Menos presupuesto al Poder Judicial pone en riesgo al sistema acusatorio, advierte Ministra Piña
Menos presupuesto al Poder Judicial pondría en riesgo la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio y el trabajo que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública, advirtió la Ministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, ante el Grupo de Trabajo de la ONU de Detención Arbitraria.
Del 18 al 29 de septiembre, este Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está de visita en México para evaluar la situación de privación de la libertad.
En este contexto, los expertos Matthew Gillett y Ganna Yudkivska se reunieron con ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura Federal e integrantes de la Defensoría Pública.
La Ministra Norma Piña expuso que, en México, la justicia enfrenta retos relacionados con la independencia judicial, particularmente, con la asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento en la demanda de justicia federal en los últimos cinco años.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables”, dijo.
De acuerdo con Piña Hernández, la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual, de ahí la necesidad de la Defensoría.
Ministra Norma Piña anuncia protocolo sobre detenciones en el sistema penal acusatorio
La Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña, aprovechó la reunión con el Grupo de Trabajo de la ONU para anunciar la publicación de un protocolo para jueces y defensores públicos sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio, a finales de año.
Servirá para que los operadores de justicia, “al resolver los casos que se someten a su consideración, tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia”.
Piña Hernández entregará un informe detallado sobre los principales temas de interés para el grupo de expertos, como la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, resoluciones judiciales sobre la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, el abuso de la prisión preventiva oficiosa, entre otros.
Acerca de este último tema, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá expuso al Grupo de la ONU que la SCJN considera a la prisión preventiva “como una medida cautelar, profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal”.
Por lo que cada caso se debe estudiar y “darse bajo los más estrictos estándares de derechos humanos y con base en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”.
El Ministro González Alcántara Carrancá indicó que cuando los jueces de control reciben una solicitud para determinar si cesa o se prolonga la prisión preventiva oficiosa, una vez que ha llegado a un límite de dos años de duración, deben valorar los precedentes que la Corte ha emitido.
“La Corte ha entendido que corresponde al fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que es necesario continuar con la medida cautelar porque en el caso concreto se actualizan los tres elementos, en caso de no demostrarlos debidamente será la causa para el cese de la prisión preventiva oficiosa”, recordó.
El problema expuesto por el Poder Judicial a la ONU
El Consejo de la Judicatura Federal expuso lo que, para el Poder Judicial, es el problema que enfrenta el sistema de justicia penal en México para que sea considerado por el grupo de la ONU: la ejecución de las penas.
El juez Antonio González García, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, explicó que al 28 de febrero de 2023, 18 mil 013 personas estaban sujetas a alguna medida de internamiento, 43 por ciento procesadas y 56 por ciento sentenciadas.
Y que según el INEGI, 45.9 por ciento de las penas privativas de la libertad impuestas son menores a 10 años y el 54 por ciento excede esa temporalidad.
“Aproximadamente en un año ingresan al sistema penal federal 25 mil personas, y a una de cada 3 se le impone una pena privativa de la libertad que podría durar hasta 2 años, y más de 5 mil personas son sentenciadas con pena privativa de la libertad, datos que se acumulan a los de años anteriores”, dijo.
La cantidad de personas que ingresan a prisión “implica una gran carga de trabajo”, pues según para 2018, en los juzgados de ejecución se recibieron 29 mil 400 asuntos pero para 2025 se espera se incremente en 300 por ciento.
Los expertos de la ONU estarán hasta el 29 de septiembre y tendrán reuniones con diferentes sectores en la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas, donde también visitarán cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial.
Al finalizar, el Grupo de Trabajo presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
