los recién nombrados funcionarios de medio ambiente representarán al país en este evento internacional.
La COP16 de Biodiversidad reunirá a representantes de 196 países entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, Colombia. En la pasada COP15, realizada en 2022 en Canadá, las naciones se comprometieron a reducir la pérdida de biodiversidad con cuatro objetivos para 2050 y 23 metas para 2030 que quedaron establecidas en el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés).
Este año, los países deberán presentar sus planes nacionales para lograr dichas metas.
“Teníamos hasta el 1 de agosto de este año para subir nuestras metas nacionales al Mecanismo Facilitador de Información del CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica) y México cumplió. Pudimos establecer 48 metas nacionales alineadas con el Marco Mundial (GBF)”, explicó Andrea Cruz Angón, directora de Cooperación en Biodiversidad, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en entrevista para esta publicación.
Cruz Angón junto con el biólogo Hesiquio Benítez Díaz y la coordinadora de asuntos internacionales Mónica Alegre González viajarán en representación de la CONABIO a la COP16 de Biodiversidad. La cuadrilla de asistentes de otras instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o la Secretaría de Relaciones Exteriores aún está pendiente de hacerse pública.
Sin embargo, la estrategia se trabajó durante todo el año entre las distintas instituciones. Los especialistas de la CONABIO reportan que fue una labor de casi dos mil horas con más de 200 servidores y servidoras públicas. “Creo que es muy importante mencionar que el contexto en el que se formularon las metas fue con el cambio de administración (elecciones presidenciales)”, señaló Cruz Angón.
Se habla de 48 metas, ya que se basan en las 23 establecidas con base en el GBF y 25 son acciones derivadas de éstas. Entre las principales se encuentran tener mecanismos de participación que incluyan a pueblos indígenas, la prevención y el control de especies invasoras, la restauración de ecosistemas terrestres y marinos, la sustentabilidad en sectores como la ganadería y la pesca, entre otras. Todas de cara al año 2030.
“Creo que habrá una llamada de atención al relativamente poco cumplimiento de los países con el compromiso de subir las metas al Mecanismo Facilitador. De 196 partes, (alrededor de) 50 países cumplieron y es preocupante porque resulta en no tener metas que reportar ni que seguir”, explicó Cruz Angón.
Los temas de México
“Es una agenda muy amplia”, señaló Benítez Díaz, biólogo en CONABIO, sobre los temas a tratar en la COP16 de Biodiversidad.
“México es fuerte en cuanto a la capacidad técnica. Nos interesa que se apruebe un programa de trabajo a nivel mundial sobre biodiversidad con enfoque en salud y cómo podemos prevenir futuras pandemias”, explicó el biólogo sobre la agenda de temas que llevará el país al evento.
Además de dicho programa, los especialistas de CONABIO consideran que hay fortalezas para abordar la estrategia mundial de conservación de plantas y el uso sustentable de la vida silvestre. En este último se buscan oportunidades en zonas rurales para que sus prácticas sustentables puedan cubrir el mercado nacional e internacional.
“México ha contribuido bien en los temas de integración de la biodiversidad con otros sectores. Nosotros creemos que es un tema súper importante cómo nos relacionamos con las demás dependencias del gobierno federal, en este caso que participan con productividad primaria como la agricultura o la pesca”, expresó Benítez Díaz.
Asimismo, reconoce que hay algunos pendientes, principalmente con la biodiversidad marina y costera. Esto incluye un programa de trabajo para islas. En México existen más de cuatro mil, varias de ellas con problemas por las especies invasoras que ponen en riesgo a la vida nativa.
Sin embargo, estos temas aún deben ser revisados por el nuevo gobierno, lo que ha generado retrasos. Aunque los funcionarios de CONABIO reconocen durante la entrevista que se sienten confiados porque existe continuidad entre los servidores públicos que participan, como es el caso de la bióloga Alicia Bárcena, nueva secretaria de Medio Ambiente, que se desempeñó como canciller durante el último sexenio.
“Entrará la nueva administración, pero ya estamos ‘aceitados’, estamos trabajando y las diferentes dependencias siguen haciendo lo suyo. Entonces estamos confiados en que seguiremos haciendo las cosas como deben de ser”, agregó Benítez.
Financiamiento climático y menos dinero
Uno de los propósitos más destacados en los eventos internacionales es la conservación. Con el Marco Mundial Kunming-Montreal, que se adoptó en la COP15 de 2022, los países se comprometieron a la protección del 30 por ciento de la tierra y el 30 por ciento de los océanos para el año 2030.
Dentro del plan de acción que México llevará a la COP16 de Biodiversidad, el punto 3.1 señala que “para el 2030, México incrementa al 22 por ciento de la superficie terrestre protegida y al 30 por ciento de la superficie marina de manera efectiva a través de los sistemas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y municipales”.
En dicha meta se detalla que, hasta marzo de este año, la superficie de las ANP del país ocupa más de 28 millones de hectáreas en tierra (equivalente al 14.5 por ciento de la superficie terrestre) y más de 70 millones en mar (lo equivalente 22.47 por ciento). Lo que significa que aún falta incrementar un 7.5 por ciento las hectáreas de protección en tierra y un 7.53 por ciento las hectáreas en mar.
Durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de nuevas ANP federales, que son las administradas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, destacó en los temas de conservación. Se decretaron 43 áreas de 2018 a 2024, pero casi la mitad se anunciaron apenas en enero pasado. Con estos nombramientos fue que el gobierno de López Obrador se proclamó como el número uno con “más decretos a favor de la vida y la biodiversidad”.
Lo que pudo ser una contribución a las metas del 2030 se vio obstaculizado por la misma administración del exmandatario al disminuir el presupuesto destinado a las instituciones ambientales que se encargan de las ANP, así como ajustes institucionales que llevaron a que la CONABIO pasara de ser un organismo autónomo a una unidad de la SEMARNAT.
“México llega a la COP16 con importantes retos. Bastantes de ellos de hace muchos años, por lo menos los últimos 10, en los que podemos percibir algunas intenciones que tienden a avanzar en el cumplimiento de estos objetivos”, explicó Anaid Velasco, abogada ambiental y directora para México del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).
Velasco reconoce la importancia de las nuevas áreas protegidas, así como la publicación del Acuerdo de Hábitat Crítico que es una implementación del derecho ambiental para la protección de áreas con condiciones esenciales para la sobrevivencia de las especies. En el caso de México este nombramiento se dio en 2022 a los humedales de montaña “La Kisst” y “María Eugenia”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, amenazados por la urbanización, la contaminación de descargas residuales y el uso de plaguicidas.
“Pero todo esto queda en una implementación débil si no cuentas con financiamiento suficiente, o sea, los medios para llevar a cabo acciones en los territorios que implican estos decretos que se hacen desde un escritorio”, señaló Velasco.
Actualmente, el presupuesto de las áreas protegidas es de 10.7 pesos (menos de un dólar) para cada hectárea destinada a la conservación, de acuerdo con el informe “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2024”, elaborado por la coalición de organizaciones ambientales sin fines de lucro Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).
“Llegamos a la COP16 con 226 Áreas Naturales Protegidas (federales), que es un avance sustancial en la obligación del Estado mexicano de proteger el territorio, pero llegamos con adeudos considerables en instrumentos de política ambiental como la falta de programas de manejo y en el presupuesto. No basta con decretar, necesitamos recursos constantes para poder dar la protección efectiva”, expresó Gina Chacon, directora de Políticas Públicas de México en Wildlands Network, organización integrante de NOSSA.
Además de lo destinado en la administración mexicana, también existe el financiamiento internacional. En el estudio “Financiamiento para la biodiversidad en México”, de GFLAC, se demuestra que sólo en 2021 se recibieron inversiones de hasta 284 millones de dólares, principalmente de Francia, país que ha mostrado interés en la defensa de la biodiversidad en México. Alemania y Estados Unidos también se suman a la lista.
“México es uno de los grandes receptores de financiamiento internacional que se canaliza a través de estos instrumentos. Son inversiones estratégicas, pero eso no debe invisibilizar la responsabilidad que tiene el financiamiento público (del Estado) para la conservación”, señaló Velasco.
Por su parte, Cruz Angón, de CONABIO, señaló que el financiamiento será uno de los grandes temas de la COP16 de Biodiversidad.
“Siempre es un tema por discutir porque no hay recursos que sean suficientes y por supuesto que se necesitan mayores donaciones de los países desarrollados, pero también se necesita que los países parte busquen recursos de financiamiento público y a través de la asociación con otros actores como son sector privado, comunidades, etcétera”, explicó Cruz Angón.
Sobre el presupuesto otorgado por el último sexenio a las dependencias ambientales, los especialistas de CONABIO señalan durante la entrevista que a pesar de los recortes financieros se trazaron metas acordes al financiamiento disponible.
“Ya ha habido algunas expresiones de la nueva administración sobre la necesidad de elevar el presupuesto del sector ambiental, pero los compromisos que México estableció en relación con las metas globales se hicieron pensando en usar lo que tenemos. Además, las instituciones de la Administración Pública Federal han estado realizando muchos trabajos incluso con el reto de tener poco presupuesto”, agregó Cruz Angón.
Una mirada al futuro
El llevar las metas a la COP16 no será suficiente. Dentro de las acciones de interés para México se encuentra el marco de monitoreo con los indicadores que van a ser utilizados para evaluar el cumplimiento de las mismas.
“Esto es qué tanto se pudo cumplir el Marco Mundial con estas 23 metas y cómo vamos a estar reportando las metas que México acordó con los diferentes participantes. Ahora sí que el pez por la boca cae”, dijo Benítez, biólogo de CONABIO.
La especialista de GFLAC hace énfasis en que será indispensable incluir a los pueblos indígenas de México y aprovechar las áreas de oportunidad que vienen con la nueva presidenta de México y su gabinete.
“(Sobre) la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sabemos que tiene un currículum que habla por sí mismo, un interés bastante notorio (en lo ambiental) y que dio muchísimos resultados cuando estuvo en su gestión en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entonces nos encantaría ver que su gestión tenga resultados a la altura de estos retos”, agregó Velasco.
A nivel administrativo, desde la noticia de que CONABIO pasaría a integrarse a la SEMARNAT se ha hablado de la desaparición de esta comisión, aunque la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no ha informado al respecto.
“Lo que nos han indicado es que por el momento estamos igual y vendrá un proceso de evaluación con la nueva administración para ver el futuro de la CONABIO. Por ahora seguimos trabajando como siempre”, concluyó Cruz Angón.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y FES Transformación